El TSJC cita como imputado al ex número dos de Junqueras por la organización del 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigado el 1 de marzo a Josep María Jové, el que fuera mano derecha de Oriol Junqueras, por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El TSJC destaca en este sentido la agenda que le fue incautada al político en 2017, una Moleskine en la que Jové, entonces secretario general de Vicepresidencia del Govern, explicaba los pasos que siguió el bloque independentista desde febrero de 2015.

Las anotaciones que constan en esta agenda las investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona desde 2017, pero al tratarse de un diputado y estar aforado, dicho tribunal no podía imputar a Jové. La magistrada Maria Eugènia Alegret, del TSJC, órgano que sí tiene competencia para imputarle, aceptó entonces el pasado noviembre investigar a Jové al considerar que pudo participar en el "comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern" y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la independencia tras la realización de un referéndum de autodeterminación.

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En el caso de Jové, el TSJC cree que existen indicios que lo relacionan "con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum convocado por el Govern". Para el TSJC, también existe una "eventual responsabilidad" de Jové en la organización del referéndum, en el que "se invirtieron, directamente o mediante personas interpuestas, fondos públicos, o bien se comprometió el correspondiente gasto, por una suma aún por determinar", lo que considera que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.

Archivan la causa contra el 'conseller' de Interior

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha archivado a su vez este lunes la causa contra los dos políticos que lideraron el apoyo de los ayuntamientos de Cataluña al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Neus Lloveras Massana y Miquel Buch i Moya. El ministerio público se querelló contra ellos por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en septiembre de 2017, cuando Lloveras era alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y Buch de Premià de Mar, para lo que subrayaba el papel que ambos jugaron en el 'procés' a través de las organizaciones que presidían: la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas respectivamente. Al margen de sus responsabilidades a nivel municipal, Buch ejerce como 'conseller' de Interior de la Generalitat de Cataluña desde el pasado junio, mientras que Lloveras sigue como regidora en Vilanova i la Geltrú.

En la querella de septiembre de 2017, la Fiscalía se apoyaba en tres correos electrónicos que ambos enviaron entre los días 6 y 12 de septiembre a diversos ayuntamientos desde sus asociaciones, mensajes "en los que se trataban cuestiones vinculadas con la celebración el siguiente día 1 de octubre del referéndum". Aunque el último de ellos se mandó después de que el Tribunal Constitucional ya hubiese ordenado frenar cualquier actuación encaminada a la preparación de la consulta, el TSJC considera en su auto que "ninguno de los actos objeto del presente procedimiento presenta las notas características del delito de desobediencia grave imputado a los investigados, lo que debe acarrear el archivo de las presentes diligencias previas".