"Es, cuando menos, una pérdida de credibilidad"

El 'error' de traducción contra el juez Llarena: de aplazar la vista a la nulidad

El fallo de transcripción que alega Puigdemont afecta a una cuestión nuclear de la demanda y puede tener consecuencias

Foto: El expresidente catalán Carles Puigdemont (d) ofrece una rueda de prensa el pasado 28 de julio. (Reuters)
El expresidente catalán Carles Puigdemont (d) ofrece una rueda de prensa el pasado 28 de julio. (Reuters)

El cambio en el sentido de las declaraciones del juez Llarena en la versión francesa de la demanda civil presentada ante un tribunal de Bruselas en su contra puede tener repercusiones en el desarrollo del procedimiento. Jueces y fiscales consultados por El Confidencial aseguran que lo que según el equipo de abogados del 'expresident' fue "un error de traducción" provocó un cambio "nuclear" en las afirmaciones del magistrado que, cuando menos, se traduce en una evidente falta de credibilidad ante la instancia belga a la que se recurre.

Este fallo —que, según ha anunciado el letrado Gonzalo Boyé, será subsanado— da alas a la defensa del magistrado, que puede argumentar ahora empleando esta modificación del contenido de las palabras del juez, al que se acusa de dañar el honor y la reputación de los investigados en la causa sobre el 'procés'. Carga así de argumentos al abogado belga que ejerza finalmente la defensa del Reino de España y del propio Llarena en Bélgica, en representación de la Abogacía del Estado.

Las fuentes consultadas avisan que incluso sin que exista una mala fé procesal —es decir, sin que la alteración del sentido de la frase que se pone en boca de Llarena sea intencionada—, el letrado puede reclamar al menos un aplazamiento en la citación prevista para el próximo 4 de septiembre. Esto es porque la variación figura en un punto sustancial de la demanda, presentada, además, en francés en su versión original, que puede incluso cambiar los argumentos de la defensa de Puigdemont.

El 'error' cambia por completo el contenido de la declaración: Llarena pasa de resguardar en castellano la presunción de inocencia de los investigados a asegurar de forma rotunda que han cometido delitos penales. En la transcripción castella reflejada en el escrito, Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' lo estén siendo por motivos políticos y asegura que trata de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal. Dice textualmente, en respuesta a una pregunta sobre si en el procedimiento hay presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados". Sin embargo, en francés, esta prevención del condicional "si es que esto ha sido así" varía a una aseveración. Un "sí, fue así".

Los expertos consultados inciden en que algo así puede emplearse también para forzar una nulidad de las actuaciones. Esto dependerá, por supuesto, de la estrategia que adopte el abogado que sea finalmente contratado. Según ha podido saber El Confidencial, el Ministerio de Justicia ya se encuentra en trámites de formalizar un contrato para que un belga, francófono por tanto, ejerza la doble función de defender al Estado y al magistrado.

Otros de los consultados pintan el escenario más perjudicial para los interereses del 'expresident'. Aseguran que si puede demostrarse que se ha tratado de una simulación deliberada para inducir a error al juez belga en un punto clave, se entraría en el terreno de la estafa procesal, tipificada en el artículo 250 del Código Penal, en caso de que existiera ánimo de lucro con la acción maliciosa. Los demandantes piden un pago simbólico de un euro.

En la demanda se asegura que el juez Llarena ha adoptado, "en el marco de su acción judicial", comportamientos que reflejan su parcialidad y evidencian que tomó partido por la tesis de la acusación contra el Govern cesado por el 155. Agrega además que el juez participó junto a representantes de todos los órganos del Estado en una campaña mediática y de forma intencionada violó con sus declaraciones la presunción de inocencia.

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