La CRUE dice que si Cifuentes no puede acreditar que hizo el máster debería dimitir

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha hecho público este miércoles su informe tras la investigación universitaria abierta por el caso del máster de Cristina Cifuentes y ha confirmado que se produjeron "graves irregularidades". El presidente, Roberto Fernández, y los observadores externos designados para vigilar las indagaciones, Carmen Ruiz y José Ángel Contreras, jefes del Servicio de Inspección de las universidades de Murcia y Burgos respectivamente, han dado cuenta de las conclusiones obtenidas en estas dos semanas, confirmando que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha llevado a cabo "correctamente" el proceso abierto de información reservada. De esta manera, los observadores han ratificado las palabras del rector Javier Ramos del pasado viernes, cuando reconoció que en los servicios universitarios no constaba el acta del trabajo de fin de máster de la presidenta regional (pese a que su archivo era obligatorio) ni otros documentos que puedan probar que el máster se llevó a cabo.

"Se solicitaron los originales de los documentos que existen en el expediente, comprobándose que no obra en dicho expediente parte de los documentos", explicó José Ángel Contreras, para afirmar también que el procedimiento de información reservada "ha quedado cancelado" después de que la URJC decidiera poner en manos del Ministerio Fiscal el caso. La CRUE ha confirmado también que algunas de las comparecencias previstas fueron interrumpidas por ese mismo motivo, después de que la Fiscalía tomara las riendas.

Fue el caso del director del máster, Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Clara Souto (que supuestamente pertenecían al tribunal que calificó el trabajo fin de máster, que este diario demostró que nunca existió) y Amalia Calonge, la funcionaria que habría cambiado las notas de la presidenta regional de No Presentado a Notable en dos asignaturas. Ninguna de estas personas ha prestado declaración en el marco de la investigación universitaria.

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Paloma Esteban

En todo caso, los representantes de la CRUE han querido insistir mucho en que la función de los observadores era únicamente "vigilar" que la investigación en la Rey Juan Carlos se estuviera llevando a cabo de manera correcta y con todas las diligencias necesarias sin entrar a valorar otras cuestiones. Sin embargo, el presidente de la CRUE (que ha evitado en un principio pronunciamientos individuales) ha asegurado tras la pregunta de si Cifuentes debe dimitir que, si la presidenta no puede acreditar realmente que tiene el máster, debería dimitir de su cargo. En concreto, Roberto Fernández ha asegurado que "los políticos no son una raza de ciudadanos distinta" y, por tanto, aquellos "en ejercicio" que dicen tener un máster, "tienen que poder estar en condiciones de decir que lo tienen", porque si no lo tienen y siguen diciendo que sí, "a mi me parece que es motivo de dimisión de su cargo político”, ha zanjado.

"El rector de la URJC se precipitó"

Sobre los primeros pasos dados por la URJC también se ha pronunciado el presidente de la CRUE, considerando que "se precipitó" al convocar una rueda de prensa cuando estalló el escándalo sin contar con toda la información, aunque después cerró filas con la actuación de la universidad madrileña, "que hizo lo correcto" al decidir abrir una investigación y al poner en manos de la Fiscalía el caso cuando vio posibilidades de indicios de delito. Una apreciación que la URJC consideró tras la declaración de una de las profesoras universitarias, Alicia López de los Mozos, que aseguró no reconocer ningún acta de fin de máster, ni haber participado en dicho tribunal porque éste nunca se constituyó. Además, afirmó que le habían falsificado la firma, tal y como desveló El Confidencial días antes.

Más allá de eso, la CRUE no se plantea tomar ninguna otra decisión contra la URJC ni su rector. "Somos una asociación privada y no tenemos ninguna potestad de ningún tipo. No tenemos ninguna atribución en ese sentido, es imposible que tomemos medidas respecto al rector o a los profesores", zanjó el presidente de la Conferencia de Rectores, aunque sí hizo hincapié en apoyar la promesa del rector Javier Ramos para "llegar hasta las últimas consecuencias".

Por otro lado y sobre las informaciones surgidas a raíz de otros políticos como Pablo Casado (que cursó el mismo máster) la CRUE ha considerado “no tener constancia” de que haya habido un beneficio generalizado por parte de dirigentes del PP en la URJC. Lo que sí criticó el presidente de la Conferencia de Rectores es “lo inaceptable que resulta que algunos políticos, para defender su legítima opción partidaria” hayan extendido “una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española”. Esa actitud, continuó Fernández, manifiesta “una mayúscula irresponsable frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático”, y pidió a las diversas fuerzas políticas “que mantengan a la universidad española al margen de sus legítimas contiendas”.