UN REAL DECRETO CON MUCHOS AGUJEROS LEGALES

Un año de la 'sanidad universal' de Pedro Sánchez: "Es incluso peor que la del PP"

El 28 de julio de 2018, la entonces ministra Carmen Montón declaraba restituida la sanidad universal en España. Sin embargo, este año se han registrado más de 1.300 casos de exclusión sanitaria

Foto: Desde que se aprobó el decreto, se han contabilizado 1.300 exclusiones. (EFE)
Desde que se aprobó el decreto, se han contabilizado 1.300 exclusiones. (EFE)

Devolver la universalidad al Sistema Nacional de Salud y desligar la asistencia sanitaria de la condición de asegurado fue el primer anuncio social que Pedro Sánchez hizo cuando llegó a la Moncloa tras la moción de censura. Ampliar este derecho, que el Gobierno Rajoy había restringido en 2012 a los cotizantes, era, para el presidente socialista, una cuestión de "decencia política".

La entonces ministra Carmen Montón anunció en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros del 28 de julio que "se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que armoniza y da cohesión al SNS y que, además, genera igualdad". "Una sociedad justa no deja a nadie atrás", añadió.

Tres días después, hace justo un año, entró finalmente en vigor el Real Decreto-ley 7/2018. Hoy, sin embargo, varias organizaciones se reúnen ante el Ministerio de Sanidad ocupado de forma interina por María Luisa Carcedo para denunciar que la sanidad universal no solo no es una realidad en España sino que la situación ha dado marcha atrás. En estos 12 meses, han podido documentar más de 1.300 exclusiones sanitarias protagonizadas por inmigrantes, aunque advierten de que la cifra real puede ser mucho mayor. Les acompañarán en el paseo del Prado algunos de los damnificados por esta nueva versión de la ley, que lejos de garantizarles el acceso a un médico se lo ha puesto aún más difícil que antes.

Embarazadas, menores o ancianos

Este periódico ya contó, por ejemplo, el caso de la mujer cubana de 75 años que, pese a estar en situación legal como madre reagrupada de una ciudadana española, fue desprovista de cobertura sanitaria por una sentencia del Tribunal Supremo. Este caso, que marca jurisprudencia, afecta al menos a otras 200 personas que llegaron a España bajo el mismo procedimiento y que llevaron su exclusión sanitaria a la Justicia, pero la casuística incluye a afectados de muchos otros tipos.

El título es muy bonito. El problema es que es mentira. Hay más inequidad ahora que antes

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), ideada para combatir la anterior legislación —la del Gobierno Rajoy— y formada por unas 300 organizaciones, es quien ha realizado el recuento de casos del último año. Ellos mismos reconocen el infradiagnóstico, ya que estos 1.300 casos de exclusión registrados solamente incluyen a aquellos solicitantes de asilo, menores o embarazadas que por su situación no cumplían alguno de los requisitos del nuevo RDL y que han sido recogidos por personal sanitario o han llegado hasta las ONG.

Pero de todos aquellos que nunca fueron admitidos a un hospital no existe registro. "Por cada persona que recurre, que va a los ocho mostradores que le dicen, que lucha por sus derechos... hay muchas más que se quedan con el primer no, y no se cuentan", denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal. "Además, mediáticamente fue potentísimo cuando se restringió el acceso. En cambio, no ha habido una campaña que informe de lo contrario, y tiene sentido porque no ha cambiado nada, por mucho que lo diga el PSOE", denuncia su portavoz, Antonio Saiz. "El título era muy bonito", señala en relación al decreto que aprobó Sánchez hace ahora un año. "El problema es que es mentira. Hay más inequidad ahora que antes".

José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, otra de las asociaciones implicadas en la protesta, explica las diferencias entre los modelos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez. "El RD 16/2012 excluía a la población que no tenía papeles pero hacía unas excepciones: menores, embarazadas, que son dos colectivos muy vulnerables que podían recibir asistencia en cualquier caso, y finalmente las urgencias, donde se podía admitir a todos los casos", dice Hoyo. "El RD 7/2018 es mucho más inclusivo y pretende que todas las personas que certifiquen que llevan tres meses en España tengan derecho a toda la salud, algo positivo desde un punto de vista teórico ya que no hace esa exclusión, ¿pero qué pasa? Que muchas llevan más de 90 días pero no pueden demostrarlo de una manera adecuada y otras llevan menos y justamente esos son los colectivos más vulnerables", expone Hoyo.

El empadronamiento, la manera más sencilla de demostrar la estancia en el país, no siempre es un trámite sencillo, señalan las distintas organizaciones. Algunos ayuntamientos, como el de Melilla, exigen que la persona esté regularizada antes de poder acceder al padrón, por lo que la asistencia en un hospital puede demorarse meses. "Y para el que no puede conseguirlo, como una persona sin hogar, en ningún mostrador le informan de que puede presentar un informe social. Se oculta sistemáticamente", explica Saiz.

Según la ley, una persona que no pueda acreditar su residencia de más de 90 días mediante el padrón, puede hacerlo mediante un informe social donde se acredite que no existe un tercer pagador sanitario (un seguro) o no se puede exigir a su país de origen. "Trabajo en un centro de salud y el mecanismo que hay es: si tienes tarjeta sanitaria o papeles administrativos, se atiende, y si no, factura. Esa es la primera barrera, porque nadie estima si es una urgencia o no. No puede hacerlo un administrativo, sino personal sanitario, así que las urgencias son ahora mismo un coladero de casos que se quedan sin sanidad", explica María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC).

Desde el Ministerio de Sanidad niegan que no se esté informando de esta opción a las personas que no cuentan con una prueba de su estancia en España.

En manos de las CCAA

Durante los últimos 12 meses, estas organizaciones han registrado casos que con la legislación anterior habrían sido impensables, como 55 mujeres embarazadas u 85 casos de urgencia no atendidos, además de menores de edad o víctimas de trata privados de asistencia sanitaria.

En resumen, la ley del Partido Popular era más restrictiva pero dejaba claras las excepciones que sí podían disfrutar de la sanidad pública, mientras que la del PSOE tiene una voluntad de universalidad tan poco concreta que las distintas comunidades autónomas están encontrando la forma de evitar atender a aquellos inmigrantes que no puedan acreditar que llevan tres meses en el país.

O como la nueva legislación reza en su artículo 3.3, "las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial". Es decir, ellas tienen la llave que abre o cierra la puerta de los hospitales a los extranjeros en situación irregular.

"La ambigüedad en la forma en que está redactado el RDL es lo que crea esa arbitrariedad", dice Beatriz Perales, responsable de campañas de Amnistía Internacional. "Y lo que lo hace más regresivo que el RD anterior".

Para la redacción del decreto, se reunieron en varias ocasiones con las organizaciones que hoy se manifiestan frente al Congreso. "En esas reuniones, casi desde la primera vez, estaba claro que el ánimo no era el que creíamos, sino una cuestión de imagen. Al final presentamos 12 o 14 peticiones que nos parecía importante retocar, entre ellas el riesgo de no incluir excepciones a lo de los 90 días. Solo aceptaron una", se lamenta Saiz.

Una mujer embarazada que lleva mes y medio en España va a un hospital y no puede acceder

Además, el real decreto vio la luz sin un reglamento que explique cómo un administrativo debe proceder en cada caso, ante cada enfermedad y en cualquier comunidad autónoma, que a la postre son quienes tienen estas competencias atribuidas. Por eso, a principios de julio, el ministerio redactó un nuevo texto de "recomendaciones" para que las CCAA aplicasen de manera más uniforme el decreto ley, pero una vez más, lo único que ha logrado ha sido ahondar en las desigualdades, según las organizaciones.

De este modo, las grandes diferencias para los extranjeros no asegurados entre comunidades autónomas se mantienen, dado que depende del criterio de cada una que puedan acceder o no a especialistas, descuentos en las recetas o incluso a urgencias.

Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, la situación ha empeorado en este tiempo. "Era de las administraciones más permisivas a la hora de aplicar su propia normativa mientras el Partido Popular estaba en el Gobierno central, porque cualquier escándalo en una puerta de urgencias les iba a perjudicar, pero ahora con el PSOE no es así porque se lo pueden achacar a ellos", explican desde Yo Sí Sanidad Universal. De hecho, el PP y Cs aprobaron a principios de este mes un acuerdo de gobierno en materia de sanidad para la Comunidad de Madrid que dejaba fuera la palabra 'universalidad'.

Desde Unidas Podemos, que votó a favor de la aprobación de este decreto, consideran que este ha sido "un año perdido". "La verdad es que creíamos que una vez aprobado se llevaría a cabo un desarrollo normativo que lo regulase y lo implementase, pero no ha sido así", explica la portavoz de la comisión de Sanidad, María Pita. "Es verdad que han sido unos meses complicados, pero la sanidad universal debe ser una prioridad y no se puede dejar que los partidos que votaron en contra del decreto lo boicoteen en las comunidades en las que gobiernan. Hay que subsanar todos los fallos y grietas cuanto antes".

Desde el Ministerio de Sanidad niegan que los 1.300 casos representen una situación generalizada. Aseguran que la ley es muy clara y de obligado cumplimiento para todas las comunidades, aunque hayan mandado unas recomendaciones a todas ellas "para homogeneizarlas", según defienden.

"Es lo que nos dicen también a nosotros en las reuniones, pero lo cierto es que hoy en día en España no podemos hablar de universalidad", aseguran desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC).

Quieren ley nueva, no parches

Por todo ello, el escenario ideal para estas organizaciones no sería el de enmendar el real decreto que aprobó Carmen Montón, sino directamente derogarlo y volver a la situación anterior al año 2012. Para Perales, completar la última normativa publicada en el BOE con un reglamento "no sería suficiente, habría que aprobar una medida más garantista, bien mediante otro real decreto-ley o con una nueva ley".

"Aquel era un sistema sanitario de los mejores del mundo, sostenible y que exportamos a otros países como una imagen de excelencia", opina Hoyo, "lo de ahora es algo que intenta ser menos malo que lo que había, pero en la práctica ocurre que una mujer embarazada que lleva mes y medio en España va a un hospital para ser atendida en el parto o durante el seguimiento del embarazo y no puede acceder".

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