La bomba de Granados: pedirá testificar contra Aguirre y Cifuentes

Francisco Granados, hasta ahora principal imputado de Púnica, puede dejar de serlo. Tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de que se interrogue como imputados a tres expresidentes madrileños por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, el que fuera vicepresidente del Gobierno regional y uno de los hombres fuertes de Aguirre se prepara ya para apuntalar su acusación contra su antigua jefa y contra Cristina Cifuentes e Ignacio González.

A falta de conocer si el juez Manuel García-Castellón atenderá la solicitud de la Fiscalía, cosa que no sucederá hasta el próximo septiembre a su regreso de vacaciones, el considerado cabecilla de la Púnica ve más cercana la posibilidad de demostrar que otros por encima de él maniobraron con la caja B de la formación. Su defensa solicitó hace más de un año las imputaciones que ahora reclama el Ministerio Público y, según fuentes jurídicas, propondrá a la Audiencia Nacional ofrecer su versión y los datos recabados una vez se escuche a los exidirigentes de la Comunidad de Madrid.

Granados, ex secretario general del PP regional, levantó la alfombra por primera vez en una declaración prestada en febrero del pasado año. Apuntó entonces a una responsabilidad directa de los expresidentes en la financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid de los años 2007 y 2011 y elecciones generales del año 2008. Habló entonces de que, en los comicios, el partido realizó para Aguirre una "campaña paralela y de refuerzo" que salía del presupuesto oficial y situó a Cifuentes en el "núcleo de poder" desde el que se manejó. La instrucción apunta en que, en las dos primeras campañas, el PP de Madrid manejó fondos en negro de hasta cinco millones de euros.

Entonces, comenzó a tirar de la manta y ahora, quiere terminar de hacerlo. Su versión, que se afanarán por desmontar los afectados si, como todo apunta, acaban desfilando ante el juez, es que Aguirre dejó en manos de González la gestión de la financiación irregular. Junto a ellos sitúa al ex número tres de Cifuentes en el Ejecutivo, Jaime González Taboada, el exconsejero Borja Sarasola y a la antigua responsable de Comunicación.

El dinero irregular salía de falsos contratos de publicidad, indicó también entonces y señaló al Canal de Isabel II, el Consorcio de Turismo de la Comunidad y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). Las tres unen, como un puente, las tramas Púnica y Lezo. La combinación descrita incluía también a empresas públicas y privadas. Desde Arpegio y PromoMadrid a la Consejería de Turismo, por la parte pública, o la Licuas de Molpeceres y Swat en la zona privada.

Tres cabecillas

El argumento principal que le empujaba entonces, cuando apretó el botón del ventilador, y le impulsa ahora es el de la responsabilidad. En las campañas bajo sospecha, los expresidentes tomaron las riendas. Informes policiales posteriores —destaca— acreditaron que el PP de Madrid pagó en negro "y de manera encubierta" a proveedores de los actos al menos en la campaña electoral de 2011. Los investigadores desvelaron entonces detalles del uso de la caja B de los populares en Madrid, que llegó a acumular, solo durante ese año, hasta 1,5 millones de euros, que acreditan el manejo de fondos de procedencia oculta para abonar facturas por los servicios prestados.

En el caso de Cifuentes, Granados apuntó que entre los años 2004 y 2008 fue secretaria de Política Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña del PP. Ignacio González ejerció como director de campaña de Madrid, señaló también. El cabecilla de la Púnica quiere dejar de serlo y su versión servirá como elemento de contradicción si se acepta por parte del instructor.