La UDEF revela que un exconsejero andaluz 'robó' 3,6 millones de los cursos con Griñán

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha acreditado que el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) se quedó con 3,6 millones de euros de subvenciones públicas para la formación de desempleados. Los fondos iban destinados a los profesores que tenían que impartir los cursos, pero el exdirigente socialista utilizó una sociedad instrumental y centenares de facturas falsas para apropiarse del dinero, según consta en un nuevo informe al que ha tenido acceso El Confidencial. El engaño funcionó al menos entre 2010 y 2012, pero la Junta nunca apreció ninguna irregularidad, ni siquiera cuando uno de los docentes le advirtió del fraude en 2011. La Administración autonómica que entonces dirigía José Antonio Griñán metió la denuncia en un cajón.

La prueba clave que ha permitido a los expertos en delitos económicos de la Policía reconstruir esa operativa son dos archivos de Excel encontrados en los ordenadores del Grupo Prescal, el 'holding' que montó Ojeda Avilés cuando abandonó la política para dedicarse de lleno al lucrativo negocio de las ayudas para la formación de desempleados. Solo entre 2008 y 2013, en plena crisis y con el paro disparado en Andalucía, su entramado societario (que incluía fundaciones, asociaciones y decenas de mercantiles) captó 52,6 millones de euros.

El hallazgo se centra en la gestión de 18 de esos millones. La normativa andaluza estipulaba que el 40% de las ayudas para cursos debía destinarse a la contratación de los profesores. Según consta en un nuevo informe de la UDEF incorporado a la pieza separada sobre la trama de Ojeda Avilés, que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los agentes han descubierto que Prescal pagaba a sus docentes el porcentaje de la subvención que fijaba la ley, pero luego empleaba una segunda mercantil, Serpro SL, para contrafacturarles un importe equivalente al 50% de sus salarios. Como excusa, utilizaba la prestación de servicios inexistentes.

En total, el exconsejero socialista, que está imputado por los delitos de fraude en las subvenciones, falsedad documental, integración en organización criminal y blanqueo de capitales, se habría apropiado por esa vía de 3.618.537 euros de fondos públicos concedidos por gobiernos de su mismo partido. Los archivos de Excel contenían todos esos movimientos. Junto a los nombres de los 815 profesores que Ojeda Avilés llegó a tener en nómina en las ocho provincias andaluzas, figuraban los cursos y las horas lectivas que impartió cada uno. También aparecían sus salarios oficiales y la cantidad que luego les recobraba mediante Serpro SL. La contrafacturación era obligatoria. Los profesores que se negaban a devolverle una parte de la nómina dejaban de trabajar para Prescal. El método estaba tan institucionalizado que Ojeda Avilés les impuso la domicilización bancaria de su impuesto revolucionario. Según las pesquisas, el exdirigente habría diseñado ese mecanismo con la ayuda del abogado Fernando Yélamos.

Los archivos descubiertos pueden ser definitivos. La Policía ha confirmado la veracidad de las hojas de cálculo tras realizar más de un centenar de interrogatorios en los que han participado agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF y efectivos de las comisarías provinciales de la misma unidad. Los elegidos han sido los profesores que más horas trabajaron para Prescal. Todos, sin excepción, han ratificado que las cantidades que aparecen en las tablas de Excel se corresponden con los salarios que percibieron en un primer momento y con las cantidades que tuvieron que reintegrar después.

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Los expertos en delitos económicos de la Policía, que rastrean la red de Ojeda desde agosto de 2014, también han corroborado las excelentes relaciones que mantenía Ojeda Avilés con los altos cargos de la Junta encargados de licitar las ayudas para desempleados. El presunto cerebro de la trama envió una carta al jefe de servicio de Programas para el Empleo, Pedro Legerén Aller, destinado en la actualidad en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para ponerle al día de las últimas gestiones que había realizado. “Siguiendo tu consejo”, le escribió Ojeda Avilés, “te informo [de] que ya me he puesto en contacto con los delegados [de Empleo de la Junta] de Sevilla y Cádiz, informándoles de las distintas propuestas presentadas, para que nos tengan bien colocados en la parrilla de salida (…) Esperando que esta gestión dé sus frutos, un fuerte abrazo”, recoge el nuevo informe al que ha tenido acceso este diario y que ya está en poder de la jueza María Núñez Bolaños.

La instructora ya recibió el pasado junio otro informe de la UDEF en el que se analizaban los numerosos correos que Ojeda Avilés cruzó con “determinados cargos y empleados de la Junta de Andalucía, algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del Servicio Andaluz de Empleo”, el organismo que centralizaba la concesión de las ayudas. A juicio de los investigadores, del contenido de las comunicaciones se desprende como mínimo “un posible tráfico de influencias”. Como adelantó este diario en 2014, hasta 17 altos cargos de los gobiernos de Manuel Chaves y Griñán le habrían otorgado ayudas.

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La UDEF apunta en su informe, remitido al juzgado el pasado 26 de octubre, que esa intensa relación con la Administración socialista podría ser uno de los motivos por los que la trama de Ojeda Avilés operó durante tantos años, a pesar de las señales de alerta que llegaron a la Junta. Uno de los profesores interrogados, E. C. R., relató que en 2011 denunció “el proceso irregular de facturación y contrafacturación” a un técnico del Departamento de Formación Profesional para el Empleo en la provincia de Cádiz, M. A. F. S. El docente aportó los correos que remitió al funcionario, pero este nunca le contestó. La Policía atribuye ahora al empleado público un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Los 3,6 millones de euros acreditados por la UDEF son provisionales. Aún quedan por analizar expedientes de ayudas adjudicadas a Prescal por valor de otros 34 millones de euros, gran parte para los antiguos trabajadores de Delphi. Además, las averiguaciones realizadas en los cuatro años de instrucción han permitido detectar otras estafas, como facturación circulante entre empresas del grupo, facturas falsificadas e infladas, simulación de presupuestos y falsas ofertas y material reutilizado y cargado a la Junta varias veces como si fuera nuevo.