El abogado de Rosell critica que lleve más en prisión que La Manada y pide su libertad

El abogado de Sandro Rosell, Pau Molins, ha defendido este lunes ante la Audiencia Nacional que el tribunal "no es competente" para juzgar a su cliente porque los hechos se produjeron en Brasil y Andorra, una intervención en la que ha criticado además que el expresidente del Barça se encuentre en prisión provisional desde "hace casi dos años" cuando acusados "como los de La Manada" ya están en libertad. "Esta situación supone una importante lesión no solo a su libertad personal, sino también al derecho a la defensa, a un juez imparcial y a la presunción de inocencia", ha denunciado Molins a la hora de pedir la nulidad de las actuaciones y que su cliente abandone la cárcel.

El abogado ha tachado de "mero artificio" la acusación de la Fiscalía, que solicita 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros para Rosell al considerar que lideró una organización criminal que, entre 2006 y 2011, blanqueó cerca de 20 millones de euros del que fuera presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Terra Teixeira. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anunciado al término de la sesión que resolverá este martes las cuestiones previas, tras lo que comenzará el interrogatorio de los acusados.

Junto a Rosell, en el banquillo se sientan su mujer Marta Pineda, su socio Joan Besolí, el cuñado de este Antonio Ramos, su amigo José Colomer y su presunto testaferro Sahe Ohanessian. El escrito de acusación sostiene que los seis conformaron "una estructura estable reforzada por vínculos de amistad y parentesco" que persiguió el "común propósito de obtener importantes beneficios económicos como contraprestación a los riesgos que corrían con su ilícita actividad", una supuesta trama que habría operado en Brasil, Andorra y España.

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Frente al escrito de la Fiscalía, la defensa de Rosell ha asegurado que la acusación se basa en tres operaciones de presunto blanqueo y que la jurisdicción española solo tiene competencia para juzgar la última, ante lo que pide el archivo de las otras dos: la que gira en torno al contrato obtenido por Nike para la esponsorización de la Confederación de Fútbol de Brasil y la que se centra en Uptrend Developement, la sociedad participada por Rosell y Besolí que hizo de intermediaria en los contratos de derechos audiovisuales para la emisión de partidos de dicha selección. "Las dos fueron realizadas fuera del territorio sin ningún punto de conexión con España", ha argumentado el abogado, apuntando en este sentido a Brasil y a Andorra, donde "no existe el delito de corrupción privada".

La defensa de Rosell solo acepta así que se juzgue la tercera operación, aquella en la que se efectuó —según la Fiscalía— la "venta simulada" de Bonus Sport Marketing, una empresa de Rosell y su mujer que con un capital de 4.000 euros fue comprada en 2011 por una mercantil libanesa a cambio de más de 13,5 millones de euros. "La aparente venta de BSM facilitó a los acusados Rosell y Pineda una fuente abierta de ingresos prolongada en el tiempo que les facultaba a recibir transferencias en sus cuentas bajo una falsa apariencia", sostiene el Ministerio Público, que considera que el dinero provenía también de mordidas pactadas con Terra Teixeira durante su etapa al frente de la Confederación de Fútbol de Brasil.

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Aunque Molins ha reconocido la competencia de los tribunales españoles para abordar esta última operación, al mismo tiempo ha defendido que "no guarda ninguna relación con las dos anteriores" y que "querer presentar como miembros de una única organización criminal a estas personas es un mero artificio"; "una abrazadera totalmente forzada para intentar mantener la competencia de los tribunales españoles en las tres operaciones". En la misma línea, el letrado ha denunciado que en esta última operación no se trata de "delitos cometidos fuera del territorio nacional", por lo que la Audiencia Nacional "no es competente" para juzgarlo y debe dejarlo en manos de los tribunales de aquella provincia en la que se produjo la misma: Barcelona.

En respuesta al abogado, el fiscal José Javier Polo ha afirmado que "no se trata de una persecución personal de ninguna clase" contra Rosell y que los hechos investigados sí de contemplan en el Código Penal de Brasil y Andorra: "Existe un procedimiento precisamente en Brasil contra Terra Teixeira por los hechos que aquí se juzgan", ha recordado el Ministerio Público. Polo ha argumentado que "no es culpa del Ministerio Fiscal que las cuentas [utilizadas para el blanqueo] estén en Andorra", aspecto que en ningún caso evitará que se hagan cargo de lo ocurrido: "Ya sabrán los que han movido por qué tienen ese dinero en Andorra". Al final de su intervención, el fiscal ha abordado además las críticas contra la prisión provisional de Rosell, que "en ningún caso vulneran sus derechos" y que, según ha dicho, puede ser "modificada en cualquier momento".

"Jueces, no justicieros"

Una vez terminado el turno de Molins, la defensa de Joan Besolí, el socio de Rosell para el que se piden 10 años de cárcel, ha tomado la palabra. “Que los jueces sean jueces y no justicieros”, ha lanzado el abogado Andrés Maluenda ante el tribunal, una afirmación que recuerda a las pronunciadas durante las últimas semanas en el juicio del 'procés'. El letrado ha seguido la misma línea que Molins y ha cargado contra el exfutbolista y actual senador brasileño Romario de Souza, quien acusa al ex presidente del Barça de haberse apropiado de parte del dinero que debía percibir la selección brasileña de fútbol por la disputa de algunos encuentros amistosos. “La credibilidad de Romario está en tela de juicio”, ha sentenciado Maluenda.

De todos modos, el abogado de Besolí ha ido un paso más allá que el de Rosell y ha criticado a la propia Audiencia Nacional por su "mimetismo" ante la investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pesquisas en las que “no se ha discutido ni una coma”. También ha denunciado las escuchas telefónicas a los acusados porque considera que "el resultado es que en los 30 días no obtienen nada [los investigadores]", afirmación en la que ha evitado mencionar cómo la Audiencia Barcelona ha ordenado reabrir recientemente un caso que salió a la luz gracias a las conversaciones telefónicas que fueron intervenidas: el del trasplante de hígado a Abidal.