Los canales para soplos llegan a las empresas: así se denuncia la corrupción

En su primer año de funcionamiento, 2018, el canal de denuncias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió 704 notificaciones, de las que 326 contenían información suficiente para iniciar una investigación. Una especie de buzón confidencial dirigido no solo a empleados y extrabajadores, sino también a todas aquellas personas que presten o hayan prestado servicios en empresas supervisadas por este organismo. Un canal anónimo (telefónico, postal y a través de un formulario habilitado en su página web) cuyo objetivo es evitar represalias y dar garantías de seguridad a los denunciantes, los 'whistleblowers'.

Y es que los canales de denuncia se están implantando poco a poco en nuestro país. En España, solo es obligatorio que lo tengan determinados 'sujetos', según recoge el Real Decreto 11/2018 para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esos sujetos obligados son entidades bancarias, empresas que se dedican a la transacción de divisas, notarías y registradores, determinados despachos de abogados, casinos de juegos, gestores de fondos de prisiones... Pero el 'boom' está por llegar, ya que el Parlamento Europeo aprobó en abril de este año una nueva directiva (que se aplicará en 2021) que obligará a tener cauces internos de denuncia a entidades públicas, a ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, a empresas que tengan más de 50 trabajadores o a todas aquellas firmas que facturen más de 10 millones de euros al año (independientemente del número de su plantilla).

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"La Administración encarga a la empresa que sea vigilante con sus empleados, pero actualmente pocas entidades públicas en España han habilitado estos canales de denuncia para sus trabajadores. Está mucho más implantado en el sector privado que en el público", señala César Martín, uno de los socios fundadores de la firma Canal Denuncias, pionera en España en prestar este servicio. Martín destaca que las empresas españolas empezaron a tener conciencia de la importancia de estas medidas tras la reforma del Código Penal en 2015, que estableció que la persona jurídica (la empresa) puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos en su seno. La única manera de quedar exenta de esa responsabilidad penal es si cuenta con planes de prevención, vigilancia y control, como son los canales de denuncia.

"Además de la exención de la responsabilidad penal, el canal de denuncias aporta dos valores añadidos a una empresa: primero, demuestra el compromiso ético de la compañía, y segundo, le permite conocer el hecho delictivo y tomar medidas para corregirlo, antes de que este salga a la luz en medios de prensa o redes sociales, con el daño reputacional que esto supondría. El canal de denuncias es una de las medidas de control más efectivas en el ámbito de 'compliance' [cumplimiento normativo legal]”, señala Martín. De la misma opinión es Sylvia Enseñat, presidenta de la Asociación Española de Compliance (Ascom), una organización sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es profesionalizar esta función normativa en nuestro país. "Un canal de denuncias interno es el elemento esencial del 'compliance', es lo primero por lo que se debe empezar junto al código ético de la compañía".

Enseñat asegura que no existen estadísticas oficiales sobre el número de empresas españolas (estén obligadas o no) y el número de administraciones públicas que tienen actualmente implantado un canal de denuncia. El control sobre los sujetos obligados (aquellos que sí deben tenerlos) lo realiza el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (el Sepblac), que puede imponer sanciones económicas si las empresas no implementan estas medidas. César Martín señala que las grandes empresas del Ibex 35 ya cuentan con este tipo de canales para ayudar a sus empleados en la denuncia de irregularidades. También varias agencias antifraude regionales, como la valenciana y la catalana.

El sistema más implantado es la utilización de un sistema informático que permite el envío de las denuncias mediante un formulario en la página web. La empresa puede elegir que sea confidencial (se conoce la autoría del denunciante) o anónimo (no lo sabe). También hay una tercera vía, que sea 'anonimizado', es decir, que el canal lo gestione un tercero independiente. "El canal anónimo permite en principio más denuncias por sentirse el denunciante más seguro, pero también conlleva denuncias de mala fe, al no estar identificado el denunciante. La mejor opción es el canal 'anonimizado', en el que el denunciante se identifica solo para la gestora externa, que así puede tener comunicación con el denunciante, que permanece de forma anónima para la empresa para la que trabaja", señala Martín.

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La Fiscalía General del Estado, en su circular 1/2016, ya destacaba la eficacia de la contratación externa de determinadas medidas de vigilancia y control. "Muchas de ellas resultarán más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre, por ejemplo, con la formación de directivos y empleados y con los canales de denuncias, más efectivos y utilizados cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad".

Enseñat, de Ascom, recalca que la clave "es que se pueda garantizar que no haya represalias contra el denunciante y que el procedimiento implementado ayude a que las denuncias no caigan en saco roto, es decir, que una vez que se producen sean investigadas". Desde Ascom, afirman que los canales de denuncia, así como todas las medidas incluidas en el 'compliance', conforman un sistema preventivo de malas prácticas dentro de las empresas y administraciones. Sin olvidar, señala Martín, que el canal tiene que tener unas garantías en confidencialidad y en la seguridad de la información, establecidas en la Ley de Protección de Datos. El artículo 24 es claro: "Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado".

Un servicio medio puede costar unos 1.500 euros de implantación y una mensualidad de 70 euros

El coste de este tipo de canales depende de las características de la empresa, su tamaño relativo a facturación y plantilla, el número de países en los que trabaja, sus actividades... Hay muchos factores. Un servicio medio puede costar unos 2.500 euros de implantación y una mensualidad de 150 euros. Por poner un ejemplo, Ifema, la Feria de Madrid, un organismo público controlado por la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de la capital y la Cámara de Comercio, acaba de sacar a concurso este servicio por el que ofrece un precio máximo de 20.000 euros por dos años, destinado para que los trabajadores del ente puedan realizar comunicaciones de irregularidades y hechos delictivos cometidos en su seno de forma confidencial y segura.

El anterior Gobierno municipal de la ciudad de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, anunció el verano pasado que la capital contaría con su primer buzón de denuncias enmarcado en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, que asegurará técnicamente el anonimato de los denunciantes empleando tecnología desarrollada por GlobaLeaks, un sistema de código abierto creado especialmente para enviar y recibir ficheros de manera segura por internet. El 'software' permitirá acceder desde internet de manera anónima y sin conocimientos informáticos. Destinado tanto a trabajadores del ayuntamiento como a vecinos. Habrá que ver ahora si el nuevo equipo local salido de las urnas mantiene el proyecto, que aún no se ha concretado.

La empresa Canal Denuncias, por ejemplo, cuenta entre sus clientes con varias firmas "éticamente responsables", como el despacho de abogados Arriaga Asociados; la multinacional catalana BlueSun, líder europea de productos de limpieza, detergentes y ambientadores; la firma especializada en gestión de cobros Cobralia, o empresas públicas como la canaria Ideco. "Nuestra compañía aporta la gestión de un tercero independiente, que certifica el buen funcionamiento del canal y la ausencia de manipulación, y sin entrar a conocer el contenido de la denuncia, dando por tanto mayor carácter de independencia e imparcialidad", asegura César Martín, cuya empresa opera a nivel global, "adaptando la herramienta M2 Compliance a la diferente legislación internacional en materia de protección de datos, desde nuestras oficinas en Madrid y en Bogotá".

Canal Denuncias tiene además como empresa asociada Castellana Detectives, un despacho con más de 20 años de experiencia en investigaciones corporativas, que permite a los clientes que tienen un canal de denuncias iniciar investigaciones tras las denuncias puestas por sus trabajadores a través del canal.