Comienza el 9 de septiembre

La jueza reservará imágenes sensibles en el juicio por el asesinato del niño Gabriel

Ya se han acreditado una cuarentena de medios para la vista ante jurado popular en que la Fiscalía pide prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada

Foto: Los padres de Gabriel Cruz acompañan el féretro a la salida de la Catedral de Almería. (EFE)
Los padres de Gabriel Cruz acompañan el féretro a la salida de la Catedral de Almería. (EFE)

El juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz comenzará en solo unos días en medio de una enorme atención mediática. Ocho sesiones señaladas a partir del próximo 9 de septiembre frente a un jurado popular. La Fiscalía reclama para la única acusada, Ana Julia Quezada, prisión permanente revisable. La especial trascendencia pública de la vista, que estará presidida por la magistrada Alejandra Dodero, y el contenido de algunas de las pruebas que se expondrán en la sala obligarán a la reserva de algunas imágenes y audios e incluso no se descarta proteger especialmente algunas declaraciones de testigos, aseguran fuentes jurídicas.

La decisión última queda al criterio de la jueza que dirigirá un juicio para el que ya se han acreditado una cuarentena de medios y que se celebrará en la Audiencia Provincial de Almería. La vista contará con señal institucional que permitirá a la prensa seguir todo su desarrollo desde una sala especialmente habilitada. No obstante, es previsible que algunos fragmentos se vean solo a puerta cerrada con la intención de proteger tanto al propio menor fallecido como la intimidad de sus padres, Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

Ángel Cruz (i) y Ana Julia Quezada, durante el segundo día de búsqueda del pequeño Gabriel. (EFE)
Ángel Cruz (i) y Ana Julia Quezada, durante el segundo día de búsqueda del pequeño Gabriel. (EFE)

Antes del arranque de la vista, se celebrará la selección de los nueve miembros del jurado. Las partes, después de formular las preguntas que estimen oportunas, podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta a cuatro de ellos por parte de las acusaciones, y el mismo número para las defensas. Los abogados de Quezada piden para su representada una condena de tres años de prisión por homicidio imprudente y un máximo de 10 si se considera que cometió un homicidio doloso. Trataron de evitar la fórmula de celebración del juicio, alegando que la desmedida repercusión del caso privaría a cualquier ciudadano juzgar con imparcialidad y serenidad.

Tras el trámite, comenzará el juicio propiamente dicho con la declaración de la acusada, que puede elegir declarar o no hacerlo o responder solo en parte a las preguntas que se le formulen. En días posteriores, están previstas las declaraciones de los padres del menor y otros testigos como la hija de Quezada que reside en Burgos. Quizá la parte más sensible de la vista es la documental, cuando se emitirán en la sala los audios y vídeos que constan en el procedimiento, entre ellos, los que se tomaron en el coche de la acusada, empleado para transportar el cuerpo del niño.

Este lunes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han remitido un comunicado en el que, ante el próximo inicio del juicio, piden "un tratamiento informativo responsable". Las tres asociaciones avisan que "algunos medios de comunicación no han respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca" de los padres de que se respete la memoria de su hijo y no se haga del juicio un "circo mediático".

La Fiscalía

La Fiscalía ha solicitado, además de la prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía, un total de 10 años de prisión por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos sobre los padres del niño y que se le prohíba tanto la comunicación como la aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años. Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros a Ángel Cruz y Patricia Ramírez en concepto de reparación por el daño moral causado, y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna. También solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante 11 días.

El escrito de calificación fiscal indica que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición por asfixia mecánica por sofocación, al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una "fuerza desproporcionada" con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima. "Con la finalidad de encubrir su actuación criminal —señala el escrito fiscal—, la acusada ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras" y "trasladó, posteriormente, las prendas de vestir de la víctima hasta un contenedor de vidrio de la barriada de Retamar siendo localizadas por la Guardia Civil en su investigación".

La calificación del Ministerio Fiscal alude a la actitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de "aflicción, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria, con absoluta frialdad de ánimo", todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor, según ha apreciado.

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