Carpetazo a la causa sobre Banca Cívica: la Audiencia Nacional descarta irregularidades

La Audiencia Nacional ha cerrado el procedimiento abierto en 2013 sobre la existencia de irregularidades en el proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que dio lugar a Banca Cívica, y en su posterior salida a bolsa, en julio de 2011. Desde el arranque, la investigación sufrió idas y venidas, cierres y reaperturas. Ahora. el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, con informe favorable de la Fiscalía, ha procedido a su nuevo archivo, una vez solventada la falta de documentación que apreció la Sala Tercera hace unos meses.

Las diligencias previas arrancaron en marzo de 2013 cuando el entonces titular del Juzgado, Eloy Velasco, admitió una denuncia de UPyD por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico financiera contra los consejeros de la entidad. Figuraban como investigados en el procedimiento el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, el exsecretario de Estado de Economía Pedro Pérez, los excopresidentes de Banca Cívica Enrique Goñi, procedente de Caja Navarra, y Antonio Pulido, de CajaSol, Marcos Contreras y Lázaro Cepas, también de la entidad andaluza, y José María Leal y José María Achirica, de Caja Burgos.

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Cinco años y varios informes periciales de expertos designados por el Banco de España han llevado a esta decisión. La denuncia apuntaba a distintos aspectos. Además del proceso de constitución de la entidad Banca Cívica sospechoso de haberse apoyado en cuentas presuntamente manipuladas y que aparentaban una solvencia superior a la real, se denunciaba el cobro indebido de dietas por la expresidenta navarra Yolanda Barcina y otros imputados. Esa rama fue archivada por los Juzgados de Pamplona. Se comunicaba también un posible falseamiento de la contabilidad de la Caja de Ahorros de Navarra y la pérdida patrimonial de la entidad, ocasionada por la realización de inversiones arriesgadas y no justificadas.

En el foco figuraban, además, las compras de terrenos realizadas por la entidad durante los años 2008 y 2009, a precios elevados, algunos de ellos a empresarios con créditos pendientes con la entidad y una presunta ausencia de supervisión de la actividad de la Caja de Ahorros de Navarra por el Gobierno de Navarra durante los años 2000 a 2012.

En un informe preliminar de 2014, los peritos del Banco de España consideraban que las operaciones investigadas se correspondían con la legislación aplicable. Realizaban contundentes afirmaciones como la inexistencia de información de la entidad reguladora o de los auditores, que cuestionara la razonabilidad de las cuentas anuales de 2010. "Todas las cajas fueron auditadas y los informes no tenían salvedades", destacaban también. En informes posteriores y complementarios, ordenados tras las sucesivas reaperturas, las conclusiones no sólo no quedaron en duda sino que se reforzaron.

En el foco figuraban las compras de terrenos realizadas por la entidad a precios elevados, algunos a empresarios con créditos pendientes

Respecto a los créditos, por ejemplo, los peritos señalan que "no se desprende que haya existido trato de favor en la concesión o en las condiciones económicas de operaciones de financiación a consejeros y personas vinculadas". Tampoco rastro de irregularidades en el cobro de prejubilaciones o en las operaciones analizadas durante todos estos años. Las periciales fueron complementadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y, en concreto, la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial que puso el acento en la información patrimonial de los acusados. Su último informe, de febrero de 2018, ha sido uno de los puntales para la decisión final.

Así pues el Juzgado se ha basado en todos los informes para concluir que no se aprecian irregularidades después de analizar cada una de las operaciones sospechosas, los vínculos entre los investigados y las sociedades con las que se negoció la compra o venta de bienes en cada uno de los casos. Tampoco la investigación del patrimonio ha desembocado en indicios de apropiación indebida de los bienes de las entidades que administraban los acusados.