PODRÍA PROVOCAR LA APERTURA DE OTRA PIEZA

La Policía ya investiga en el caso Tándem los espionajes que Iberdrola ordenó a Villarejo

Asuntos Internos está analizando los trabajos que el comisario habría ejecutado para la eléctrica para dilucidar si son constitutivos de delitos y estos todavía no habrían prescrito

Foto: Sede de Iberdrola. (Reuters)
Sede de Iberdrola. (Reuters)

La Policía Nacional ya está investigando los encargos que Iberdrola hizo al comisario Villarejo durante casi dos décadas. Asuntos Internos, la unidad responsable de las pesquisas del llamado caso Tándem, lleva semanas analizando documentos y audios incautados al policía que estarían relacionados con sus espionajes y operaciones encubiertas para la eléctrica. Según han confirmado a este diario fuentes próximas al procedimiento, los agentes tratan de determinar si los hechos que reflejarían esas pruebas serían constitutivos de delito y si aún no habrían prescrito.

En el caso de que los investigadores determinen que los trabajos de Villarejo para Iberdrola son perseguibles, esas diligencias se convertirán en un informe que permitirá a la Fiscalía solicitar la apertura de una nueva pieza separada, centrada exclusivamente en los vínculos del policía con la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. Esa nueva pieza se sumaría a las otras 13 que ya instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Entre ellas, se encuentran las que giran sobre los proyectos del comisario para BBVA y el Grupo Planeta, otras grandes corporaciones que también tuvo en su cartera de clientes.

Las informaciones publicadas la semana pasada por El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com' pueden variar los planes de Asuntos Internos. No todas las operaciones desveladas eran conocidas por los agentes, aseguran las fuentes preguntadas.

Entre los encargos que la eléctrica hizo al comisario, están el espionaje a un juez y a líderes políticos y ecologistas que amenazaban con bloquear su central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz); averiguaciones sobre la vida privada de Manuel Pizarro cuando este era presidente de Endesa; dosieres sobre el presunto pago de sobornos a líderes políticos andaluces como Javier Arenas y Manuel Chaves, y hasta el “hostigamiento” y “acoso” a dos trabajadores de la propia empresa, líderes sindicales de la CGT en su central nuclear de Cofrentes, por la filtración de una auditoría interna a Greenpeace y otras entidades que admitía serias deficiencias en la planta.

Entre los encargos que la eléctrica hizo al comisario Villarejo, está el espionaje a un juez y a líderes políticos y ecologistas

No todas estas operaciones, que habrían tenido lugar entre 2004 y 2007, eran conocidas por Asuntos Internos, que a la vez tendría en su poder datos sobre otras peticiones hechas al comisario igualmente por Antonio Asenjo, director de seguridad de Iberdrola durante 18 años y despedido el pasado viernes, que no han trascendido hasta ahora.

La clave es si los delitos que Villarejo y la segunda empresa más grande del Ibex 35 pudieron cometer al ejecutar estos trabajos presuntamente irregulares pueden ser aún objeto de un procedimiento penal. En el caso de BBVA, por ejemplo, cuyos encargos al comisario guardan grandes similitudes con los que habría recibido de la eléctrica, el instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, acordó la imputación del banco, y varios de sus máximos responsables se encuentran imputados por los delitos de revelación de secretos, cohecho y corrupción entre particulares, tres tipos penales que prescriben a los cinco años.

Si la pieza de BBVA se abrió, es porque se comprobó que, aunque había trabajos de 2004, Villarejo estuvo trabajando para la entidad hasta solo unas semanas antes de ser detenido por la Policía Nacional en noviembre de 2017. Lo mismo podría ocurrir con la eléctrica. El pasado jueves, Iberdrola admitió en un comunicado que ha encontrado 17 pagos al comisario o a sus empresas por diferentes servicios que el policía habría efectuado entre 2004 y 2017. Es decir, que al menos una parte de esa relación bajo sospecha se habría producido dentro del periodo de cinco años. Con que hubiera un solo hecho presuntamente delictivo en ese plazo, podrían ser perseguidos todos los anteriores por la conexión que habría entre todos esos episodios.

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