El PP veta a Rafa Mayoral como sustituto de Montero en la comisión de secretos oficiales

El veto del PP al dirigente de Podemos, Rafa Mayoral, ha provocado que finalmente sea la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, quien sustituya a Irene Montero, de baja médica, en la comisión de secretos oficiales. Así lo ha votado esta mañana el pleno del Congreso después de que el grupo confederal haya cambiado a última hora la propuesta de Mayoral por la de Belarra, para que pudiese salir adelante con el apoyo de dos tercios de la Cámara baja y no asumir el riesgo de quedarse sin representante para escuchar la comparecencia de esta tarde, a puerta cerrada, del Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. El jefe de los servicios secretos está llamado a comparecer para informar sobre los audios de Corinna que implicarían al rey Juan Carlos en supuestos comportamientos ilegales.

Mayoral ha impulsado durante los últimos días, precisamente, la petición para abrir una comisión de investigación sobre este asunto, con el fin de dilucidar posibles delitos que habría podido cometer el Rey emérito. A esta iniciativa ya han anunciado su apoyo ERC, PDeCAT, PNV, Compromís y Bildu, mientras que los socialistas prefieren esperar a escuchar la comparecencia de Sanz Roldán para tomar una decisión. La presión sobre los socialistas para que sumen sus votos, imprescindibles para la apertura de la comisión, sigue en aumento.

Desde fuentes cercanas al grupo popular han explicado que no se trata de un veto a Mayoral, sino que por costumbre parlamentaria siempre son los portavoces quienes acuden a esta comisión. En este caso, entienden que para mantener esta norma no escrita la representante de Podemos en esta comisión debía ser la portavoz adjunta quien sustituya temporalmente a Irene Montero.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya ha abierto una pieza separada dentro de la operación Tándem para investigar el contenido las grabaciones que el ex comisario José Villarejo hizo a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein en 2015, en las que ésta aseguraba que el rey emérito Juan Carlos I tenía cuentas ocultas en Suiza.

Las formaciones republicanas en el Congreso defienden que se podrían exigir responsabilidades legales al monarca por los actos realizados fuera del ámbito de la Jefatura de Estado, porque su abdicación supondría la "renuncia al privilegio de inviolabilidad por sus actos personales". En esta misma línea, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ya ha solicitado a la Agencia Tributaria que investigue los indicios aparecidos en los medios de comunicación sobre los posibles delitos que habría podido cometer el Rey emérito.