Franco tendrá que esperar: el Supremo dilatará el fallo si hay campaña electoral

La accidentada y aún hipotética exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos no gana para dificultades. Superada la fase de medidas cautelares en plena etapa electoral, los magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si respaldan la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de sacar los restos del dictador de su actual ubicación se encuentran con otro problema más. La decisión, prevista para este otoño, amenaza con toparse con un nuevo periodo de comicios si las negociaciones para la investidura continúan estancadas. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial que se baraja dilatar la resolución para evitar que coincida con la campaña.

A la norma no escrita de los tribunales que tiende a evitar las resoluciones con repercusiones políticas en etapa de elecciones se suma en este caso el precedente de las generales del pasado 28-A. En aquel momento, la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo debía decidir sobre la petición de la familia Franco de paralizar, de forma cautelar, la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y los magistrados se inclinaron por sacar la cuestión de la campaña. Aparcarla hasta que se produjera la cita con las urnas.

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Beatriz Parera

Respondieron el 3 de junio, a las puertas de la fecha prevista por el Ejecutivo para iniciar los trabajos de traslado a Mingorrubio-El Pardo del cuerpo. Se decidieron por la paralización preventiva. Los cinco jueces de lo Contencioso-Administrativo fallaron sobre la congelación cautelar de la iniciativa y aceptaron los argumentos de la familia en contra de exhumar, sin sentencia firme, el cuerpo de su actual lugar de enterramiento en el Valle de los Caídos. De hecho, señalaron que adoptaban la suspensión ante el "perjuicio irreversible" que se produciría si al final resolviesen a favor de los nietos. También que lo hacían para salvaguardar no solo los intereses de los recurrentes, sino también el "interés público".

En aquel caso la decisión fue preventiva. Pero lo que tienen ahora entre manos los mismos cinco magistrados será definitivo. La decisión final puede suponer un torpedo en la línea de flotación de los planes de Sánchez, que contaba con proceder a la salida del dictador de la basílica el próximo 10 de junio. Y con paralizar uno de los planes estrella del Ejecutivo socialista que ha ido topándose con dificultades casi desde el inicio.

El principal escollo parece encontrarse en las intenciones de los Franco, que comunicaron al Gobierno su intención de enterrarle en La Almudena

Mientras tanto, las deliberaciones continúan y el principal escollo parece encontrarse en las intenciones de los Franco, que comunicaron al Gobierno su intención de enterrarle en la catedral de La Almudena, donde disponen de una cripta. El Gobierno ha esgrimido motivos de seguridad para oponerse a este emplazamiento, en pleno centro de Madrid, mientras que la familia se apoya en que la decisión debe ser personal y en que el lugar escogido es de su propiedad.

"Un plazo razonable"

En su auto, los jueces del Supremo alegaron en junio que si no suspendían la exhumación y esta se ejecutaba, nada impediría que, de estimarse la impugnación de los nietos de Franco, se tuvieran que devolver sus restos al Valle de los Caídos, donde descansan desde su muerte, en noviembre de 1975. "En este sentido, no habría una irreversibilidad material.

[Documento: Auto de los jueces del Supremo]

Dicho de otro modo: podría darse el caso de que, si no se congelara la decisión del Gobierno, la impugnación de los descendientes prospere una vez sacado Franco de Cuelgamuros. En esa circunstancia, el dictador debería regresar al Valle de los Caídos, situación que generaría "un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde".

La resolución remarcaba que precisamente la convergencia de los intereses de la familia con el "interés general" hace que se deba acordar la suspensión cautelar en tanto se dicta sentencia. Preveían, entonces, que el fallo llegara "en un plazo razonable", dado que el caso no reviste mayor complejidad. El interés público vinculado a la exhumación "no se verá afectado" por un tiempo prolongado, dijeron.