OPERACIÓN QUE SE REMONTA A 2001

El fiscal pide 7 años de cárcel por Inassa para los exconsejeros Pedro Calvo y Juan Bravo

El juez atendió la solicitud de Anticorrupción en mayo y levantó la imputación de quince personas en la pieza, entre ellos los expresidentes madrileños Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González

Foto: Sede central del Canal de Isabel II. (EFE)
Sede central del Canal de Isabel II. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado su escrito de acusación por la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. El Ministerio Público solicita entre seis y siete años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos para los 22 acusados, entre los que se encuentran el que fuera director gerente del Canal, Arturo Canalda, y dos de los más cercanos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo. Solicita además que los acusados indemnicen "conjunta y solidiariamente" al Canal por el supuesto sobreprecio de la adquisión, "que asciende, al menos, a 19.066.500 euros, sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

El escrito llega después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la instrucción del caso, atendiese la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y levantase la imputación de quince personas el pasado mayo, entre ellos los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González. Aunque González sigue investigado en otras piezas del caso Lezo, Gallardón solo estaba imputado por esta operación, por lo que queda así desvinculado de la macrocausa. Con este auto, el magistrado dio la instrucción por finalizada y decretó la apertura de una pieza separada por las posibles irregularidades cometidas en la compra.

A la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio, la Fiscalía solicita seis años de prisión para los doce consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. Para el que fuera director gerente del Canal, Arturo Canalda, amplia la petición a siete años de cárcel, situación que se repite con los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo.

El listado de acusados lo cierran los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que también se enfrentan a siete años de cárcel, así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores, para los que la Fiscalía reduce la petición a seis años de prisión: Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

El Ministerio Público considera que tanto los miembros del consejo de administración del Canal como los del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Pedro Calvo y Juan Bravo, dieron luz verde a la operación en noviembre de 2001 "a pesar de conocer [...] el sobreprecio injustificado que se iba a pagar". Para acusarles de un delito de malversación de caudales públicos, el escrito defiende que su actuación implicó "la palmaria y consciente dejación de las funciones", lo que "permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad [el Canal de Isabel II] en beneficio exclusivo de terceros".

Anticorrupción sostiene que la compra estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta": en realidad se adquirió la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados, que no redundaron en ningún beneficio para la administración autonómica".

El escrito argumenta que esta fórmula permitió que personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores obtuvieran, "a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales", situación que los entonces responsables del Canal no impidieron, "anteponiendo así los intereses económicos de los vendedores a los del ente público".

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