deberá revelar el coste de su gira americana

Transparencia censura a Sánchez por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no considera válida la "clasificación previa" de los viajes del presidente del Gobierno para no informar de su coste y acompañantes

Foto: Sánchez charla en el Airbus presidencial con los periodistas del viaje a América Latina. Presidencia deberá informar del coste y los acompañantes del viaje. (EFE)
Sánchez charla en el Airbus presidencial con los periodistas del viaje a América Latina. Presidencia deberá informar del coste y los acompañantes del viaje. (EFE)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) lo tiene claro: el gasto de los viajes de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es de interés público y, por tanto, ha de publicarse. La institución encargada de velar por la transparencia en España acaba de censurar por segunda vez la aplicación extensiva y general de la Ley de Secretos Oficiales por parte de La Moncloa para no informar sobre el coste de los viajes de Sánchez y las personas que lo acompañan. Si hace un mes el CTBG instaba a Presidencia a facilitar a Servimedia el gasto del desplazamiento de Sánchez a Castellón en julio para asistir al FIB de Benicássim, ahora hace lo propio con una solicitud presentada por El Confidencial relativa al coste y acompañantes de la gira del presidente por América Latina en agosto. Presidencia aún tendría la opción de recurrir a los tribunales o, sencillamente, ignorar la resolución del CTBG –la institución no tiene capacidad inspectora ni sancionadora para hacer cumplir sus decisiones– para no facilitar esta información.

Fuera de la actividad política del presidente, los frecuentes viajes de Pedro Sánchez en helicóptero y avión oficial han sido objeto de numerosas críticas y preguntas parlamentarias por la oposición. En todas ellas, Presidencia se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en las postrimerías de la dictadura franquista y cuya reforma a instancias del PNV está paralizada en el Congreso, para no revelar detalles de estos desplazamientos. Los partidos de la oposición han rechazado la clasificación de esta información, una crítica a la que ahora se ha sumado también el Consejo de Transparencia.

“La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno pretende dotar la consideración de clasificada, con carácter general, a la información sobre viajes del Presidente del Gobierno; argumento que, como ya hemos indicado, no considera válido este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, señala la resolución firmada por el presidente en funciones, Javier Amorós –el Congreso aún no ha nombrado un sucesor oficial de Esther Arizmendi, fallecida hace más de un año–. Y añade: “No podemos entender que partimos de una clasificación previa de la información relativa al viaje desarrollado y que, por lo tanto, no pudiera proporcionarse los datos de los participantes en el mismo”.

En cuanto al coste de los desplazamientos de Pedro Sánchez, el CTBG recuerda que “los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía”.

Los datos solicitados, de indudable interés público, obedecen a los principios de la LTAIBG: la rendición de cuentas por los actos de responsables públicos

“Entendemos que los datos solicitados, de indudable interés público, obedecen a los principios en los que se basa la LTAIBG [Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno] y a la finalidad para la que la misma ha sido adoptada: la rendición de cuentas por la actuación de los responsables públicos”, sentencia la resolución.

Presidencia dispone ahora de un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar a El Confidencial la información sobre el gasto y las personas que acompañaron a Pedro Sánchez en la gira por Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica durante la última semana de agosto. En caso contrario, puede acudir a los tribunales –del centenar de denuncias presentadas contra el CTBG, el 70% son de administraciones y empresas públicas– o directamente ignorar la resolución, una práctica cada vez más extendida entre los ministerios.

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