El PSOE puso la Junta al servicio de Ojeda: 17 altos cargos le suministraron fondos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tratade aislar al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés (1987-1990), el primer alto cargo socialista detenido en la operación Edu, hasta convertirlo en un simple paria. Díaz no sólo ha forzado su salida del PSOE-A. También le ha acusado de tener un comportamiento “impresentable, deleznable y repugnante”. Pero ese discurso choca con las primeras conclusiones de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores. En sólo cuatro años, al menos 17 altos cargos diferentes de la Administración andaluza concedieron ayudas a su trama. Ojeda Avilés no sólo no era un apestado, como afirma ahora Susana Díaz, sino que disfrutó de la estrecha y fecunda colaboración de los gabinetes de Manuel Chaves y José Antonio Griñán para poder alimentar su presunta máquina defraudadora.

Al menos tres consejeros de Empleo andaluces favorecieron el acceso de Ojeda Avilés a fondos públicos para formación. El primero de ellos fue Antonio Fernández (2004-2010), imputado en el caso de corrupción de los ERE. Su rúbrica figura en varias de las resoluciones de adjudicación que más beneficiaron al entramado del exconsejero de Hacienda. El 24 de septiembre de 2009, por ejemplo, autorizó de una tacada el pago de 16.855.132 millones de euros a seis asociaciones y fundaciones controladas por Ojeda. Menos de un año después, el 10 de marzo de 2010, Fernández le otorgó otra ayuda de 1.877.502,56 euros.

El sucesor de Fernández en Empleo, Manuel Recio (2010-2012), actual diputado del PSOE en el Parlamento andaluz e imputado también en el caso de los ERE, contribuyó igualmente a engordar el patrimonio del detenido por la UDEF. El 16 de diciembre de 2010, Recio firmó una resolución que dio a cinco asociaciones diferentes, aunque todas ellas propiedad de Ojeda, una subvención de 7.290.861 euros. Hasta el último euro de esa convocatoria acabó en las cuentas de su trama.

El tercer consejero de la Junta que habría ayudado a Ojeda Avilés es el sucesor de Fernández y Recio al frente de la cartera de Empleo, Antonio Ávila (2012-2013), que también ocupa actualmente un escaño en el Parlamento andaluz. Ávila es el autor de la resolución del 11 de diciembre de 2012 que habría permitido que el exconsejero de Hacienda socialista no tuviera que justificar el destino de 45 ayudas para cursos, favoreciendo así la malversación de esos fondos.

El papel de los directores generales

Ojeda también disfrutó durante años de la ayuda de otros dirigentes de la Junta. El director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, Andrés Sánchez Hernández (2010-2011), fue uno de los que más le benefició. El 31 de enero de 2011, Sánchez firmó una resolución que asignó a la Fundación para el Desarrollo y la Integración de Inmigrantes del exconsejero de Hacienda 131.625 euros para cursos. La cuantía no es muy elevada, pero ese mismo día Sánchez firmó una segunda resolución que transfirió a Ojeda nada menos que otros 11.184.167 euros para formación a través de varias de sus sociedades (Hasa Sevilla Asistencial, Asociación para la Sociedad de la Innovación Innova, Prevención de Riesgos y Seguridad de la Calidad Prescal y Qualitaire Consulting, entre otras).

Por supuesto, a Ojeda Avilés le siguieron llegando los fondos públicos para cursos cuando en junio de 2012 se situó al frente de la Dirección General de Formación Profesional su cuñada María Teresa Florido Mancheño. Aunque ella siempre ha negado que concediera fondos a su cuñado, figura como la responsable de abundantes convocatorias que claramente beneficiaron a las empresas del exconsejero. Por ejemplo, el 21 de marzo 2012, Florido aprobó cuatro resoluciones que adjudicaron más de 5 millones de euros en subvenciones a la red societaria de su familiar.

Vídeo: El fraude de los cursos de formación sigue creciendo

Al menos otros tres directores generales de Formación Profesional (hubo cinco diferentes entre 2008 y 2012) habilitaron asimismo fondos para las firmas de Ojeda. Se trata de Juan Manuel Fuentes Doblado, María José Lara González y Manuel Brenes Rivas.

La red provincial de la Junta

Además de esos ocho responsables políticos del más alto nivel, otros cargos de confianza de la Junta también abastecieron con subvenciones a Ojeda. Las ayudas más jugosas se tramitaban directamente a través de la Consejería de Empleo y la Dirección General de Formación, pero una parte sustancial de los fondos era repartida en un nivel inferior por las delegaciones provinciales de Empleo, cuyos responsables eran nombrados a dedo por el Ejecutivo autonómico socialista.

Entre 2008 y 2012, Ojeda Avilés logró que los directores y secretarios provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba (Antonio Fernández Ramírez), Cádiz (Juan Bouza Mera), Almería (Francisca Pérez Laborda), Jaén (Irene Sabalete Ortega), Huelva (José Martínez Iglesias, Eduardo Candau Camacho y Eduardo Manuel Muñoz García) y Sevilla (Antonio Rivas Sánchez y Aurora Cosano Prieto) impulsaran una cantidad ingente de resoluciones con ayudas directas a la red fraudulenta que ha reventado la Policía Nacional.

Sin duda, la operación Edu choca con el discurso que está tratando de mantener la presidenta de la Junta de Andalucía desde que se produjo la detención de Ojeda el pasado 4 de agosto. Díaz insiste en que el exconsejero de Hacienda es el único culpable de este escándalo. Pero parece evidente que Ojeda no habría podido atesorar el patrimonio multimillonario que ahora investiga la UDEF sin la colaboración coordinada de al menos 17 altos cargos decasi toda Andalucía nombrados por Chaves y Griñán.