LE QUEDA UNA CAUSA PENDIENTE

Borja Thyssen, absuelto de delito fiscal: no hay pruebas de que fingiera vivir en Andorra

El juez considera que no está probado que fingiera la residencia en Andorra para no tributar por las exclusivas del '¡Hola!'. Tiene otra causa pendiente por delito fiscal

Foto: Borja Thyssen, a su llegada al juzgado. (EFE)
Borja Thyssen, a su llegada al juzgado. (EFE)

Borja Thyssen ha sido absuelto de la primera causa por delito fiscal de la que fue juzgado. El juez cree que no hay pruebas suficientes de que en 2007 viviera en España y rechaza la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraban que fingía la residencia en Andorra para no pagar impuestos de las exclusivas del '¡Hola!' y de la herencia del barón. El juzgado de lo penal 22 de Madrid señala que en caso de duda debe ser absuelto. Thyssen y Blanca Cuesta tienen otro juicio pendiente por una operación inmobiliaria.

La Fiscalía pedía dos años de cárcel y 1,2 millones entre cuota defraudada y multa para Thyssen. Consideraba que en 2007 fingió vivir en Andorra pese a pasar en España más de medio año, el límite para tributar. En su acusación, señaló que así se evitó pagar impuestos por las exclusivas del '¡Hola!' y por el reparto de la herencia del barón. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario y está fechada el 11 de diciembre, considera probado que ese año Borja Thyssen no hizo la declaración de la renta en España y que percibió 1,4 millones "procedentes de la venta de exclusivas y reportajes a la revista Hello Ltd [...] a través de una cuenta abierta en Andorra a nombre de una sociedad domiciliada en Norteamérica, Grobach Llc". Esta sociedad, que aparecía en los papeles de Panamá, se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

Borja presentó un carné de conducir andorrano y el permiso de residencia en el Principado

Además de las exclusivas, ingresó ese año "la cuantía de 300.000 dólares USA que el acusado declaró que proceden de su participación en el Trust Caravaggio, fruto de la firma de los pactos de Basilea entre su padre, el barón Thyssen-Bornemisza, sus hermanos y su madre", Carmen Cervera. La herencia del barón también era motivo de disputa con el fisco. La defensa de Thyssen, que ha ejercido Pedro Megías, replicó que "no presentó declaración de IRPF en España porque tiene nacionalidad suiza y era residente en Andorra".

La clave estaba en si Thyssen residió ese año realmente en Andorra o en España. Otros empresarios como los Carceller han sido condenados en conformidad por fingir la residencia en el exterior, y Aristrain está acusado de lo mismo. El juez falla que no hay pruebas concluyentes de que Borja pasase más de seis meses al año en España, el mínimo para tributar. El juez "entiende que no ha quedado cumplidamente acreditada la existencia de dicho delito".

Antes de entrar en la tributación, la sentencia analiza si Thyssen era residente fiscal en España o no. Los escoltas de Borja Thyssen declararon no recordar bien qué días trabajaron para el hijo de la baronesa ni si pasaba más de seis meses al año en España en esa época, y él tenía el certificado de residencia y un carné de conducir andorrano.

"De la prueba practicada no se infiere de forma clara, al menos con la certeza que requiere el derecho penal, para poder determinar que el acusado residiera en España más de 183 días, como así se afirma por las acusaciones, la documental analizada y ya referenciada, entre ellas, el pasaporte suizo del acusado, la certificación de residencia en el Principado de Andorra, el permiso de conducir de dicho Principado, como el contrato de arrendamiento de vivienda en el Principado de Andorra y la testifical analizada crea dudas en este juzgador, no pudiéndose dar por acreditado que el acusado es residente en España en el año 2007 por encontrarse más de los 183 días en territorio nacional", afirma el magistrado Julio Mendoza, titular del juzgado de lo penal 22 de Madrid. Contra la sentencia, cabe recurso.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta tienen otro caso pendiente por delito fiscal en 2010. La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años de prisión para ellos y un millón de euros de multa. Les acusa de defraudar 336.417 euros con la venta de acciones de la empresa Cas Capetó a un cliente holandés.

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