Españoles vs. Puigdemont: los indignados del 'procés' que lo persiguen por sedición

El 30 de septiembre de 2017, P. J. C., de 66 años, salió de su casa en el municipio de Pelabravo (Salamanca) y se dirigió al puesto de la Guardia Civil más próximo, el de Santa Marta de Tormes. Lo hizo para denunciar a Carles Puigdemont Casamajó por los hechos ocurridos "entre el 1 de agosto de 2017" y ese mismo día, constitutivos a su juicio de un "delito de sedición, de los artículos 544, 545 y siguientes del Código Penal". Un agente tomó nota. “Otorgándose la soberanía que no tiene, y robando la soberanía al pueblo español en su conjunto, constituyéndose en convención el Parlamento catalán, aprobaron las Leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica que vienen a sustraer las competencias soberanas de las Instituciones del Estado, impidiendo a estas el normal ejercicio de sus funciones", declaró P. J. C. “Pese a la suspensión de estas leyes rebeldes, el Gobierno catalán ha impulsado actos tumultuarios para impedir el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a los tribunales constituidos conforme a la legalidad estatal". El agente le preguntó si tenía algo más que decir. "Declara que no. Que lo dicho es cierto en lo que se afirma y ratifica”.

La denuncia de P. J. C. podría haberse dormido en un cajón, pero viajó desde Salamanca hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y terminó formando parte de la causa abierta en esa instancia para investigar al Govern por la celebración del 1-O (3/2017), junto a las denuncias de otros ciudadanos anónimos de toda España que en los días más críticos del 'procés' optaron, individualmente y de forma espontánea, por recurrir a los tribunales para tratar de gripar el rodillo independentista.

Este diario ha tenido acceso ahora a estas acciones legales, que habían permanecido en un discreto segundo plano a pesar de que se refieren a los mismos hechos perseguidos por la Fiscalía. Algunos de estos denunciantes anónimos fueron directos al grano. J. M. O., natural de Barcelona, se presentó en los Juzgados de esta ciudad el día de la consulta. Solo necesitó una frase, escrita a mano, para poner su denuncia: “Que a día de hoy 1 de octubre de 2017 se han cedido mis datos sin consentimiento". También dirigió su iniciativa contra Puigdemont, "President de la Generalitat de Cataluya". El Juzgado de Instrucción número 7, en funciones de guardia ese día, recepcionó la denuncia, acordó incoar diligencias previas y la remitió automáticamente al TSJC.

Ante ese mismo Juzgado de Barcelona compareció el 1-O otro ciudadano anónimo, C. J. N., de 59 años para denunciar a Puigdemont, al 'exvicepresident' del Govern Oriol Junqueras, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell "y a miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y "representantes políticos de la CUP". Tras dejar sus datos personales, C. J. N. relató los hechos que consideraba ilegales sin demasiadas esperanzas de que su acción prosperara. "Señores, formulo esta denuncia confesando mi ignorancia en las formas y ni tan solo si la misma es viable. Me mueve únicamente la inquietud como ciudadano ante los hechos que se suceden en el día de hoy con motivo de la convocatoria de referéndum ilegal", escribió C. J. N. de su puño y letra. "Quiero dejar constancia y denunciar a las personas indicadas como responsables de incumplir la ley con graves consecuencias para nuestra sociedad". Después, puso la fecha y firmó. Su denuncia no solo prosperó, sino que fue incorporada a una de las principales causas sobre la consulta. El Tribunal Supremo terminó asumiéndola el pasado febrero.

Hasta Cataluña llegaron también denuncias formuladas en la capital. F. P. P., un abogado con despacho en la calle Velázquez, actuó contra el Govern después de la consulta. El 4 de octubre envió un burofax a Puigdemont, Forcadell, Junqueras, el entonces máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Muy señor/-a mío/-a, como ciudadano español le requiero para que, con carácter inmediato, proceda a retirar el plan secesionista que tiene programado y se someta a la Constitución Española y acate la legislación vigente”, comenzaba el texto. "Asimismo, le requiero para que en el plazo de 24 horas desde la recepción del presente burofax, haga público en todos los medios de comunicación su sometimiento a la Constitución y a la Ley Española. En caso de que así no lo haga", advertía, "interpondré la oportuna querella criminal por los delitos de sedición y rebelión (…) en defensa de la unidad de España y de todos los españoles que, con su lamentable comportamiento, está siendo quebrantada".

F. P. P. cumplió la amenaza y presentó una denuncia contra todos ellos ante el TSJC el 6 de octubre. A los delitos de sedición y rebelión sumó finalmente el de desobediencia. "Resulta palmario que todos los denunciados, de forma organizada y en clara connivencia, han permitido un referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional e intentan por medios y normas ilegales la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Reino de España". La denuncia fue incorporada a la causa.

E. G. R. también interpuso una denuncia contra Puigdemont el 1 de octubre. En su caso, fue por un presunto delito de odio, al considerarle culpable del acoso que estaba sufriendo su familia por colectivos independentistas. "Mi padre, al que todo el barrio conoce, ejercitó ante los tribunales el derecho a recibir la enseñanza mía y de mis hermanos en castellano", recoge esta otra denuncia, a la que también ha tenido acceso este diario. "Escuchamos insultos de nuestros vecinos. La agresividad ha ido en aumento, pero hoy me he visto en la necesidad de meter a mi padre, que venía de urgencias de un hospital, y a mi madre, personas ancianas, dentro del portón, mientras una joven me gritaba fascista. Se ha venido hacia mí y quién parecía su madre se reía llamándome fascista y me filmaba". Este ciudadano se quejó de que, a pesar de llamar reiteradamente a los Mossos para solicitar ayuda, no acudió ninguna patrulla. "Esto va a ir a más y responde a un premeditado plan de caldeamiento social". Al día siguiente, el 2 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona incoó diligencias y las remitió al TSJC.

A la causa también llegaron denuncias sobre otros episodios colaterales. A. J. J., de 37 años, originario de Valencia, relató ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Terrasa que el 1-O, en torno a las 12 horas, se encontraba tranquilamente frente al Instituto de Secundaria Egara de esa localidad cuando, de repente, una patrulla de los Mossos de dirigió hacia él de forma violenta. A. J. J. había tomado nota de un vehículo de la policía autonómica que había estacionado encima de un paso de cebra. "Miré su matrícula y también en el interior de tal vehículo para ver si había algún ocupante. Aproveché mientras tanto para enviar algún mensaje a mi pareja a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp". En ese momento, dos agente salieron del coche y exigieron a A. J. J. que les enseñara el móvil. Tras arrebatárselo, borraron los mensajes y le advirtieron de que tenía pinta de terrorista. Luego le dejaron marcharse. "Me fui de allí sin haber podido identificarlos porque no llevaban visible su número de agente".

A. J. J. centró su acción en "la humillación pública" a la que fue sometido ese día, delante de muchos conocidos; y en la "pasividad" que mostraron los agentes, "que sin llevar visible su número identificativo estaban permitiendo que se llevara a cabo un referéndum declarado ilegal por el TSJC". La denuncia fue elevada junto al resto al mayor órgano judicial de Cataluña. Sin hacer ruido, han servido para acumular acusaciones y pruebas contra los promotores del 'procés'. Y los hechos a los que se refieren (ruptura del orden constitucional, uso de datos personales, inacción de los mossos…) están siendo perseguidos en diferentes tribunales.