Una profesora del acta falsa de Cifuentes ratifica en la vía penal que nunca la examinó

Los primeros pasos de la investigación penal sobre el máster de Cristina Cifuentes apuntalan los indicios de que pudo cometerse un delito para avalar la versión oficial. La presidenta del supuesto jurado que evaluó el trabajo fin de máster (TFM) de la dirigente del PP, la profesora Alicia López de los Mozos, declaró el martes que nunca la examinó y que falsificaron su firma para simular que no se habían producido irregularidades en la concesión del título, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

La docente confirmó que el acta del TFM en la que se insertó su rúbrica fue fabricada el pasado 21 de marzo, es decir, el mismo día en que saltó el escándalo y casi seis años después de la fecha del supuesto examen que pretendía reconstruir el papel, el 2 de julio de 2012. Después, se intentó ocultar el engaño para no resquebrajar las explicaciones de la presidenta regional. Sin embargo, la coartada saltó por los aires cuando esta misma profesora decidió desvelar la manipulación el pasado 5 de abril ante la información reservada abierta por la Universidad Rey Juan Carlos para tratar de aclarar este episodio.

López de los Mozos ha descrito ahora con detalle lo que pasó en esas dos semanas decisivas para el futuro de Cifuentes. Su declaración se produjo este martes ante agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Fiscalía, en las dependencias de la Fiscalía Provincial de Madrid, situadas en la séptima planta del número 53 de la calle Poeta Joan Maragall. Estaba citada a las 10:30 y respondió a las preguntas de la policía durante cuatro horas en calidad de testigo. En conversación con este diario, la profesora ha negado que su declaración se produjera este miércoles por la tarde, como se publicó en un primer momento. “Es rotundamente falso que haya declarado esta tarde [por la de ayer, miércoles] en ningún tipo de instancia, y en el día de mañana [por hoy jueves] pondré en conocimiento de la Fiscalía la absoluta manipulación que se está produciendo de la información utilizando mi nombre”, denunció a este diario.

Ante los policías manifestó que, en contra de lo que indica el acta del TFM de Cifuentes, nunca calificó el proyecto fin de curso de la dirigente popular, ni el día que refleja el documento ni ningún otro, y que tampoco la examinó en otras asignaturas del máster. Según relató, su firma fue suplantada contra su voluntad para fabricar una prueba que permitiera a la Universidad Rey Juan Carlos defender públicamente que la presidente madrileña había obtenido su máster en Derecho Público del Estado Autonómico en 2012 de forma absolutamente reglamentaria y no en 2014, tras conseguir que una funcionaria convirtiera en notables dos calificaciones de no presentado, como desveló 'eldiario.es'.

López de los Mozos también relató las presiones a las que se ha visto sometida en las últimas semanas para que no desvelara que el documento era inventado. Como reveló este diario, el presunto inductor del engaño, el catedrático en Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde —teórico tutor de la dirigente del PP y director del máster bajo sospecha— reunió a López de los Mozos y a las otras dos profesoras que aparecen en el acta, Clara Souto (vocal del tribunal) y Cecilia Rosado (secretaria), para acordar una versión común ante la información reservada de la universidad. Su objetivo era mantener que Cifuentes logró un 7,5 en su TFM en 2012. Álvarez Conde llegó a citar a las profesoras el 3 de abril por la tarde con un abogado de su máxima confianza, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Mestre, para repasar las declaraciones y hacerlas más creíbles.

Este miércoles por la mañana debía haber declarado ante los agentes de la Unidad Policial Adscrita a la Fiscalía la profesora Souto. Estaba citada también a las 10:30. Sin embargo, no acudió al encontrarse de baja médica desde hace una semana. Sus abogados entregaron un justificante. También tendrán que pasar por las oficinas de la Fiscalía Provincial la profesora Rosado y el catedrático Álvarez Conde. Los investigadores no descartan ampliar las pesquisas a otras personas involucradas en el caso. Con las declaraciones de los testigos y otras diligencias, los agentes remitirán un informe al Ministerio Público. Este deberá valorar si los hechos son constitutivos de delito. En caso afirmativo, presentará una querella ante los tribunales. Los datos que han trascendido hasta ahora apuntan claramente en esa dirección.