Madrid digitaliza 131.703 historias clínicas para que los afectados de iDental reclamen

La Comunidad de Madrid ha digitalizado ya todas las historias clínicas de los clientes de iDental para que estos puedan reclamar judicialmente o seguir con sus tratamientos con mejores garantías en otras clínicas dentales. Los datos revelan el 'roto' que esta compañía dejó en la región. En total, la Consejería de Sanidad, en colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, ha clasificado 131.703 expedientes, que se pueden solicitar en una página web o a través del número de teléfono 91 193 69 95. El grupo parlamentario de Podemos, por su parte, ha pedido al Ejecutivo autonómico una partida especial de 2,5 millones de euros para poder ayudar a los pacientes con los casos más graves.

Se calcula que el cierre repentino de iDental ha dejado más de 400.000 afectados en 22 provincias españolas. La mayoría de los perjudicados financió los tratamientos con créditos de entidades bancarias que adelantaban la totalidad del dinero a la compañía. El presunto cerebro de la trama sería el falso inversor y supuesto experto en 'coaching' Luis Sans Huecas, que se autodefine como un experto en "reflotar grandes compañías". Fue detenido acusado de llevarse, presuntamente, los fondos de los tratamientos de sus pacientes. En muchos casos, estos ni siquiera se habían iniciado. La Audiencia Nacional investiga el caso.

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Para Podemos, estamos ante una de las mayores estafas cometidas en España y sobre todo en Madrid, y cree que hay que exigir responsabilidades de lo que ha pasado, a partes iguales, a la Dirección General de Consumo y a la Consejería de Sanidad. "Desde la primera, tenían como competencia vigilar la normativa de contratación, las cláusulas abusivas que se han dado en los créditos al consumo y la publicidad engañosa. Y Sanidad, ante la gravedad de las reclamaciones y denuncias que llegaban de los afectados, se quedó en inspecciones solo sobre la idoneidad de los locales, equipamiento, instrumental o las titulaciones de los profesionales que allí trabajaban".

En definitiva, señala Podemos, "ninguna de las irregularidades que se pudieron comprobar llevaron a la Administración a cesar en su actividad a estas clínicas mientras se siguiera investigando la presunta mala praxis; por lo tanto, mantenemos que el derecho a la protección de la salud de los afectados no ha sido suficientemente protegido". Desde el Gobierno regional señalan que nunca estuvieron de manos cruzadas y destacan que la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda tramitó seis expedientes que desembocaron en una sanción en 2018 por incumplimiento de contrato que afectaba a 1.358 clientes. Esta consejería recibió 2.096 reclamaciones. En cuanto a Sanidad, realizó 61 inspecciones entre 2015 y 2018, que terminaron en 19 expedientes sancionadores.

El pasado 6 de noviembre, todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid (PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos) aprobaron una proposición no de ley (PNL) pidiendo al Gobierno regional que establezca "un protocolo de actuación y entablar un diálogo directo con las asociaciones de afectados a fin de trasladarles toda la información precisa para que puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos correspondientes". También "facilitar y agilizar la presentación de reclamaciones por los afectados ante las autoridades de consumo y ante las autoridades sanitarias si se ha producido mala praxis".

Podemos pide además una partida extraordinaria de unos 2,5 millones de euros para poder dar respuesta a los casos más graves, es decir, una ayuda extra para pagar el tratamiento de los pacientes más graves. De momento, la Consejería de Sanidad ha llegado ya a un acuerdo con el Colegio de Odontólogos para publicar una relación de profesionales que estarán dispuestos a ofrecer peritajes de los trabajos odontológicos realizados en estos pacientes por una suma máxima de 250 euros.

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A los directivos de iDental investigados en la Audiencia Nacional se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, lesiones contra la salud pública, apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental. El volumen del procedimiento es tan inmenso que tuvo que centralizarlo la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio. Lo primero que hizo el juez José de la Mata fue enviar a la Policía Nacional, el 3 de agosto, a los cuarteles generales de iDental en Rivas Vaciamadrid y a 17 de las 24 clínicas que llegó a tener el grupo. El objetivo de esa primera operación fue "asegurar los historiales médicos de los pacientes y obtener indicios de un presunto fraude de tratamientos pagados pero no realizados".

El dispositivo, que recibió el nombre de Apolonia (en honor a santa Apolonia, martirizada con la extracción violenta de todos sus dientes), tuvo un segundo capítulo el 13 de septiembre, cuando los agentes volvieron a las 24 sedes de iDental para llevarse la información precintada un mes antes y realizar un exhaustivo inventario de los bienes que habían sobrevivido al expolio de los directivos. El 10 de octubre, la Policía lanzó otra operación contra los exadministradores de la compañía, que habían creado un entramado de sociedades gestionadas por testaferros para quedarse con el dinero que adelantaron los pacientes, las nóminas de los trabajadores y otros bienes de la mercantil.