Los escollos para exhumar a Franco antes del 10-N: de mover la losa al pulso en el TC

La batalla jurídica en torno a la exhumación de Francisco Franco todavía no ha terminado. Pero queda menos. El Tribunal Supremo avaló este martes la salida del dictador del Valle de los Caídos y cerró la puerta a que se le entierre en la catedral de la Almudena. Sigue quedando un escollo al que se enfrenta ahora el Gobierno para ejecutar su plan de forma inmediata, y se llama José Yusty Bastarreche.

Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, este juez mantiene suspendida de forma cautelar la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para realizar las obras en Cuelgamuros, decisión que impide al Ejecutivo levantar la losa de granito de la tumba. Con este trámite paralizado y a falta de dos meses para las elecciones, la exhumación sigue sin fecha. No obstante, fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que la sentencia del Tribunal Supremo, aún no redactada, entrará a valorar la licencia urbanística en cuestión, lo que diluye la influencia de Yusty en la exhumación: cuanto mayor sea la contundencia con la que se pronuncien, mayor será su efecto en el procedimiento que lleva el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid. La valoración que realice el Supremo en su resolución puede así acelerar el archivo.

A la hora de justificar la suspensión de la licencia urbanística, el juez argumentó el pasado febrero que, sin ser urgente la medida, las autoridades no han elaborado los preparativos necesarios para garantizar que la exhumación se realice con seguridad suficiente. Yusty considera que las obras en el Valle de los Caídos pueden "poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación", para lo que destaca que "el movimiento de la losa de piedra, que hay que recordar que es de 2.000 kilogramos de peso aproximadamente, puede desestabilizar el conjunto”.

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En un intento de anular la medida, la Abogacía del Estado recusó a Yusty en marzo, pero esta petición fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El próximo paso consiste entonces en celebrar una vista para decidir si se levanta la suspensión, una cita que, según explican desde el TSJM, no tendrá lugar hasta mediados de octubre.

Tanto la familia Franco como la Abogacía del Estado hacían referencia a la suspensión de la licencia en los escritos que han entregado en los últimos meses ante el Tribunal Supremo. Para defender que "no existen irregularidades en materia urbanística", la Abogacía del Estado señalaba en el informe que presentó en septiembre que "esta alegación se basa en la opinión del recurrente de que se está en presencia de obras mayores", postura que "descansa en la argumentación realizada por el juzgador de primera instancia en sede de pieza de medidas provisionalísimas en recurso contra el informe favorable del técnico municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial". La mención abre así la puerta a que el alto tribunal responda a este razonamiento en su sentencia.

Otra de las incógnitas pasa por ver si la sentencia permitirá a los Franco proponer un emplazamiento alternativo a la Almudena para enterrar al dictador. A lo largo del procedimiento, la familia ha insistido una y otra vez en que no iba a dar otra opción, pero el Supremo anunció este martes que no permitirá una inhumación en la catedral. Fuentes gubernamentales consideran que el alto tribunal no debe permitirles escoger un nuevo lugar porque el procedimiento ya ha concluido, pero todavía queda por ver si el fallo dictamina de forma tajante que los restos de Franco deben trasladarse al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, tal y como pretende el PSOE.

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De forma paralela, la defensa de los Franco ya ha anunciado que acudirá al Constitucional para pedir que se paralice de forma cautelar la exhumación. Fuentes del alto tribunal ven poco recorrido a esta posibilidad. "No concurren los requisitos jurisprudenciales para que pueda prosperar una medida cautelar en un caso como este", avisan.

En el caso de que este tribunal no atienda su solicitud, el Gobierno tendrá el camino despejado para sacar al dictador del Valle de los Caídos, pero a la familia le seguiría quedando una última instancia ante la que recurrir: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los nietos del dictador confían en que Estrasburgo les dé la razón y condene a España, para lo que destacan un fallo del TEDH que se remonta a septiembre de 2018, cuando condenó a Polonia por la exhumación de dos hombres sin el visto bueno de sus viudas. "Es una cuestión de dignidad", aseguraban fuentes de la defensa a la hora de explicar estos posibles recursos el pasado lunes.

Más allá del contenido de la sentencia y de los recursos que prepara la familia, el último escollo al que se enfrenta el PSOE supera el plano jurídico: la promesa del prior del Valle de los Caídos de oponerse a la exhumación hasta el último momento. Tras conocerse la decisión del Supremo, el Vaticano dejó claro que no tiene "nada más que añadir" y que la situación "concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local", pero el prior Santiago Cantera ha asegurado en todo momento que presentará batalla. Los monjes benedictinos que cuidan de la basílica llegaron incluso a recurrir la exhumación ante el alto tribunal argumentando que requiere "autorización eclesiástica", pero tras descartarse sus argumentos, ahora queda por ver si guardan algún as en la manga para saltarse el mandato judicial e impedir el plan del Gobierno.