La Audiencia Nacional deja en libertad con medidas cautelares a Rosell y su socio Besolí

La Audiencia Nacional ha dejado este miércoles en libertad con medidas cautelares a Sandro Rosell y su socio Joan Besolí. El expresidente del Barça lleva en prisión desde mayo de 2017, pero la Sala de lo Penal considera ahora que el riesgo de fuga ha disminuido sensiblemente tras 22 meses encarcelado y ha atendido la petición de las defensas. La decisión se produce en pleno juicio y conlleva una serie de cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias ante las autoridades el primer y tercer lunes de cada mes, pero no exige fianza a ninguno de ellos.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la Sala de lo Penal basa su decisión en "las alegaciones y la documentación aportada por las defensas", así como en "el tiempo que llevan en prisión preventiva, superados los 21 meses, dado el carácter excepcional que esta medida tiene, máxime estando muy próximo a cumplirse el máximo legal, de dos años, permitido por la ley".

En la misma línea, el tribunal argumenta que mantenerles en prisión 22 meses no pone "en entredicho su imparcialidad" en ningún caso, tal y como han sostenido las defensas, pues si no han aceptado hasta ahora su salida de la cárcel "ha sido por simples razones de riesgo de fuga, ya que hemos considerado imprescindible que comparecieran en el juicio, y ello porque partíamos de la premisa de una base fáctica y jurídica, que nos venía dada y consolidada por una serie de antecedentes procesales".

En lo que se refiere a las medidas cautelares, la Sala de lo Penal impone para ambos la "previa fijación de domicilio en España, de teléfono de contacto y retirada de pasaporte, con la obligación de comparecer ante este tribunal los días de celebración de juicio y cuantas veces fuere llamado, y ante este tribunal o juzgado o comisaría más próximo a su residencia o domicilio el primer y tercer lunes de cada mes".

La Fiscalía pide 11 años de cárcel

En la primera sesión del juicio celebrada este lunes, su abogado criticó que lleve más tiempo entre rejas que acusados "como los de La Manada", situación que asegura que "supone una importante lesión no solo a su libertad personal, sino también al derecho a la defensa, a un juez imparcial y a la presunción de inocencia". El letrado Pau Molins sugirió que Rosell ponga como fianza sus 30 millones de patrimonio para quedar en libertad, alegando además que “comparecer libres sería la mejor garantía de que no pesarán otros factores que no sean las pruebas practicadas en este juicio”.

En los últimos meses, el expresidente del FC Barcelona ya pidió a la Audiencia Nacional salir de prisión como Ignacio González o Ángel María Villar, pero en todo momento se rechazó esta opción al considerar que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En el caso de Besolí, el tribunal respondió con la misma postura, para lo que defendió que operan "dentro de un grupo organizado de personas que son investigadas también por otros países como Estados Unidos, Andorra o Suiza".

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El Ministerio Público solicita 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros para Rosell al considerar que lideró una organización criminal que, entre 2006 y 2011, blanqueó cerca de 20 millones de euros del que fuera presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Terra Teixeira. Junto a Rosell, en el banquillo se sientan su mujer Marta Pineda, su socio Joan Besolí, el cuñado de este Antonio Ramos, su amigo José Colomer y su presunto testaferro Sahe Ohanessian. El escrito de acusación sostiene que los seis conformaron "una estructura estable reforzada por vínculos de amistad y parentesco" que persiguió el "común propósito de obtener importantes beneficios económicos como contraprestación a los riesgos que corrían con su ilícita actividad".

En su declaración de este martes, Rosell se negó a responder al Ministerio Público: "El escrito de acusación de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades que no voy a contestarle". El expresidente del FC Barcelona se limitó así a responder a su abogado, que mencionó las tres supuestas operaciones de blanqueo que denuncia la Fiscalía: la que se centra en Uptrend Developement, la sociedad participada por Rosell y Besolí que hizo de intermediaria en los contratos de derechos audiovisuales para la emisión de partidos de la selección de Brasil; la que aborda la "venta simulada" de Bonus Sport Marketing, una empresa de Rosell y su mujer que con un capital de 4.000 euros fue comprada en 2011 por una mercantil libanesa a cambio de más de 13,5 millones de euros, y la que gira en torno al contrato obtenido por Nike para la esponsorización de la Confederación de Fútbol de Brasil.

En todos los casos, Rosell aseguró que “no hubo comisiones ni legales ni ilegales, solo retribuciones a mi empresa”, insinuando además que la investigación responde a su etapa como presidente del Barça. "No tengo nada que esconder, soy inocente de todo lo que me imputa la Fiscalía y siempre voy a defender mi honor y por supuesto que puedo poner todo mi patrimonio como garantía", sostuvo ante el tribunal al final de su declaración.