Los gobiernos de Zapatero y Rajoy inflaron las expulsiones de inmigrantes por delinquir

Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy inflaron las cifras sobre expulsiones de inmigrantes desde 2009 hasta 2016, coincidiendo con los mandatos de Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. La información se fue publicando año tras año en informes oficiales y notas de prensa con el objetivo de subrayar que la mayoría de ‘sin papeles’ eran expulsados por haber cometido algún delito, pero los datos obtenidos por El Confidencial a través de la Ley de Transparencia, con un nivel de detalle nunca publicado hasta la fecha, permiten afirmar que solo un 32% de ellos había delinquido.

Una investigación de este diario demuestra que las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior estaban muy lejos de lo que realmente estaba ocurriendo. Esta institución, primero con Rubalcaba y después con sus sucesores, expulsó durante ocho años a más extranjeros en situación irregular que a delincuentes. Y no al revés. Siete de cada 10 inmigrantes fueron expulsados por no tener permiso de residencia, algo que la Ley de Extranjería considera una simple falta administrativa y no un delito.

Lo único que tienen en común la última versión oficial y las bases de datos obtenidas por este periódico gracias a la Ley de Transparencia son las cifras totales de expulsiones. En el resto de registros no hay similitud con lo que Interior ha venido haciendo público durante casi una década y con gobiernos de distintos colores.

El Ministerio del Interior actual no ha contestado a las preguntas trasladadas por El Confidencial.

Hasta un 70% de alteración en los datos

Esta es la primera vez que se accede a los datos sobre expulsiones de una manera tan detallada: las ejecuciones se desglosan artículo por artículo de la Ley de Extranjería y el Código Penal. Unos datos tan específicos que ni siquiera aparecen en los balances anuales sobre inmigración ilegal.

En el periodo entre 2009 y mediados de 2011, la distinción oficial ejecutada por la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Antonio Camacho, diferenció entre expulsiones cualificadas (relacionadas con actos delictivos) y no cualificadas (por estancia irregular en el país). Después, esta práctica continuó bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz hasta 2016, cuando la categorización de los datos desaparece.

Gracias a este nivel de detalle ha sido posible analizar, uno por uno, los registros que se han ido añadiendo en estos ocho años en que se expulsó a más de 69.775 individuos, de los cuales dos de cada tres eran extranjeros viviendo irregularmente en España, una falta administrativa que no constituye un delito, tal y como se contempla en la Ley de Extranjería. Tan solo el 32% restante implicaba a personas vinculadas con la comisión de algún delito, las conocidas como expulsiones cualificadas.

Estas cifras no cuadran con lo publicado en aquellos años en los balances de la lucha contra la inmigración irregular ni en las notas de prensa posteriormente defendidas en el Congreso de los Diputados. De hecho, las dos versiones de las cifras bailan entre un 36 y un 75% dependiendo del año.

La mitad de lo que se daba

Basta con elegir un año al azar para observar que la cifra real de expulsiones por estancia irregular supera a la que la Policía citaba por aquel entonces en sus balances oficiales. En enero de 2012, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió ante el Congreso de los Diputados que las expulsiones cualificadas (por la comisión de algún delito) habían aumentado significativamente, “pasando de un 57% en el año 2009 al 80% el pasado año”.

Sin embargo, en 2011 hubo tan solo 3.585 expulsiones de este tipo (32%), cuando las ejecutadas por no tener papeles alcanzaron las 7.600, de acuerdo a los datos proporcionados por el propio Ministerio del Interior a este medio. Sin embargo, en el balance oficial de aquel año aparecen 9.114 expulsiones cualificadas (80%) frente a 2.244 por estancia irregular. En otras palabras: las expulsiones por no tener los papeles en regla triplicaban lo que los balances mostraban y las ejecutadas a delincuentes extranjeros "vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad que supone una amenaza para la seguridad pública" realmente no llegaban a la mitad de lo señalado en las estadísticas oficiales.

Otra prueba es 2015, cuando se ejecutaron en total 6.869 expulsiones de ambas categorías. La versión oficial rezaba que el 81% de esta cifra implicaba a delincuentes, bien porque un juez había decidido la expulsión del extranjero como parte de la condena que se le había impuesto (89.1 del Código Penal) o bien porque había cumplido una condena de cárcel superior a un año y las autoridades policiales abrieron orden de expulsión (tal y como dicta el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería).

Para que estas expulsiones alcanzaran este porcentaje, deberían sumar un total de 5.563. Aplicando los artículos específicos que dictan ejecutar este tipo de expulsiones —tal y como indican en peticiones de transparencia expertos y abogados— a la base de datos proporcionada por Interior, la cifra se sitúa en las 3.541, un 36% menos que el número que da el balance.

La fuente original, desconocida para la Policía

Durante la investigación, este medio preguntó a través de la Ley de Transparencia el origen de los datos con los que se elaboraron las notas de prensa. La Dirección General de Policía admitió desconocer la base de datos original y si esta se utilizó o no. Solamente se remitieron a los balances de los años 2013 y 2015. En este caso, las cifras tampoco coinciden.

El primer año del que se tiene constancia de la alteración de las cifras es 2009, fecha en la que los balances empezaron a detallarse por categoría y cuando más expulsiones se ejecutaron: 13.278 personas salieron forzosamente del país. Así se repitió hasta 2016. Un año después, este desglose desaparece y los balances pasan de ocupar 16 hojas a tres.

Esta fecha coincidió con los dos últimos años del mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y la filtración en 2009 por parte de la SUP de una circular sobre cumplir un cupo de expulsiones para así demostrar una supuesta efectividad policial. El personal de prensa de la era de Rubalcaba asegura no conocer tal información: ni las cifras infladas ni la filtración de la circular.

Lo que se estaba haciendo era la caza del inmigrante, y el PSOE y después el PP han tratado de ‘blanquear’ esa imagen

En este periodo, las autoridades introdujeron por primera vez los términos 'expulsiones cualificadas' y 'no cualificadas', epígrafes que carecen de reconocimiento al no venir recogidos en ninguna ley o reglamento, tal y como reconoce la Dirección General de Policía a este medio en una petición de información por transparencia.

“Lo que se estaba haciendo era la caza del inmigrante, y el PSOE y después el PP han tratado de ‘blanquear’ esa imagen”, indica Diego Boza, profesor de Derecho en la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración. “La discusión que se había generado dentro de los sindicatos policiales era que había órdenes de detener y cumplir con un cupo de inmigrantes diarios y eso generó a Rubalcaba, como ministro del Interior y del PSOE, justificar que la política de expulsión era solo a los peligrosos”, explica el autor de la tesis ‘La expulsión de personas extranjeras condenadas penalmente’, que ya ponía en relieve esta aparente inflación en los datos oficiales.

Durante el mandato del PSOE con Rubalcaba y Antonio Camacho (desde 2006 hasta 2011), se expulsó a 67.617 personas. El que fuera sindicalista de la Policía Manuel Sánchez Fornet señala que la inmigración en aquel momento pasó a ser “un problema de Estado”.

“Tenían que tener un trato humano y justo, pero en 2009 se produjo un repunte de llegadas de inmigrantes, sobre todo a Canarias, y hubo desbordamiento”, añade. Reconoce, además, que la política de Rubalcaba en la expulsión de inmigrantes fue devastadora: “Habría que ponerlo en contexto, no era gestionable. Se está haciendo todo mal y nadie quiere reconocer la realidad de las cosas”.

Jorge Fernández Díaz continuó con la política de expulsiones. Con él, 38.730 personas acabaron fuera del país desde 2011 hasta 2016. Hoy en día, los tres ministros se encuentran retirados del ámbito político.

Sin noticias de la Brigada de Expulsiones

En el inicio del curso de 2008, Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad hasta mediados de 2011 y después ministro de Interior durante medio año, insistía en que España era "un país seguro" y anunciaba así la creación de la Brigada de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (Bedex), una unidad policial centrada en expulsar del país a “delincuentes reincidentes”. De esta unidad poco se sabe: ni las partidas presupuestarias, ni el tamaño de la plantilla ni los servicios anuales que han prestado aparecen anunciados. Pese a que se ha solicitado información sobre ello a través de la Ley de Transparencia, no se ha obtenido respuesta. Tampoco por parte del Ministerio de Interior.

El TJUE recalcó que no se puede expulsar de un país a un residente de larga duración por la mera razón de ser condenado a más de un año de prisión

De lo hallado, existe una nota de prensa que hace un balance de su primer año trabajado: “En este año de trabajo [2009], los agentes de la Bedex han expulsado a 7.591 delincuentes reincidentes”, en referencia a expulsiones ordenadas judicialmente. En esa nota ya se encuentran varias contradicciones. En los datos obtenidos se demuestra que la mayor parte de las expulsiones era por estancia irregular en el país, un 84% del total, y no por actos delictivos, como anuncian.

Y, además, desglosan los actos delictivos (contra el patrimonio, contra las personas, contra la salud pública) para tres años más tarde reconocer en una respuesta parlamentaria a la socialista Ángeles Álvarez por parte del secretario de Estado para los Cortes, José Luis Allyón, que no se disponía “de datos estadísticos desglosados por especialidades delictivas relativos a las expulsiones cualificadas”.

Sospechas previas sobre los datos

No es la primera vez que se ponen en tela de juicio las cifras sobre expulsiones, pero sí es la primera vez que se obtienen datos para poder demostrarlo. El informe 'Mujeres en el Centro de Internamiento de Extranjeros', del año 2013, pilotado por la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, denunció que los datos que había recibido por parte de la Dirección General de Policía no coincidían con los que aparecían en los balances anuales. “O es falso el discurso oficial o, en comparación con los hombres, las mujeres serían tratadas con mucha mayor dureza”, indicaba el documento.

Las expulsiones como castigo y como herramienta en la política migratoria del país han sido duramente criticadas por oenegés como SOS Racismo: “Se hacen en condiciones inhumanas y de extrema violencia policial, en muchas ocasiones recurriendo a la sedación”, denunciaron el pasado mes de septiembre.

En el ámbito europeo, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo recalcó el pasado año que no se puede expulsar de un país a un residente de larga duración por la mera razón de que haya sido condenado a más de un año de prisión. Una medida que, según los expertos consultados, podría haberse llevado por delante a personas que no deberían haber sido expulsadas.

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