La suspensión de los presos no altera la mayoría absoluta: la investidura queda igual

La mayoría absoluta del Congreso no cambia. Seguirá fijada en 176 diputados. Es, al menos, lo que estiman los letrados de la Cámara Baja en el informe que analizará la Mesa este miércoles. Ellos entienden que la suspensión de los cuatro parlamentarios procesados y en prisión preventiva no ha de suponer una rebaja en la configuración de las mayorías. Y su criterio, que salvo sorpresa será atendido por el órgano rector del Congreso, tiene una influencia directa en el primer paso importante de la nueva legislatura: la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De momento, no se abarata.

Las conclusiones del dictamen de los servicios jurídicos del Congreso, a las que tuvo acceso este diario [aquí en PDF] y adelantadas por la agencia Colpisa, son muy claras. Señalan que la suspensión "en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara" de los diputados Oriol Junqueras (ERC), Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts per Catalunya) —los cuatro encausados por el 'procés'—, que acordó la Mesa el pasado 24 de mayo, "no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara". Los letrados precisan que esa suspensión comporta que "se les priva del ejercicio" del cargo, pero "no de la titularidad" del mismo. Es decir, que los cuatro procesados no han perdido su acta. Su cargo está simplemente congelado.

El informe indica que "de acuerdo con los precedentes", la "situación de suspensión de un diputado en sus derechos y deberes" debe "diferenciarse" de la "no adquisición de la condición plena, así como de la pérdida de dicha condición". Por ello, continúan los letrados, "debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución". En consecuencia, hay que tener en cuenta que la composición del Congreso es la que es y la que quedó establecida en su sesión constitutiva, el pasado 21 de mayo. Como la Cámara tiene 350 miembros, "no afecta así al número de votos requerido para establecer la mayoría absoluta (176) y al resto de las mayorías especiales que establezca la Constitución, las leyes orgánicas o el reglamento del Congreso".

"Los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y deben computar a efectos de su composición fijada en 350", señalan

La Carta Magna, en su artículo 99, estipula que el candidato a la investidura debe reunir el voto de la mayoría absoluta del Congreso y si no lo logra, habrá de conseguir la mayoría simple (más síes que noes) en una segunda votación que se celebraría 48 horas después. Si la Mesa, en su reunión de este miércoles, asume el informe de los letrados, como es previsible, todo sigue igual, como antes de la suspensión de Junqueras, Rull, Turull y Sànchez. Sánchez necesitaría 176 apoyos en primera ronda y más síes que noes en segunda.

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No será 174

La misma Mesa del 24 de mayo que acordó la suspensión de los diputados independentistas en la cárcel reclamó el informe que se analiza este miércoles porque no estaba claro cómo quedaba el cómputo de mayorías. De hecho, se especuló con que podía 'abaratarse' la investidura de Sánchez. Con cuatro parlamentarios menos, si no se contabilizaran, la mayoría absoluta bajaría hasta los 174 parlamentarios. Un avance para el PSOE. Porque los 176 de la absoluta no son solo necesarios para la investidura en primera vuelta, sino para la votación de leyes orgánicas, las de mayor rango.

Los números para la reelección del presidente no son totalmente sencillos, por mucho que no sea posible una investidura alternativa. El PSOE dispone de 123 diputados, que sumados a los 42 de Unidas Podemos llega a los 165. A esa cuenta hay que agregar los escaños que aportan Compromís (1) y el Partido Regionalista de Cantabria (1), más los del PNV (6). Hasta ahí, 173, a tres de la absoluta.

En segunda vuelta, Sánchez requeriría abstenciones para lograr su reelección. Porque, si se computan todos los demás votos como no, se produciría un empate. Los 66 escaños del PP, los 57 de Ciudadanos, los 24 de Vox, los cuatro de Bildu, los dos de Coalición Canaria, los dos de Navarra Suma, y los 14 de ERC (todos menos Junqueras) y los cuatro de JxCAT (todos menos Sànchez, Rull y Turull) suman 173. La Constitución y el reglamento del Congreso, en su artículo 171, establece que la investidura solo prospera en segunda votación si hay más síes que noes, de modo que si hay empate decae. De ahí que para Sánchez sea necesario transformar el rechazo de partida de los dos representantes de Na+ —los dos que fueron elegidos son de Unión del Pueblo Navarro— y/o de los dos de CC en abstenciones.

El peligro del empate

Por eso el presidente del Gobierno en funciones está abriendo puertas en los últimos días. En primer lugar, desautorizando una entente de progreso en Navarra, que requeriría de la abstención de Bildu, lo que acercaría a su federación en la comunidad foral a facilitar la elección del candidato de Na+, Javier Esparza, líder de UPN. Y dos, situándose a la expectativa de lo que ocurra en Canarias, aunque el PSOE de las islas está totalmente dispuesto a echar a los nacionalistas del poder, lo que podría hacer que las dos parlamentarias de Coalición Canaria votasen en contra de Sánchez.

Sánchez necesita convertir algunos rechazos, como los de Navarra Suma o CC, en abstenciones, si no quiere depender de los votos de ERC o JxCAT

También dependerá de la actitud de los cuatro diputados presos. Los tres de JxCAT no tienen previsto renunciar a su acta. Junqueras sí pensaba dejarla para asumir su asiento en el Parlamento Europeo. Pero para que pueda hacerlo ha de autorizárselo el Tribunal Supremo, aunque aún no ha reclamado poder salir de la cárcel. Si se lo permite, entonces el jefe de ERC cedería su silla en Madrid para quedarse con la de Bruselas. Si se lo deniega, probablemente mantendría su acta en la Cámara Baja. Evidentemente, si el PSOE arrastrase a republicanos o JxCAT a la abstención, la investidura saldría. Pero el Gobierno quiere depender lo menos posible de los soberanistas.

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¿Y el sueldo?

El informe de 13 páginas [aquí en PDF], explica los precedentes y cómo no se puede comparar la situación actual con ellos. Así, en la II Legislatura (1982-1986), se eligió a dos diputados de Herri Batasuna que, aunque presentaron su credencial, nunca llegaron a acatar la Constitución, por lo que adquirieron la condición plena de diputado, así que el Congreso quedó compuesto por 348 miembros. No hubo ninguna incidencia en ese momento por la amplísima mayoría del PSOE, de 202 escaños. En la III Legislatura (1986-1989), hubo cinco parlamentarios de HB que no acataron la Carta Magna y quedaron en suspenso sus derechos y prerrogativas. La mayoría absoluta bajó a 173 diputados y se entendió que la Cámara estaba integrada por 345 asientos. En la IV Legislatura ocurrió de todo: miembros de HB que no habían prometido respeto a la Constitución y la anulación de las elecciones en tres circunscripciones (Pontevedra, Murcia y Melilla), por lo que la Cámara se compuso de 332 diputados en el debate de investidura de Felipe González, y la mayoría absoluta quedó en 167. En la VI Legislatura (1996-2000), dos diputadas electas de HB no llegaron a presentar su credencial, por lo que el hemiciclo se configuró con 348 miembros y la absoluta bajó a 175.

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Los servicios jurídicos señalan, no obstante, que no es igual no adquirir la condición de diputado o perderla a la de ser suspendido del cargo. En el caso de Junqueras, Rull, Turull y Sànchez, estos pierden cautelarmente sus derechos y deberes, pero no la titularidad del escaño. Siguen siendo miembros del Congreso. Diputados. Así, la Cámara se constituyó con 350 parlamentarios y 350 seguirán siendo, lo que importa a efectos del cómputo de integrantes en comisiones y en la Diputación Permanente —el órgano que sustituye al pleno en periodos de vacaciones o cuando las Cortes se disuelven— y de la ponderación en la Junta de Portavoces.

Sin embargo, los diputados suspendidos no pueden ser adscritos a ninguna comisión, ni formar parte de otros órganos, ni pueden votar, ni presentar iniciativas. Sí pueden estar incorporados al Grupo Mixto. Dice el informe que los cuatro parlamentarios podrían percibir el sueldo generado entre las elecciones generales del 28 de abril, en que consiguieron el escaño, y el 21 de mayo, cuando fueron suspendidos, aunque la Mesa podría no autorizar ese abono de las percepciones económicas.