El exconsejero Juan Bravo alega que el juicio por Inassa llega tarde: la compra ha prescrito

El argumento de que los hechos han prescrito sobrevuela el juicio por la compra de Inassa, la operación en la que el Canal de Isabel II se hizo con esta empresa colombiana en 2001. Después de que el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, diese por finalizada la fase de instrucción de esta pieza del caso Lezo el pasado mayo, los 22 acusados que tendrán que sentarse en el banquillo por un delito de malversación de caudales públicos han presentado un aluvión de recursos contra la decisión del magistrado. Entre ellos, el que fuera presidente de Adif y consejero de Hacienda con Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo, que en un escrito de 25 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial defiende que la adquisición de Inassa se va a enjuiciar "superado el plazo de prescripción del delito". Según confirman fuentes jurídicas, no es el único imputado que se agarra a este argumento.

Tras levantarse la imputación de quince personas en esta pieza en mayo, entre ellos los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación esta semana. Solicita entre seis y siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos para los 22 acusados, entre los que se encuentran el que fuera director gerente del Canal, Arturo Canalda, y dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo. Solicita además que los acusados indemnicen "conjunta y solidiariamente" al Canal por el supuesto sobreprecio de la adquisión, "que asciende, al menos, a 19.066.500 euros, sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

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El exconsejero de Hacienda siempre ha defendido que la adquisición de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, se hizo de forma regular, idea que repite ahora en su último recurso. A lo largo de 25 páginas, su defensa recoge una serie de argumentos que inciden en la misma. Asegura que la operación no supuso "de ninguna forma directa o indirecta el más mínimo beneficio o incremento patrimonial" para los miembros del consejo de administración del Canal, tacha de "arbitrario" el cálculo que hace la Fiscalía para determinar que hubo un sobreprecio en la compra, sostiene que el Canal estudió la adquisición "conforme a la metodología de valoración de empresas y con criterios de prudencia"... Un razonamiento que finaliza con un breve apartado en la página 24: "Octavo. Prescripción".

Para defender que los hechos investigados ya han prescrito, Bravo se apoya en el informe de la Fiscalía y, en concreto, en una referencia que incluye sobre el consejo de administración del Canal de Isabel II: “Otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”. La acusación basa sus peticiones de condena en la segunda parte de la frase, mientras que Bravo pone el foco en la primera y, en concreto, en la fecha que se menciona para afirmar que el juicio llega demasiado tarde. "La calificación delictiva con mayor penalidad posible sería la malversación agravada [...], para la que se determina un plazo de prescripción de 15 años". Según sostiene, este plazo de prescripción se alcanzó el 14 de noviembre de 2016.

Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que Bravo no es el único que incluye esta idea en su recurso. Otros acusados como el exdirector gerente del Canal, Arturo Canalda, también hace lo propio, así como al menos seis imputados más: Juan María del Alamo, Ángel Conde, Esteban Palacios, Ignacio López Galiacho, Francisco Olmos y Santiago García Benavides. Aunque los argumentos para defender su inocencia varían de unos recursos a otros, la idea de que los hechos por los que van a tener que sentarse en el banquillo han prescrito se repiten en todos sus escritos, razonamiento al que ahora tendrá que responder el magistrado Manuel García-Castellón.