Casado pone su futuro político en manos del abogado que defendió a Rato y Urdangarin

El presidente del PP, Pablo Casado, ha puesto su defensa ante el caso máster en manos del abogado Ignacio Ayala. Ha decidido contratar al prestigioso bufete Oliva-Ayala para que se ocupe de representarle ante el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si abre causa en su contra. No serán los servicios jurídicos del partido los que asuman este papel sino un letrado, al que pagará de su bolsillo, informan fuentes cercanas al líder de la oposición.

Según informan fuentes cercanas a Casado, tomó esta decisión tras valorar que sus problemas en los tribunales son un asunto particular por actividades desarrolladas al margen de sus funciones públicas o en el seno de la formación. Ayala, el abogado escogido, ha representado en los últimos años a conocidas personalidades tanto del área de la política como de la banca o el deporte. Por ejemplo, se ha encargado de la defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa en la que se le investiga por la salida a bolsa de Bankia y la desarrollada por el uso de las tarjetas 'black'.

Socio del bufete, Ayala fue, además, el primer abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos. El despacho, que comparte nombre con Horacio Oliva, ha defendido en los últimos años a Emilio Botín o Jesús Polanco. También representó al jugador del FC Barcelona Lionel Messi. De forma más reciente, Ayala se ha ocupado de los caso abiertos contra el expresidente de Bancaja Ignacio Oliva y el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea.

Casado ha decidido anticipar su defensa ante la próxima decisión del Tribunal Supremo sobre su título en la Rey Juan Carlos y ha remitido un extenso escrito de alegaciones en el que trata de desmontar los argumentos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que le atribuye delitos de prevaricación y cohecho impropio. La presentación de estas alegaciones coincidió con la marea política provocada por la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los argumentos

Como adelantó 'El Independiente', desarrolla a lo largo de 28 folios argumentos contra las conclusiones de la magistrada e incide en la prescripción del cohecho y la imposibilidad de que se le impute por una cooperación en una prevaricación que habrían cometido, en todo caso, otros, y en la que no pudo haber un concierto previo. La jueza instructora detallaba como indicios de este último delito hasta cuatro actos que, en opinión de la defensa del popular, no acreditan esa 'confabulación' anterior para la prevaricación. Considera que acciones como la matriculación y pago de las tasas o la solicitud del reconocimiento de créditos son acciones sin relevancia penal y que la recogida del título que mencionaba la magistrada se efectuó después y nunca antes.

El Supremo ya ha dado un nuevo paso y ha reclamado a la Fiscalía que le informe si, según su criterio, procede o no investigarle por esos hechos. La Sala de Admisión esperará al criterio del Ministerio Público antes de pronunciarse. Ha dado traslado de este escrito de alegaciones y de la exposición razonada de la jueza, que reclamó a principios de agosto que se le citara como investigado ante sospechas de que obtuvo la titulación como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno".