Traslado e informes finales, antesala del cierre de la causa esta misma semana

El traslado de los presos a Cataluña marcará la antesala del cierre de la instrucción de la causa del 'procés'. La consigna del Ejecutivo de Pedro Sánchez de impulsar el acercamiento a cárceles del territorio de los nueve reclusos que se mantienen en preventiva en el procedimiento que dirige Pablo Llarena —coincidiendo con el final de esta primera parte de las actuaciones— será, finalmente, premonitoria. Interior se ha adelantado por unos días, pero el cerrozajo de esta fase está muy próximo, como anticipa la entrega de los últimos informes sobre la malversación, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El magistrado dictará a finales de esta semana el auto de conclusión del sumario que dará inicio a la segunda fase del procedimiento. Pese a que la instrucción se da por acabada con este escrito, queda aún mucho por delante. La causa cambia, eso sí, de manos y pasa a depender de la Sala de lo Penal del alto tribunal, la instancia que juzgará a los procesados por rebelión, sedición y malversación.

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Ha transcurrido menos de un año desde que el fallecido José Manuel Maza presentara en octubre de 2017 las dos querellas que dieron inicio a todo. El Supremo acabó quedándose con el grueso de la investigación, dejando en manos de la jueza Carmen Lamela la parte relacionada con la actuación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, con el mayor Trapero al frente.

Llarena ya tiene en sus manos el último de los informes que quedaban pendientes sobre el coste del uso de los colegios electoral para el 1-O. En él, se cifra en 900.906,70 euros el valor de los 2.259 inmuebles que el Gobierno de Carles Puigdemont habilitó para el referéndum del pasado 1 de octubre. Según la estimación de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), la renta potencial de los 2.259 inmuebles empleados alcanza esa cantidad.

Las partes solicitaron nuevas declaraciones de testigos antes de ratificar este paso final en la instrucción. No obstante, queda por practicar el acto central de todo el procedimiento, es decir, el juicio oral. Es previsible que argumente que estas nuevas testificales deben llevarse a cabo en la vista que el Supremo quiere celebrar para finales de este año. Solo la posibilidad de que las defensas recusen a magistrados de la sala dilataría ese calendario hasta el próximo 2019.

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¿Qué sucede ahora?

A partir de la próxima semana se abrirá, por tanto, un nuevo periodo del procedimiento. Al ser ordinario, Llarena elevará la causa al tribunal competente, en este caso, la Sala de lo Penal del Supremo. El auto de conclusión de sumario mencionado se notificará a la Fiscalía, a la acusación popular que ejerce VOX y a los 25 procesados en una audiencia a celebrar en un plazo máximo de 10 días.

Se iniciarán, además, nuevas diligencias dirigidas a confirmar o 'tumbar' el último escrito del juez, ese en el que Llarena vertirá todas sus conclusiones definitivas. Toma las riendas el magistrado ponente. En la causa sobre el 'procés', este será el presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, que debe abrir nuevo plazo de alegaciones a las partes. Estas incluso pueden en este punto reclamar que se practique nueva prueba. También expresar lo que consideren sobre la apertura de juicio oral.

De nuevo en manos del ponente y a la vista del criterio de todos, en tres días se dicta nuevo auto en el que se avale o se matice el de conclusión del sumario y que ya da pie a la fase de juicio oral. Será un tribunal de siete magistrados el que los juzgue. Los huidos, también Carles Puigdemont, se sentarán en el banquillo de forma separada, siempre que sean entregados.