El juez abre la puerta a investigar los negocios del Rey desvelados por Corinna

Los audios de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgesntein en los que esta revela que el rey emérito Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y cobró comisiones de constructoras españolas protagonizan ya una línea de investigación judicial. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió el pasado miércoles una nueva pieza separada en el marco de la operación Tándem con el fin de analizar el contenido de esas grabaciones, recogidas por el comisario jubilado y hoy encarcelado José Manuel Villarejo durante una entrevista que este y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga mantuvieron con la amiga del monarca en su casa londinense en 2015.

La apertura de la pieza es el único extremo que de momento ha sido confirmado de fuentes jurídicas, que no pueden determinar en este punto si el objetivo del magistrado es abordar el contenido de los audios y, por lo tanto, rastrear en los supuestos negocios ocultos que desvela Corinna, o si por el contrario es aclarar cómo fueron realizadas esas grabaciones y si con ellas el imputado comisario Villarejo ha cometido un chantaje al Estado. Otras fuentes aseguran que una pieza se abre sin una idea predeterminada con el fin de averiguar todo lo que se pueda.

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La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, responsable de la investigación de la causa, ha elaborado un informe sobre las cintas incautadas en los domicilios y oficinas del comisario y de sus colaboradores durante los registros efectuados tras detenerle el pasado 3 de noviembre. El documento, realizado por orden del juez, ha servido de base para abrir la mencionada pieza separada. Entre todo este material deberían estar presumiblemente los polémicos audios, publicados la semana pasada por 'Ok Diario' y 'El Español', aunque ni siquiera este extremo está aún confirmado.

Los investigadores deberían hacer necesariamente una serie de comprobaciones durante las pesquisas, como determinar si la voz es realmente la de Corinna, si los hechos a los que esta se refiere fueron realizados por el Rey emérito antes o después de su abdicación e incluso si tienen relación con la trama central que investiga el juez De Egea en el marco de la denominada operación Tándem, que de momento se centra en conocer los supuestos negocios oscuros mantenidos por Villarejo y el comisario Enrique García Castaño, exresponsable de la unidad de escuchas y seguimientos antiterroristas de la Policía Nacional que fue detenido el pasado 11 de julio.

En el caso de que hubiera indicios de delito por parte del monarca y estos fueran referentes a su etapa como emérito, el juez de la Audiencia Nacional no podría continuar investigando, dado que debería inhibirse a favor del Tribunal Supremo, que es el competente para instruir causas relacionadas con personas aforadas, extremo todo este aún muy lejano. A la vez, los investigadores podrían abordar también ese supuesto "chantaje" que el Gobierno ha insinuado que estaría haciendo Villarejo con la publicación de las cintas y que la defensa del comisario ha rechazado a través de un escrito dirigido al titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional en el que argumenta que su cliente no puede haber filtrado nada porque está encarcelado.

El devenir de esta pieza separada dependerá también del impulso que le quiera dar la Fiscalía. La decisión de abrir esta línea de investigación, sin embargo, ha sido tomada por el magistrado al margen del criterio de los dos representantes del ministerio público que están en el caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que sí que tendrán que preparar ahora su postura sobre esta nueva deriva en coordinación con la nueva fiscal general del estado, María José Segarra. Los dos fiscales deberán decidir si impulsan estas diligencias y en qué sentido.

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Anticorrupción, hasta ahora, no ha dado paso alguno con el fin de aclarar los negocios del Rey y desde el principio se ha centrado en Villarejo, García Castaño y el comisario Carlos Salamanca, cuya implicación el juez ha descartado. La Fiscalía sospecha que García Castaño pasaba información policial a Villarejo con la que este elaboraba informes que vendía a sus clientes. Fuentes policiales, sin embargo, explican que ambos comisarios no se hablaban desde hace cuatro años. En concreto, se alejaron a raíz de la publicación de la conversación que ambos mantuvieron con Ignacio González en una cafetería madrileña en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid les pedía parar la investigación del caso del ático de Estepona.

El Gobierno —que puede promover a la fiscal general líneas de actuación—, por su parte, no ha querido promover investigación alguna para conocer la veracidad de los audios ni su alcance penal. Sin embargo, su postura pública ha variado ligeramente de la que mostró nada más hacerse público el contenido de los audios. En ese momento, el Ejecutivo rechazó tajantemente la posibilidad de celebrar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, como reclamaba Unidos Podemos, y zanjó la cuestión diciendo que los audios contenían conversaciones muy antiguas. Posteriormente, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, contra quien también arremete Corinna, anunció que comparecería a petición propia en la comisión de Secretos Oficiales de la cámara baja, una intervención con la que este tratará previsiblemente de poner punto final a la polémica.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su parte, declaró en RNE que llegaría "hasta el fondo" en el asunto, aunque se refería a la supuesta trama de la operación Tándem y a las filtraciones que se han producido en torno a los audios, no a la investigación del contenido de los mismos. Descartaba Interior, según fuentes consultadas por El Confidencial tras esas declaraciones, llevar a cabo una información reservada o una investigación administrativa para averiguar cómo llegaron las cintas a los medios y se remitía a la investigación judicial. "El tema es muy grave, es la utilización del aparato del Estado para obtener determinada información y luego chantajear con ella", señaló Marlaska siempre en referencia a la mencionada filtración y a la operación Tándem y nunca en relación con el contenido de los audios, que en ningún momento abordó el ministro.

Ayer, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, sin embargo, volvió a matizar la postura de la Moncloa y pidió a los asistentes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tener paciencia y escuchar primero al máximo responsable de los servicios secretos. "Vamos a oírle; vamos paso a paso; oigamos al director del CNI y después analizaremos", declaró la ministra. La casualidad política y judicial, además, ha querido que Sanz Roldán comparezca en la cámara baja el mismo día en el que Villarejo está citado para declarar de nuevo ante el juez De Egea.