El Gobierno se abre a acercar los presos del 'procés' cuando se cierre la instrucción

El Ejecutivo da una patada para delante. No quiere todavía tomar una decisión sobre los líderes independentistas encarcelados. Y no lo hará hasta que concluya la instrucción de la causa contra el 'procés' soberanista. Eso sí, garantiza que "se actuará para bien de todos".

Cataluña volvió a aparecer tras el segundo Consejo de Ministras y Ministros de Pedro Sánchez. No solo por la futura reunión del presidente con Quim Torra, aún sin fecha pero que, en todo caso, será la segunda, dentro de la ronda con los jefes del Ejecutivo autonómicos. También por la situación de los dirigentes secesionistas en prisión provisional.

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Hace una semana, el Gobierno se escudaba en que quien tenía la tutela sobre ellos era el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y por tanto era él quien tenía la potestad de decidir si, como reclaman las formaciones separatistas, podían ser acercados a las cárceles de Cataluña. Ayer jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba en una entrevista en Onda Cero que si el magistrado decidiera ese traslado, el Ejecutivo "podría y debería" evaluar esa medida. Pero Llarena, también ayer, subrayó en un auto que quien tiene la competencia sobre los acercamientos de presos preventivos, como ocurre con los imputados por el 'procés', es Instituciones Penitenciarias. O sea, el Gobierno central.

La portavoz rehúsa adelantar decisiones futuras del Consejo: cuando haya auto de conclusión del sumario, se actuará "para bien de todos"

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, fue preguntada por esta discrepancia entre Marlaska y el juez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Para ella, es una "cuestión de matices". Según explicó, el Gobierno y el magistrado son "conscientes" de que los encarcelados en prisión preventiva están a disposición del juez instructor, de suerte que puedan acudir ante él rápidamente si son requeridos por él. Una vez acabadas las diligencias, dijo, "pueden ser transportados" y ya quedarían bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, que depende orgánicamente de Interior. Es decir, que mientras sigue la instrucción, para "mayor seguridad" de los presos y para "mayor facilidad", conviene que sigan en las cárceles de Madrid, pero cuando acabe esa situación "se actuará para bien de todos".

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Aunque ya hay un auto de procesamiento, lo que no está sobre la mesa es el auto de conclusión de sumario, para el que no hay fecha prevista todavía. El Gobierno se agarra a esa resolución para demorar su decisión. De hecho, Celaá fue preguntada en varias ocasiones pero evitó hablar de decisiones futuras que pueda tomar el Consejo de Ministros. Ni siquiera especificó qué quería decir con la expresión "para bien de todos". Fuentes del Gabinete sí especificaron que una vez que se concluya el sumario, se operará con criterios de "humanidad", pero no "a cambio de nada", ni por la entrevista con Torra. "No tenemos hipotecas", insistían desde La Moncloa. El Ejecutivo, por tanto, se abre a aproximar los presos del 'procés', pero no lo hará de forma inminente.

Celaá avisa de que aunque el Ejecutivo ve con "normalidad" la reapertura de 'embajadas' catalanas, las mantendrá vigiladas por si infringen la ley

Celaá fue preguntada por la reunión de Sánchez con el 'president'. El viernes pasado, ambos conversaron telefónicamente y acordaron verse "muy pronto". Pero aún no hay fecha. La portavoz aseguró que la ronda del presidente con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos comenzará "antes del verano", y especificó que el primer encuentro será con el lendakari, Iñigo Urkullu, y el segundo, con Torra.

¿Por qué ese es el orden? Porque el Gobierno va a agendar esas entrevistas con los presidentes autonómicos siguiendo el orden de aprobación de los Estatutos de autonomía. El primero que se tramitó y publicó fue el vasco, y el segundo, el catalán, ambos en 1979, y por eso Urkullu y Torra serán los primeros en despachar con Sánchez. Luego seguirán los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Andalucía, Susana Díaz, y después Asturias, Cantabria, La Rioja... La pretensión es "normalizar" las relaciones institucionales con todas las comunidades, incluida Cataluña. Se trata de "evitar la tensión", reconoció.

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En ese contexto se enmarca la respuesta del Ejecutivo al anuncio del Govern de reapertura de sus 'embajadas' en el exterior en las próximas semanas. Celaá sostuvo que el Gabinete de Sánchez asiste con "normalidad" y "respeto" esa decisión de Torra y su equipo, pero advirtió de que "obviamente" el Gobierno cuenta con mecanismos para vigilar qué tipo de labor despliegan esas oficinas. "Y en eso estamos". En ese sentido, recordó que este tipo de oficinas también las tienen otras comunidades autónomas para mejorar sus relaciones comerciales con el exterior.

Ya el pasado miércoles, Josep Borrell, ministro de Exteriores, reconoció que el Gobierno no puede prohibir que Cataluña disponga de 'embajadas' en el extranjero, pero sí avisó de que "habrá que ver cuáles son sus actividades". Y, "si vuelven a lo mismo, seremos consecuentes". El Ejecutivo de Mariano Rajoy, en cuanto activó el 155, liquidó el Diplocat, la maquinaria internacional de la Generalitat. Un cierre que el nuevo Govern quiere ahora revertir.