Los fiscales ven el acceso de la Generalitat a sus PCs "un atentado a su independencia"

Hace unos días la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial anunciaba que iba a poner en marcha una investigación para determinar si en los juzgados y tribunales de Cataluña se han llevado a cabo accesos sin permiso a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento que no están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este sábado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a través de su secretariado permanente, ha emitido un comunicado en el que defiende "el derecho al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales", recordando que ambos son derechos fundamentales que deben ser respetados no solamente por los ciudadanos sino de manera aún más intensa "por los organismos públicos".

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R. Méndez

En este sentido, la UPF considera que los actos de la Generalitat suponen una "intromisión en el contenido esencial de estos derechos fundamentales" y un "grave atentado contra la independencia de jueces y fiscales".

Aprovecha la ocasión para reclamar no solamente a la Generalitat, sino también a todos los organismos autonómicos y nacionales "que respeten la independencia del poder judicial" y que se abstengan de realizar cualquier tipo de acción u omisión dirigida "al control y seguimiento de la actividad jurisdiccional o la actividad de la fiscalía".

Defiende que las comunicaciones no estén controladas por las administraciones públicas para que en la era digital se garantice "la integridad, seguridad y eficacia de nuestra actividad laboral" y poder garantizar a los ciudadanos "la neutralidad del servicio público de la justicia".

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La Generalitat explicaba el pasado jueves que el mensaje fue "emitido por la consejería de Políticas Digitales y se distribuyó en todos los ordenadores que dependen del Gobierno autonómico". Del mismo modo, apuntan a que ha recibido ese mensaje "todo aquél que tenga cuenta en los ordenadores de la Generalitat", por lo que los 250.000 trabajadores a cargo del Govern lo habría visto en su pantalla.

"El mensaje no se envió a un grupo seleccionado o a un sector concreto. Lo que se venía a recordar con ese mensaje, es que el destinatario hiciera un buen uso del ordenador, pero en ningún momento la intención fue intervenir el dispositivo en concreto", añaden a este diario.

La investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial sobre la posible intrusión de la Generalitat de Cataluña en los ordenadores de los jueces en la comunidad ha tenido una réplica en la Fiscalía. Los fiscales en Cataluña vieron en sus ordenadores el mismo aviso que los magistrados y, aunque en un primer momento les pasó desapercibido, después comenzaron a organizarse. Diego Villafañe, miembro del Consejo Fiscal y destinado en Cataluña, explica que el caso será previsiblemente tratado en el Consejo Fiscal y en las asociaciones y que pedirán una red informática independiente de las comunidades e interconectada entre ellos.