El director de TV3 emitió la propaganda del 1-O porque su "deber era informar"

La investigación contra los altos cargos del Govern implicados en la organización del referéndum se ha centrado en las últimas semanas en el papel que jugaron los máximos responsables de los medios públicos catalanes en la promoción de la convocatoria. El director de TV3, Vicent Sanchís, declaró el pasado 1 de marzo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que, en septiembre de 2017, ya en la recta final del 1-O, permitió la emisión de hasta tres anuncios oficiales de la Generalitat sobre la consulta porque consideró que se trataba de simple “información”. Esa justificación contrasta con la que ofreció en los días previos a la votación. Entonces dijo que TV3 seguiría emitiendo los anuncios del 1-O porque solo se consideraba sujeto a las leyes que salían del Parlament.

Sanchís parece ahora haber optado por una posición más pragmática y aceptar la única legalidad vigente. Durante 19 minutos de declaración, negó haber cometido el delito de desobediencia que se le imputa por haber emitido la propaganda oficial del referéndum, a pesar de que el Tribunal Constitucional le recordó expresamente a través de una providencia “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. “Particularmente”, continuaba la resolución, “que se abstenga de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña”.

El director del ente autonómico admitió ante la jueza que recibió personalmente la providencia el 12 de septiembre, pero explicó que, en ese momento, no consideró que su contenido afectara las campañas que ya estaba emitiendo TV3 para difundir la convocatoria del referéndum, ni tampoco la que puso en marcha horas después. El propio Sanchís reconoció que su canal programó un primer 'spot' promocional del 1-O entre el 4 y 6 de septiembre, un segundo entre los días 7 y 12, y el tercero y último, justo después de la resolución del Tribunal Constitucional, ya entre los días 15 y 29.

El responsable de las televisiones públicas de la Generalitat (no solo TV3) ofreció un llamativo argumento para negar que desobedeciera la orden judicial: “No, porque en aquel momento (…) había [en la providencia] un término absolutamente ambiguo, no ambiguo, sino genérico: '(...) que se abstenga de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum'. Pero claro, si nosotros no podíamos informar... Yo entendía que estaba hablando o haciendo referencia a trámites administrativos, sobre todo parlamentarios, que no eran de mi incumbencia. Pero la televisión no puede dejar de informar. Es un deber informar. Y como nosotros siempre debemos informar sobre las cosas que pasan, no tenía ningún sentido hacer una… Entender eso desde un punto de vista de la información que podía aparecer en pantalla”.

La fiscal no quedó muy convencida por ese razonamiento. “¿Usted entendió por lo tanto que estos anuncios informaban sobre un hecho?”, preguntó la representante del Ministerio Público. “Efectivamente”, contestó Sanchís. “En realidad, ¿no era darle publicidad a la existencia de este referéndum?”, repreguntó la fiscal. “Nosotros estamos dándole publicidad ahora mismo al juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Y nosotros damos publicidad, según esta visión, que no es totalmente acertada desde el punto de vista periodístico, de cualquier cosa que pasa. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, ni lo mantengamos ni estemos en la organización”. “Una cosa es la información y otra los anuncios, perdone”, le interrumpió la fiscal. “Sí, pero ese anuncio lo ponía el Govern y daba una información sobre lo que estaba pasando, y lo valoré así”.

Sanchís también se esforzó en difuminar la decisión de que los anuncios se emitieran. Dijo que la “responsabilidad está compartida” entre los diferentes responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), evitando apuntar a sus superiores. El Ministerio Público le pidió que explicara entonces quiénes tenían capacidad para ordenar que dejara de emitirse esa publicidad. “Todos, absolutamente todos la pueden parar, desde diferentes áreas. Por ejemplo, desde el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que ha pasado en diferentes ocasiones”, contestó el director de TV3.

La fiscal le exigió entonces que fuera más concreto y se ciñera a los directivos de la televisión que tenían capacidad para suspender campañas como la del 1-O. Pero Sanchís volvió a responder con frases vagas. “Los responsables de publicidad pueden hacerlo. Los responsables de la Corporación no lo sé, desconozco si pueden parar un anuncio. No se ha dado el caso nunca. Yo, por ejemplo, nunca he parado un anuncio. ¿Puedo hacerlo? No lo sé. Si llega un anuncio y decido pararlo, pues lo miraría. Pero no sé. Lo desconozco”.

La versión que ofreció el pasado 1 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ya bajo la condición de investigado por un delito de desobediencia, está a años luz de lo que él mismo afirmó en TV3 tras recibir la resolución del Tribunal Constitucional y en plena campaña del referéndum. En aquel momento, reconoció en directo que estaba desoyendo la providencia, pero dijo que lo hacía porque estaba sometido a la legalidad que emanaba del Parlament. "En TV3 aparecen anuncios institucionales, en virtud de una ley que ha aprobado el Parlament y que ha quedado suspendida por el TC, pero todo se está haciendo en virtud de esta ley", respondió el director de la cadena a preguntas de un presentador. Sanchís defendió que en ese momento existían "dos legalidades”. “Cualquiera se puede decantar por una. Yo quiero creer que no estoy desobedeciendo a nadie. ¿Cómo no va a seguir TV3 una ley aprobada por el Parlament de Catalunya si TV3 ha nacido de él?".