Fechas cambiadas, sirenas... Las oposiciones ponen patas arriba la Guardia Civil

El polémico examen de ortografía de las oposiciones a la Guardia Civil celebrado el pasado julio provocó un terremoto que todavía hoy continúa tronando en el despacho del general jefe de Enseñanza del cuerpo, Francisco Espadas, responsable de la prueba. Las decenas de recursos de alzada que siguieron al controvertido test, que registró un 50% más de suspensos que el que tuvo lugar un día después, han desencadenado una enorme preocupación en la Dirección General, que ha decidido aplicar tabla rasa y responder a la tormenta de quejas con visible nerviosismo.

Durante los últimos días, en concreto, gran parte de los aspirantes que interpusieron recurso de alzada por la escabechina han reclamado también como medida cautelar la nulidad temporal del examen hasta que el Ministerio del Interior resuelva la primera apelación. En teoría, el silencio o una respuesta positiva por parte de la Administración en este último trámite les permitiría incorporarse al inicio del curso del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, que comienza la próxima semana, mientras el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska decide sobre el fondo de la cuestión.

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EFE

Ante el comprometido panorama y con el fin de responder antes de un mes a todas las reclamaciones —porque este es el plazo establecido—, la Dirección General ha optado por actuar a toda prisa y de modo atropellado. Según han explicado a El Confidencial varios de los candidatos que hicieron el mencionado examen y que ahora han reclamado la medida cautelar, los dirigentes del instituto armado están poniendo un celo enorme en comunicar su resolución desfavorable antes de que se cumpla el plazo, hasta el punto de suscitar escenas que rozan el esperpento.

En concreto, detallan estos postulantes, la Dirección General hasta ha enviado agentes en coches patrulla a los domicilios de los aspirantes para trasladarles las resoluciones. En un caso, explican, uno de los vehículos de la Guardia Civil estuvo horas apostado en la puerta de la casa del postulante, que se negaba a salir. En otra ocasión, hasta tres coches del instituto armado con sus dispositivos acudieron a la vivienda del candidato a acceder al cuerpo. Un tercer joven recurrente asegura que recibió la notificación en casa de sus suegros. A un cuarto le llamaron hasta siete veces en apenas 10 minutos para pedirle que se pasara por el cuartel a recoger la respuesta.

Muchos se quejan de que la respuesta es un copia y pega que se repite en todas las resoluciones y algunos aseguran además que la Administración, en su dictamen, ha retrasado la fecha real en la que los aspirantes presentaron la reclamación de la medida cautelar con el fin de ampliar así de modo artificial el plazo en el que la Administración puede responder. El Confidencial ha accedido a estas respuestas y efectivamente las fechas han sido retrasadas hasta mediados e incluso finales de agosto para que —como hay hasta un mes para contestar— el plazo se extendiera hasta esta misma semana. En uno de los casos, el recurrente incluso había solicitado ya el certificado de silencio administrativo cuando le llega la respuesta negativa con el cambio de fecha.

Pocos han quedado finalmente sin recibir contestación, aunque ha habido casos. El Confidencial ha tenido conocimiento de al menos media docena de ellos y ha conseguido acceder a la respuesta en tres, que teóricamente han ganado la medida cautelar debido al silencio administrativo al que apelan, al no haber tenido respuesta por parte de Interior, un silencio administrativo que, según los expertos consultados, se torna en contestación positiva en estos casos. Desde la Dirección General de la Guardia Civil, por su parte, aseguran haber "seguido escrupulosamente lo que está en la normativa sobre la convocatoria de acceso". "Los aspirantes tienen su derecho a recurrir aquellos aspectos que consideren que el derecho les asiste", añaden.

Las fuentes consultadas estiman que hay alrededor de 300 recursos de alzada interpuestos. Estos deben ser contestados por la Dirección General en menos de tres meses. Por su parte, las reclamaciones presentadas por los aspirantes que piden la suspensión de la prueba para incorporarse al Colegio de Guardias Jóvenes mientras se resuelve el mencionado recurso de alzada deben ser respondidas en menos de un mes. Todos se preguntan por qué el ministerio no contesta directamente al recurso de alzada, ya que de este modo los interesados podrían acudir a la vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, paso que de momento ninguno puede dar.

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Acudir a la vía judicial permitiría apoyar los argumentos de los denunciantes en los criterios esgrimidos por sentencias como la de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) del 3 de marzo de 2015, a la que apelan los juristas que asesoran a los aspirantes a guardia. La resolución da la razón a una opositora que se enfrentó al servicio de salud de la comunidad (Sescam) después de no lograr una plaza como auxiliar administrativa. En la prueba, como en el caso de la Guardia Civil, había dos grupos, uno de mañana y otro de tarde, que hicieron un examen similar pero también con una gran diferencia de aprobados entre ambos grupos. El fallo del TSJCM arguyó que la "prueba concluyente" de que el Sescam "no se ajustó a los criterios igualitarios y equitativos" al evaluar los exámenes es la diferencia de porcentajes de aprobados. "Por la mañana, solo aprobaron el 28% de los presentados y por la tarde, el 72%", afirma la sentencia.

En el caso de la Guardia Civil, la prueba de ortografía del sábado 13 de julio fue más difícil que la del domingo día 14. En total, 10.081 aspirantes fueron declarados 'no aptos' al no superar el test, pero el número varió de un día a otro: solo el 43% de los opositores aprobó el sábado (5.024 de 11.593), porcentaje que el domingo aumentó al 69% (7.991 de 11.503), cifras que resultaron tras la anulación de la palabra 'javaque' de la primera prueba. Con estos datos, los que se presentaron el sábado denuncian que vieron quebrado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, tal y como defienden en sus recursos de alzada.