El director de la Operación Chamartín ordenó a Villarejo espiar a Prasa y Osuna

El máximo responsable de la Operación Chamartín hasta hace dos semanas, Antonio Béjar, ordenó presuntamente durante su etapa en la dirección de BBVA la contratación del comisario Villarejo para que investigara dos compañías que mantenían deudas con la entidad. El objetivo de estas dos nuevas operaciones de espionaje pagadas por BBVA y desconocidas hasta ahora fueron las inmobiliarias andaluzas Prasa y Osuna. El policía rastreó a sus respectivos accionistas de referencia para tratar de comprobar si habían cometido un alzamiento de bienes para evitar el pago de los créditos millonarios concedidos por el banco a las sociedades.

El pinchazo de la burbuja del ladrillo fue una fuente inagotable de trabajo para Villarejo, que aprovechó esos años para convertirse en una suerte de cobrador del frac. La Audiencia Nacional investiga ahora los encargos que recibió de BBVA para rastrear el patrimonio de clientes morosos en la pieza separada de la llamada operación Tándem, que se centra en las relaciones de la entidad con el policía. El instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, cuenta con la ayuda del propio Béjar, que ha decidido empezar a colaborar con la Justicia coincidiendo con su reciente cese de la presidencia de Distrito Castellana Norte, el consorcio encargado de impulsar la Operación Chamartín.

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Béjar es una de las mejores fuentes que podían encontrar los investigadores para desentrañar los vínculos del segundo banco de España con el comisario. Entre 2008 y 2012, fue el jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de la entidad. Después fue ascendido por el entonces presidente, Francisco González, a la dirección de toda la División Inmobiliaria, donde permaneció hasta 2014, cuando el banco lo colocó al frente del mayor proyecto urbanístico de Europa. Su etapa en la entidad coincidió con el pinchazo del 'boom' urbanístico y optó por recurrir a Villarejo para tratar de rebajar los créditos impagados por promotores.

Según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, BBVA pidió al policía que averiguara si Nicolás Osuna, considerado el hombre más rico de Andalucía y máximo accionista de la promotora que lleva su apellido, había utilizado a familiares, testaferros o sociedades instrumentales para vaciar parte de los activos de su 'holding' con la intención de que no pudieran ser ejecutados por la entidad para minorar el impago de préstamos inmobiliarios. Lo cierto es que, en 2014, Osuna llegó a acumular con BBVA y Popular una deuda de 600 millones de euros.

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Como adelantó 'El Independiente', Asuntos Internos comunicó en junio a la Audiencia Nacional que dos agentes de la Comisaría General de Información habían solicitado información confidencial sobre Nicolás Osuna al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejero General del Notariado mediante un procedimiento irregular. Asuntos Internos precisó que la búsqueda sobre Osuna habría sido solicitada por Villarejo a través de un mando de su confianza de esa misma comisaría general. Lo que el informe no especificaba es que la petición del dato estaba relacionada con un espionaje encargado por BBVA.

Béjar pidió presuntamente al policía una investigación similar sobre José Romero, propietario de la promotora cordobesa Prasa, otra firma del ladrillo que sufrió serios problemas económicos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es la segunda empresa de Andalucía que más dinero debía a la Agencia Tributaria al cierre de 2018, 97,9 millones de euros. Sus deudas con los bancos eran mayores al final del año 2010. En total, arrastraba créditos impagados por valor de 400 millones de euros, una parte significativa de los cuales había sido concedida por BBVA.

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Según las fuentes preguntadas, Villarejo condensó sus averiguaciones en informes patrimoniales sobre Osuna y Prasa que luego entregó a la entidad. Con los datos, el banco habría logrado rebajar la deuda de estas compañías y renegociar el pago de las cantidades restantes en condiciones más ventajosas.

Como adelantó este diario, Béjar también habría recurrido al comisario para investigar al constructor cordobés Rafael Gómez, más conocido por el alias de 'Sandokán', cuya promotora, Arenal 2000, se fue a pique dejando una deuda millonaria al banco. A estas investigaciones se suma el “hostigamiento” en 2009 al máximo accionista de Martinsa Fadesa, el constructor y expresidente del Real Madrid Fernando Martín, otro de los damnificados de la crisis del ladrillo. BBVA encargó a Villarejo a través de su jefe de Seguridad, Julio Corrochano, que rastreara sus empresas para tratar de averiguar si estaba ocultando activos sanos. La entidad pagó al policía hasta el mismo momento de su detención en la operación Tándem, en noviembre de 2017, al menos 10 millones de euros por distintos trabajos, incluidos estos espionajes a morosos.