La juez imputa a una de las profesoras que firmaron el acta manipulada de Cifuentes
El caso máster en los tribunales

La juez imputa a una de las profesoras que firmaron el acta manipulada de Cifuentes

El Juzgado 51 amplia su investigación por falsedad documental al acta que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid exhibió en la Asamblea como prueba de que había hecho el máster

Foto: Cristina Cifuentes el día de su dimisión. (Gtres)
Cristina Cifuentes el día de su dimisión. (Gtres)

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado así como a la funcionaria Amalia Calonge. La primera es la docente que podría haber falsificado las firmas del acta que exhibió la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Asamblea regional con el fin de demostrar que había terminado el máster en Derecho Público del Estado Autónomico expedido por el centro madrileño. La segunda, por su parte, es la funcionaria que habría entrado en el sistema informático para cambiar dos de las notas.

Rosado declarará por primera vez después de que la Unidad Adscrita a la Fiscalía de la Policía Nacional tratara de tomarle testimonio y ella lo eludiera presentando un certificado médico de baja por depresión a raíz de los hechos que han llevado a la dimisión de Cifuentes. También evitó declarar con el mismo argumento otra de las tres profesoras que firmó la mencionada acta, Clara Souto, que junto a la tercera docente, Alicia López de los Mozos -única que optó por hablar-, también declararán ahora ante el Juzgado 51, aunque ambas en calidad de testigo. Las dos prestarán testimonio el próximo 10 de mayo a las 9 horas en la sede judicial junto a Sergio Pulido. Tres horas después han sido citados también como testigos la jefa de inspección de la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad Núñez, y el responsable de postgrados y títulos propios del centro, José Antonio Lobato Moreno.

El Juzgado 51 se ha hecho cargo de toda la investigación después de que la Fiscalía de Móstoles decidiera apartarse de la misma al conocer que el primero ya estaba indagando el asunto. El ministerio público, de hecho, remitió todas las diligencias al juzgado al entender que ambas investigaciones estaban relacionadas y este último las unió a su causa y amplió el objeto de la instrucción, que se extendió a la citada acta exhibida en el parlamento regional por Cifuentes. La investigación de la Fiscalía se inició después de que la Universidad Rey Juan Carlos observara indicios de delito en su comisión interna mientras las diligencias del Juzgado 51 comenzaron a raíz de la denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca por falsedad en documento público.

López de los Mozos ya declaró ante la comisión de investigación del centro universitario madrileño y ante los agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía que la rúbrica que había plasmada en el acta no era suya. La docente confirmó que el documento del Trabajo de Fin de Máster en el que se insertó su rúbrica fue fabricada el pasado 21 de marzo, es decir, el mismo día en que saltó el escándalo y casi seis años después de la fecha del supuesto examen que pretendía reconstruir el papel, el 2 de julio de 2012. Después, se intentó ocultar el engaño para no resquebrajar las explicaciones de la presidenta regional. Sin embargo, la coartada saltó por los aires cuando esta misma profesora decidió desvelar la manipulación el pasado 5 de abril ante la información reservada abierta por la Universidad Rey Juan Carlos para tratar de aclarar este episodio.

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