disfrutarán de 36 días de permiso al año

De 'muy peligrosos' a 36 días de vacaciones: la otra vía para beneficiar a presos de ETA

Algunos reclusos de la banda están siendo acercados a cárceles del País Vasco al tiempo que se modifica su régimen de internamiento. ¿Estamos ante una nueva estrategia penitenciaria?

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de agosto. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de agosto. (EFE)

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con su plan de acercar a presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco. El presidente del ejecutivo anunció el pasado junio que prevé trasladar a reclusos de la organización armada siempre de manera individualizada y cumpliendo la legislación. En la misma línea se expresó el pasado 29 de agosto en el congreso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien insistió en que solo se acercarán internos sin delitos de sangre y que todo movimiento relacionado con esta iniciativa se enmarcaría dentro de la normativa vigente. No en vano, el ejecutivo ya ha acercado a casi media docena de reclusos de la banda desde que tomó posesión.

Sin embargo, la decisión de trasladar presos a cárceles del País Vasco no viene sola, sino aparejada en ocasiones de una modificación del régimen de internamiento. La reclusa Marta Igarriz Iceta —que está en prisión por alojar al comando Amaiur de ETA y esconder explosivos—, por ejemplo, fue trasladada de la prisión de Castellón a la de Logroño el pasado septiembre, tan solo unos días después de que el juez de vigilancia penitenciaria le concediera su paso a segundo grado, cosa que se hizo efectiva el pasado 9 de agosto.

Los que fueran miembros del comando Vizcaya de ETA, Olga Sanz y Javier Moreno, por su parte, fueron trasladados de prisión por las mismas fechas, desde la cárcel de Asturias hasta la de Basauri. Ambos, además, pasaron de segundo al tercer grado, régimen también denominado de semilibertad. El propio ministro Marlaska justificó esta modificación en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de agosto. "Cuando hay un tercer grado o cuando se le concede el tercer grado (a un interno de ETA) ya se sabe que el lugar adecuado y razonable donde tiene que estar es donde tiene o va a tener su residencia, porque si no qué hace si le dejamos en Asturias, ¿sale por la mañana, vuelve por la noche y qué hace durante el día? Allí es mucho más difícil que puedan encontrar un trabajo porque no tiene nexos personales y sociales. Lo lógico es el acercamiento; es decir, el acercamiento iba de suyo con la propia concesión del tercer grado", explicó.

Marlaska detalló también durante la misma comparecencia que actualmente hay 233 presos etarras en las cárceles españolas (205 hombres y 28 mujeres). De ellos, 203 se encuentran en primer grado, 28 en segundo y solo dos en el tercero, los mencionados Sanz y Moreno. Fuentes penitenciarias actualizan esos datos a fecha del pasado 10 de octubre y sitúan en 202 el número de internos en régimen cerrado (primer grado) y en 29 el de reclusos clasificados en segundo grado. Argumentan que no ha habido ningún otro cambio de régimen y que el descenso de 203 a 202 se debe a alguna excarcelación de la que no pueden dar cuenta porque estos casos desaparecen de las estadísticas que maneja el Ministerio.

Otras fuentes penitenciarias no oficiales explican que medio centenar de esos 203 internos clasificados en primer grado se encontraban en régimen cerrado en módulos especializados de las prisiones de Ávila, Puerto 3, Castellón 2, Córdoba, Teixeiro, Albolote, Huelva, León, Soto del Real, Estremera, Sevilla 2 y Soria. El resto de presos en primer grado estaban encerrados en módulos residenciales, no preparados para las estrictas condiciones del régimen cerrado, aunque haciendo vida como tal clasificación.

Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que, en paralelo al acercamiento de presos admitido abiertamente por Marlaska —quien dijo que "claro que se producirán" estos movimientos—, el Gobierno tiene la intención de pasar de primer a segundo grado a un grupo de reclusos de la organización que estiman podría llegar a la treintena. Se trata de una decisión que no requeriría de ningún tipo de modificación normativa, que puede hacerse en el marco de la actual legislación y que ni siquiera exige que los condenados se arrepientan, pidan perdón o muestren su pesar por los crímenes cometidos, argumentan las mismas fuentes.

Desde Interior, sin embargo, niegan tal extremo. "No existe ningún plan paralelo de ningún tipo", destacan fuentes oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias consultadas por El Confidencial. Estas contrastan con las sospechas que tienen algunas asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, asegura que los acercamientos de presos están yendo acompañados de cambios de grado que en algunos casos no son necesarios. Critica asimismo que la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior se ha convertido en una oficina para comunicar a las víctimas el traslado de reclusos. A este último departamento, de hecho, se ha incorporado como subdirector el que fuera máximo responsable de Instituciones Penitenciarias con el Partido Popular, Ángel Yuste.

En la práctica, el salto de primer a segundo grado significa pasar de un régimen cerrado —en el que las visitas y las salidas están restringidas y que está diseñado para reclusos especialmente peligrosos— a otro que permite disfrutar de hasta 36 días de permiso al año, lo que para muchos presos representa un salto cualitativo de gran envergadura, dado que no han abandonado nunca los muros de la prisión desde que fueron encerrados.

"En cumplimiento de la legalidad, la administración penitenciaria (...) tiene la obligación de propiciar un conjunto de actuaciones encaminadas a conseguir la reeducación y reinserción social de los penados, de forma que, cumplida la condena, dicho penado pueda retornar a la sociedad con la capacidad y la voluntad de vivir respetando la ley; esta obligación legal no desaparece respecto a internos vinculados a la banda terrorista ETA; aquellos que han dado muestras de una evolución positiva y que han aceptado la legalidad penitenciaria cumpliendo las exigencias legales han podido ser progresados de grado y destinados a centros más próximos al entorno familiar del interno", explicó en la mencionada comparecencia el ministro Marlaska, quien no especificó más allá, a pesar de la insistencia de la portavoz de Bildu en la cámara baja, Marian Beitialarrangoitia, en que abordara la progresión de grados.

"Eso es lo que hemos oído por activa y por pasiva en los últimos meses: cambiar la política penitenciaria de excepción aplicada a los presos políticos vascos (...) y, por tanto, dejar de obstaculizar también que los presos salgan del primer grado, ya que lo único que se requiere para ello es que el interno no muestre extrema peligrosidad y tenga capacidad para adaptarse al régimen ordinario, si miramos la ley", reclamó la diputada, quien acusó a Marlaska de confundir a conciencia. "No es un privilegio, es un derecho del Estado que quizás tenga, como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una interferencia legítima, pero están tasadas esas interferencias legítimas; y en nuestro ordenamiento los criterios que se aducen no son de interferencia legítima, sino de progresión en grado, que es otra cosa totalmente distinta; por tanto, tengo que decir que (...) ha jugado a dos barajas, a dos partidas distintas sobre la misma mesa", señaló Beitialarrangoitia.

"Usted ha intentado de alguna forma contestarnos (...) en el sentido de que una cosa es el acercamiento y otra la progresión de grado y todo lo que tiene que ver con el expediente individual de cada uno de los presos. Pero ha terminado prácticamente su intervención diciendo que se va a hacer un análisis individualizado para ver si se produce acercamiento o no. Aclárense. ¿Van los dos temas unidos o no?", insistió la diputada, que recibió la callada por respuesta.

Según el Reglamento Penitenciario, los internos clasificados en primer grado son aquellos que muestran una "peligrosidad extrema" o una "inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada". Para tomar la decisión de ubicar a un recluso en este régimen, la normativa obliga a tener en cuenta factores como la gravedad de los delitos cometidos y el modo en que los cometió, si tiene una personalidad agresiva, violenta o antisocial, la pertenencia a organizaciones armadas y el hecho de que sigan acatando su disciplina, su participación en motines, amenazas, agresiones o coacciones entre rejas, la comisión de infracciones de forma reiterada, la posesión de armas o de drogas en prisión.

En segundo grado, continúa el reglamento, serán clasificados aquellos en los que "concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad", que es como se denomina coloquialmente el tercer grado, un régimen que la misma norma reserva a aquellos "internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, están capacitados" para asumirlo. El mismo reglamento, en su artículo 112, subraya que el personal técnico de la prisión será el encargado de observar el comportamiento de los internos con el fin de determinar si es pertinente modificarle el régimen. Los presos de la banda terrorista ETA han sido históricamente clasificados en primer grado por la amenaza que han representado para el estado durante más de 40 años.

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