90.000€ por viaje de narcolancha y 1.000 por vigilar: así se vive de la droga en La Línea

La Línea es el cuarto municipio con mayor tasa de paro de España. Una de cada tres personas se encuentra desocupada. El índice se acentúa entre los jóvenes y llega a ser realmente escandaloso entre los que viven en alguno de los tres barrios más 'desfavorecidos' de la zona: San Bernardo, El Zabal y La Atunara. En este contexto, para más inri, los chicos tienen al alcance de sus manos una alternativa de conseguir dinero fácil, rápido y en efectivo. Los narcotraficantes les ofrecen la posibilidad de 'trabajar' para ellos con unos sueldos que ninguna multinacional pagaría a sus mejores directivos. Por supuesto, muchos jóvenes aceptan la propuesta.

De ahí que algunos de ellos se encuentren día y noche en las playas paseándose con un pinganillo en la oreja. Vigilan las carreteras y los caminos por si aparecen coches patrulla de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Si los divisan, dan la voz de alarma para que sus interlocutores avisen a los conductores de las narcolanchas de que en ese momento no es conveniente alcanzar la costa. En directo, además, narran los movimientos de los vehículos policiales. Este va a la derecha, se dirige hacia acá, se aleja, etc. Los que actúan de este modo se denominan puntos o aguadores en el argot de la banda, y los narcos les pagan alrededor de 1.000 euros al día.

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Tres o cuatro veces más cobran los que se dedican a desembarcar los fajos de droga de las narcolanchas y los introducen en los coches de la organización. Algo más se embolsan quienes transportan la droga hasta las naves habilitadas para el almacenaje. Una vez allí, otros 'empleados' se dedican a clasificar el material con números identificativos que corresponden al cliente que recibirá la mercancía en destino, que puede estar en cualquier punto de España o de Europa. Los responsables de la organización controlan toda la cadena desde su envío desde Marruecos hasta las playas de La Línea.

Los conductores de las narcolanchas son de los que más se embolsan. Si son de los que están dispuestos a arrojar la carga al mar cuando atisban presencia policial, reciben hasta 60.000 euros por servicio concluido. Si se sitúan entre los que no tirarán la mercancía, la cifra asciende a 90.000 euros. Estos últimos corren más riesgo y habitualmente regresan a su puerto de salida cuando se percatan de la existencia de barcos de las fuerzas de seguridad. En ocasiones, se quedan en alta mar a la espera de que se despeje su camino, cosa que puede tardar días en suceder. Sus acompañantes de embarcación reciben menos dinero, porque no asumen tanta responsabilidad.

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Unos y otros elementos de la organización se comunican por teléfonos vía satélite de última generación proporcionados por los jefes de la banda. A veces tienen el apoyo de otra tecnología, como los denominados narcorradares, capaces de detectar patrullas de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera hasta incluso algunas zonas de Málaga. Si la presión policial aumenta, los responsables de esta red de traficantes lo descubren y ordenan a los transportistas desplazarse a otras zonas como Tarifa, Sotogrande, Barbate e incluso Sanlúcar de Barrameda, localidad esta última con un índice de paro incluso superior al de La Línea y que los policías antidroga consideran otro punto caliente.

Hasta el momento, el hachís era el material más transportado desde África hasta la costa gaditana. Este material no lo consumen los habitantes de la zona, ni siquiera los que residen en los mencionados barrios desfavorecidos donde los narcos captan empleados. Se manda al resto de España y de Europa. "El 70% de la droga que se incauta en España es interceptado en La Línea", explican fuentes policiales, que acto seguido matizan también que las fuerzas de seguridad calculan que solo consiguen intervenir el 25% del material que entra. Este último dato, sin embargo, es menos conocido.

Ayer, el Ministerio del Interior dio cuenta de la incautación por parte de la Policía Nacional de 1.500 kilos de hachís. Los agentes detuvieron a dos jóvenes, que respondieron con patadas y puñetazos a la intervención policial, e intervinieron la droga distribuida en 51 fardos. Los funcionarios recibieron el chivatazo de que dos todoterrenos robados en Madrid y en Málaga circulaban por la playa del Burgo en dirección a la zona del Zabal, donde se encuentran los almacenes donde estas bandas suelen guardar la mercancía. Establecieron un dispositivo y sorprendieron a los transportistas dentro de una nave. Eran varios y tenían pasamontañas. La mayoría de ellos lograron huir.

En las últimas semanas, además del hachís, el Campo de Gribraltar es la puerta de entrada de grandes cantidades de cocaína, una droga más complicada de afrontar desde el punto de vista policial, ya que su valor en el mercado es mayor y los narcos que la manejan están más dispuestos a jugarse la vida por custodiarla. Fuentes policiales aseguran que la presencia de armas está ligada a esta mercancía y que a mediados del año pasado ya comenzaron a interceptarse fusiles. Según explican desde el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad se han incautado en los últimos meses de armas cortas, largas e incluso fusiles de asalto. "Las bandas son cada vez más especializadas, agresivas y peligrosas", subrayan desde el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido.

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Las mismas fuentes policiales explican que los narcos refuerzan los vehículos con barras de hierro por si tienen que embestir los utilitarios de la Guardia Civil o de la Policía. "Suelen llevar un todoterreno de alta gama que hace la función de lanzadera, que está reforzado y que no duda en chocar contra los coches patrulla cuando se los encuentra con el fin de desactivarlos y que no puedan perseguir luego a los vehículos que llevan la droga; nuestro coche queda destrozado y ellos escapan", aseguran.

Carmen Velayos, del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de La Línea, tiene claro que sus compañeros no tienen actualmente capacidad, medios materiales ni recursos humanos para luchar contra estas organizaciones. "El catálogo de puestos de trabajo vigentes data de los años noventa, cuando no había las mismas necesidades que ahora; no está actualizado; aun así, tampoco está cubierto; faltan 90 policías; además, los medios que usan los narcos son mucho mejores que los nuestros; tanto los coches como sus medios de comunicación", destaca la representante sindical.

El ministro Zoido asegura que ha enviado más policías a la zona. Sin embargo, Velayos entiende que esa afirmación tiene trampa. En las últimas semanas, asegura, Interior ha mandado efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y de las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) de la Policía Nacional, pero esto son solo "parches". "Vienen para una temporada y luego se van", afirma. Además, la crisis de Cataluña provocó que se llevaran a muchos de ellos, que habían sido enviados tras el asesinato del policía local Víctor Sánchez el pasado junio, cuenta Velayos, quien asegura que en la última semana acaba de suceder lo mismo. "Se han llevado a los efectivos que trajeron tras el incidente del hospital", explica la sindicalista en referencia al episodio del pasado 7 de febrero, cuando una veintena de encapuchados asaltó el hospital de La Línea para liberar a un narco que estaba siendo atendido por los servicios de Urgencias tras ser detenido.

Desde el ministerio argumentan que hay intención de ir incrementando las plantillas, pero que el proceso no será rápido. Acaba de salir una convocatoria, por ejemplo, pero tan solo cuenta con cinco plazas. "Los efectivos aumentarán conforme se vayan incorporando las nuevas promociones", avanzan fuentes de Interior, que consideran que actualmente los casi 300 agentes destinados en la zona no son pocos. "La plantilla está cubierta en más del 80%", por encima de la media, justifican, antes de destacar que la efectividad policial está subiendo. En la comarca de Gibraltar en 2017, subrayan, se ha intervenido un 300% más de cocaína que el año anterior y un 45% más de hachís. En concreto, se ha pasado de 3.600 kilos del primer material en 2016 a 11.800 kilos, y de 100.000 kilos de hachís a 145.000 kilos en el ejercicio siguiente.

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Las reuniones de coordinación entre administraciones también han aumentado considerablemente. Cada semana se ven las caras los representantes de la Delegación del Gobierno en Cádiz, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, la Policía Local, Capitanía Marítima de Algeciras y el Ayuntamiento de La Línea. Estos encuentros, sin embargo, a juicio de Velayos, son "muchas palabras y pocos hechos". "Hay que recuperar la normalidad y eso se consigue con una seguridad eficiente", explica la sindicalista, quien también apunta que es necesario crear juzgados especializados en narcotráfico. "Los que hay ahora son de instrucción normal y no tienen agilidad, se colapsan con estos procedimientos y generan dilaciones que pueden facilitar la anulación de las causas", considera la representante del SUP, que también entiende que es necesario crear unidades policiales contra el blanqueo.

"Esto no está encauzado", sentencia Velayos antes de recordar el mencionado episodio del hospital, el apedreamiento de policías cuando interceptaban un alijo de droga, la muerte del citado Víctor Sánchez, el vertido de gasolina sobre los barcos de Vigilancia Aduanera o la rajada de las ruedas del coche del fiscal Juan Cisneros, sucesos todos ellos que han destacado los medios de comunicación locales durante las últimas semanas y que denotan que el problema persiste y tiene un alcance profundo. De hecho, desde Interior no lo niegan. "Somos conscientes de que hay un problema grave", admiten. Sin embargo, matizan que la cuestión no es solo policial.

Según el presidente de la Federación contra la Droga del Campo de Gibraltar y portavoz de la plataforma Por Tu Seguridad, Por la de Todos, Francisco Mena, hoy por hoy ni los maestros, ni los médicos ni los policías quieren ser destinados a La Línea. "Los policías que trabajan aquí no viven aquí, sino en poblaciones cercanas; además, se sienten solos y están desanimados", añade Velayos. El personal sanitario del hospital de la ciudad, por su parte, confiesa "tener miedo" y pide ayuda a las autoridades.

Es una ciudad pequeña y todos se conocen entre sí. Los jóvenes que viven de los narcos, además, ni siquiera disimulan. Llevan un elevado tren de vida, comen en los mejores restaurantes y se mueven en los coches más caros, alardean sin pudor de su poderío económico y se comportan como poderosos déspotas. La cantidad de gente de los tres barrios mencionados que lleva este ritmo vital gracias a los narcos es tal que ellos mismos se defienden entre sí. "Se han hecho fuertes en esas zonas", explican fuentes policiales, quienes consideran que el mejor ejemplo de esto tuvo lugar el pasado 26 de marzo, cuando 200 vecinos de San Bernardo impidieron a tres agentes detener a un miembro de una organización de traficantes que transportaba 500 kilos de hachís.

"Esto no es nuevo, pasa desde hace décadas en esta zona; lo que ocurre es que la agresividad se está intensificando; las nuevas generaciones se han criado en la falta de respeto a la autoridad y se van haciendo más violentas; tienen interiorizado el vivir de esta actividad, es su modo de vida, lo ven con absoluta normalidad", explican otras fuentes policiales que llevan años combatiendo estas bandas criminales en el Campo de Gibraltar.

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Interior está preparando ya un real decreto que pretende declarar ilegales las narcolanchas en la zona. "Este es uno de los núcleos del problema; sin estos medios de transporte, no hay droga; ya se prohibieron en los noventa en Gibraltar y los resultados fueron inmediatos", arguyen las fuentes policiales consultadas, que explican que la droga prácticamente solo se traslada de Marruecos a La Línea en estas embarcaciones. Ahora, continúan las mismas fuentes, el problema es que incluso cuando la Policía o la Guardia Civil se incauta de ellas, estas vuelven a salir a subasta y las adquieren de nuevo los narcos, que son los únicos que las tienen aquí. El pasado febrero, recuerdan, incluso hubo un asalto al depósito judicial de Conil que custodiaba las narcolanchas.

Desde el ministerio aún no saben si la normativa permitirá destruir estos medios de transporte, como pretenden las fuentes consultadas, que consideran que es el único modo de hacer desaparecer el problema. De momento, continúan trasladando estupefacientes desde Marruecos a España a un ritmo feroz. Cada día, aseguran fuentes de la lucha contra la droga, entre ocho y 10 narcolanchas cruzan el Estrecho cargadas de hachís o cocaína, al tiempo que dan 'trabajo' a cientos de jóvenes a los que no terminan de captar los 50 millones de euros que la Junta de Andalucía anunció que invertiría en planes de empleo e incentivos.