Corinna contrata bufete en España para el caso de las comisiones del AVE a La Meca

La examiga del rey Juan Carlos Corinna Zu Sayn Wittgenstein está reforzando su equipo de abogados ante el pulso que mantiene con el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, al que acusa de haber intentado recuperar documentos que tenía en su poder mediante amenazas de muerte. Según informan fuentes jurídicas a El Confidencial, ha contactado con un bufete en España tanto por este asunto como por la posible evolución de la pieza sobre el pago de comisiones en la adjudicación del AVE a la Meca, ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción en fase de diligencias de investigación pero que puede sufrir un impulso en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el futuro.

Corinna amplía de este modo el equipo de abogados que la asesoran actualmente en Reino Unido y ha querido contar con un despacho de Madrid, que se encuentra a la espera del desarrollo de las actuaciones y no intervendrá si no resulta necesario. Ha elegido al penalista José Antonio Choclán, que ya la asesora hace un año, con la intención de cubrir cualquier imprevisto. En la declaración jurada que envió el pasado abril a la Audiencia Nacional, Corinna aseguraba haber sido víctima de una operación encubierta en su casa de Mónaco que buscaba robarle la documentación sensible que tenía en su poder, acción de la que responsabilizaba a Sanz Roldán y a gente "con antecedentes mercenarios".

Según explicaba, su idea era trasladar "ocho cajas negras y 16 cajas fuertes" en las que había "documentos que probaban asuntos personales y privados, correspondencia oficial, informes políticos confidenciales y transacciones financieras", objetivo que, según decía, el exdirector del CNI no consiguió: "Pude salir de Mónaco con la mayoría de los documentos intactos. Sin embargo, el hecho de que siguiera conservando los documentos también significaba que las amenazas del general Roldán continuarían".

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P. Gabilondo

La decisión se produjo hace meses, antes de que miembros de la Fiscalía Anticorrupción viajaran la pasada semana a Londres para tomarle declaración como testigo en relación con los pagos de hasta 80 millones de euros que, según afirmaba en unos audios grabados por el comisario Villarejo, se pagaron para forzar la adjudicación de esta macroinfraestructura. En aquella conversación, ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado mordidas.

El contrato del tren fue adjudicado en octubre de 2011 a un consorcio de 12 empresas españolas. En aquellos audios, Corinna aseguraba que el rey Juan Carlos recibió un porcentaje de los 100 millones de euros que entregó el consorcio de empresas a la intermediaria del proyecto, la iraní Shahpari Zanganeh, casada entonces con el traficante de armas ya fallecido Adnan Khashoggi. Apuntaba también a una intermediación de Villar Mir para que el dinero llegara a manos del monarca.

La grabación de la entrevista entre el policía ahora en prisión y la amiga íntima del padre de Felipe VI provocó la apertura de una de las piezas del caso Villarejo, bautizada con el nombre de Carol. Las diligencias se archivaron en septiembre de 2018 después de que así lo solicitara la propia Anticorrupción. Los fiscales del caso consideraron que las afirmaciones registradas en una reunión mantenida en Londres, en la que también participó el financiero Juan Villalonga, versaban sobre hechos que tuvieron lugar antes de la abdicación de don Juan Carlos en junio de 2014 y, por ello, el monarca queda amparado por la inviolabilidad.

Pese a ello, la Fiscalía se reservó la investigación de una parte. Abrió unas diligencias de investigación por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho en relación con las supuestas comisiones y precisó, hace ya casi un año, que los indicios que implicarían a Juan Carlos I en ese asunto eran "extraordinariamente débiles". La Audiencia Nacional valora ahora reabrir la pieza.

Declaración en Londres

Durante su interrogatorio como testigo en Londres, la que fuera amiga cercana del emérito se desvinculó de la operación y sostuvo que su conocimiento sobre esta adjudicación en 2011 y sobre el supuesto papel que jugó don Juan Carlos en la misma se limita a lo que "terceros le dijeron sobre el acuerdo". "Las acusaciones serias en los medios sobre los negocios financieros del Rey emérito han existido durante décadas. Si hay alguna intención real de investigar adecuadamente el acuerdo del AVE y otras acusaciones, es un asunto del poder judicial español y de España", defiende su abogado. En cuanto a los "pocos hechos" que conoce Corinna, su defensa no concreta ninguno, pero anuncia que emprenderá "una respuesta legal rápida" contra cualquiera que intente "utilizarla como chivo expiatorio para restar importancia a sus propias acciones".