La Mesa mantiene la absoluta en 176 y quita a los presos el sueldo devengado tras el 28-A

La mayoría absoluta de esta XIII Legislatura seguirá fijada en el mismo umbral que siempre: 176 diputados, la mitad más uno de sus 350 miembros. Así lo aconsejaron los letrados del Congreso y así lo ratificó este miércoles la Mesa. El órgano rector de la Cámara Baja no solo asumió el criterio de los servicios jurídicos. También aprobó, con el desacuerdo de los dos representantes de Unidas Podemos, no pagar el sueldo de los cuatro parlamentarios independentistas presos que se devengó desde las elecciones generales del 28 de abril hasta que se hizo efectiva su suspensión, el pasado 21 de mayo. Los cuatro diputados están privados de derechos y deberes cautelarmente, pero no han perdido su condición como tales, por lo que el Congreso se sigue componiendo de 350 integrantes, y la mayoría absoluta, importante para la investidura y para la aprobación de leyes orgánicas, por ejemplo, no cambia.

Los cuatro diputados procesados y en prisión preventiva —Oriol Junqueras (ERC), Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts per Catalunya) — no recibirán ni un euro del Congreso. El dictamen de los letrados [aquí en PDF] señalaba que correspondía a la Cámara el "devengo de sus retribuciones entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 2019". Pero añadían que la Mesa podría "no autorizar el abono de las percepciones económicas que habrían correspondido a los citados diputados, teniendo en cuenta que al haberse declarado automáticamente suspendidos en sus derechos tan pronto como perfeccionaron su condición [el 21 de mayo], y mientras esta suspensión se mantenga, aquellos no han llegado a desplegar sus efectos".

La Mesa adopta el acuerdo sin ningún pronunciamiento expreso en contra, si bien Unidas Podemos pedía más tiempo para ver el informe

La Mesa, según relató la presidenta, la socialista Meritxell Batet, también hizo caso en este punto a los servicios jurídicos y asumió como propio su razonamiento. El sueldo previo a la asunción de la condición plena de parlamentario se justifica por el acceso a dicho ejercicio, pero los cuatro dirigentes soberanistas fueron suspendidos en ese mismo momento, por lo que resulta "coherente" negar el pago de sus retribuciones por los días que median entre las generales y el 21 de mayo, cuando se constituyó el Congreso de la XIII Legislatura. Batet añadió que, en todo caso, ese derecho era muy reducido, puesto que Junqueras, Rull, Turull y Sànchez renunciaron a su acta en el Parlament el 17 de mayo. En realidad solo se les priva del derecho a cobrar tres días.

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Cómo afecta al Mixto

Pero lo importante, de cualquier modo, es el gesto. La Mesa negó el pago de esos tres días de sueldo con la aprobación de PSOE, PP y Ciudadanos y el desacuerdo de los dos representantes de Unidas Podemos —la vicepresidenta primera, Gloria Elizo, y el secretario primero, Gerardo Pisarello—. Batet aseguró que no se votó como tal en la reunión, y que no hubo pronunciamientos "expresos" en contra. Precisó que simplemente Elizo y Pisarello pidieron más tiempo para analizar el informe. Es la segunda vez en lo que va de legislatura que los morados no votan de manera coincidente con sus socios del PSOE en el órgano rector de la Cámara Baja. La primera fue el 24 de mayo, justo cuando la Mesa aprobó la suspensión de Junqueras, Rull, Turull y Sànchez.

El Congreso inicia los trámites para ejercer su función de control al Gobierno, porque el TC avaló que se hiciera aun con un Ejecutivo en funciones

El órgano de gobierno de la Cámara también decidió, siguiendo de nuevo el criterio de los expertos, que los parlamentarios catalanes privados temporalmente de su cargo no formen parte de las comisiones ni subcomisiones, ni demás órganos parlamentarios. Esta medida es importante por cuanto los cuatro integran el Grupo Mixto. Pero no se podrá ponderar el voto por los diputados suspendidos ni la asignación del número de iniciativas. Es decir, que el Mixto, a efectos de cupo y de voto, contará como si tuviera 14 diputados, y no 18. La parte de la subvención parlamentaria que correspondería a esos cuatro escaños tampoco podrá ser percibida por el grupo.

Además, Batet informó de que el Congreso ha dado ya los primeros pasos para ejercer su labor de control al Gobierno, pese a que esté en funciones. La Mesa calificó de hecho una serie de preguntas escritas y peticiones de comparecencia de ministros. Es la primera vez que las Cortes fiscalizan al Ejecutivo, y es posible porque lo permite la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2018. En la legislatura fallida (2016), el entonces presidente del Congreso, Patxi López, acudió al TC porque el Gobierno de Mariano Rajoy no se quería someter a la vigilancia de las Cámaras. El Alto Tribunal, por unanimidad, falló que el Congreso tenía razón. De ahí que ahora las Cortes sí puedan controlar al Ejecutivo, aunque siga en funciones.

En ese sentido, tanto Ana Pastor (PP), vicepresidenta tercera de la Cámara Baja —e integrante del Gabinete de Rajoy que se negó a ser fiscalizado— como Ignacio Prendes (Cs) urgieron a la constitución cuanto antes de las comisiones para que puedan comparecer los ministros.

La Mesa calificó asimismo varios escritos de reconsideración que deberán debatirse en la Junta de Portavoces, que se reunirá por primera vez, en esta XIII Legislatura, el próximo martes.