iDental: el juez ordena el cese "inmediato" de las reclamaciones de deudas a perjudicados

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tenido que ordenarlo por segunda vez: las entidades financieras no pueden reclamar el pago de deudas a los perjudicados por iDental. El magistrado decretó el 5 de diciembre una medida cautelar por la que suspendía las reclamaciones judiciales y extrajudiciales de los bancos contra aquellos a los que concedieron préstamos para tratamientos odontológicos, pero a la vista de que nuevas mercantiles han comprado la titularidad de aquellos contratos de crédito y estén exigiendo su pago, De la Mata ha emitido un nuevo auto en el que ordena que cesen “de inmediato” en dicha actuación.

El magistrado explica que han recibido escritos que ponen de manifiesto que las entidades financieras están realizando reclamaciones con sustento en aquellos contratos, para lo que destaca que algunas sociedades han comprado paquetes de los mencionados créditos a las prestamistas originarias y ahora intentan cobrarlos. Además de ordenar el cese de estas reclamaciones, el magistrado requiere que se abstengan de incluir a los perjudicados en ficheros de información patrimonial, subrayando también que las personas afectadas "podrán comunicarlo al juzgado a fin de poder adoptar las medidas necesarias para la efectividad de lo resuelto".

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De la Mata menciona en concreto a diez bancos que financiaban los tratamientos: Sabadell Consumer Finance SAU, Banco Cooperativo Español SA, Evo Finance, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem SAU, Banco Pichincha, Uno-e-Banka, BBVA Consumer Finance, Finanmadrid SAU Pepper EFC y Montjuic EFC SA. Pero en esta ocasión, advierte también a “aquellas otras entidades de crédito, financieras o de cualquier otra índole o naturaleza que hayan adquirido u obtenido la titularidad por cualquier título, razón o precio de aquellos contratos de crédito”, mencionando de forma directa a tres: Link Finanzas SLU, LC Asset 1 Sarl y Hoist Finance Spain.

A la hora de justificar la medida cautelar, el juez recuerda que la estrategia de iDental pasaba por captar clientes "con ingresos medios-bajos a los que convencerían a través de importantes descuentos en los tratamientos médicos amparados en supuestas subvenciones", para lo que subraya además la situación en la que han quedado algunos de los perjudicados: "Tienen que solucionar los problemas odontológicos que padecen y que han sido agravados por las prácticas de iDental, al tiempo que continúan satisfaciendo cuotas de créditos al consumo vinculados a servicios no prestados".

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Según defiende, la medida busca "garantizar una protección oficial de los derechos del consumidor, evitando que una situación claramente injusta se mantenga durante la tramitación del proceso principal". El auto sigue así la misma línea que el que se emitió en diciembre, que explicaba que los responsables de iDental empleaban "técnicas muy agresivas de marketing" que consistían en ofrecer en un primer momento un tratamiento con un "coste excesivamente alto" para "posteriormente rebajarlo considerablemente". Una vez firmado el acuerdo, cambiaban además las condiciones en la primera cita y subían así el presupuesto, ante lo que el paciente intentaba "anular el contrato suscrito, siendo imposible ya que no le facilitaban la documentación que solicitaba la entidad de crédito, dándole continuas evasivas".

"Tras financiar este tratamiento, la sociedad cobra el total de lo financiado y el cliente va abonando las cuotas acordadas, sin que por parte de las clínicas comiencen tratamiento alguno con continuas anulaciones de citas y disculpas de todo tipo, o en el mejor de los casos tratamientos iniciales con múltiples denuncias de mala praxis, persiguiendo con esto que venza el período estipulado para que puedan rechazar los clientes tanto el tratamiento como la financiación", concluía el magistrado en el mencionado auto. En la causa en torno a iDental, el magistrado ha procesado ya en una de sus piezas a siete integrantes de la antigua cúpula del grupo odontológico por 24 delitos contra la Seguridad Social, pero la investigación sigue en marcha.