Las 15 medidas de Podemos para "cambiar el país" y su financiación vía nuevos impuestos

Podemos quiere 24.500 millones más de gasto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, por ahora prorrogados, para impulsar el Estado de bienestar. La formación ha elaborado un plan de Presupuestos alternativos basado en el aumento de ingresos y de gasto, que trata de visibilizar sus políticas económicas, de crecimiento y, sobre todo, de un nuevo modelo de fiscalidad equiparado a la media europea, pues más allá del despliegue programático la capacidad presupuestaria es una prerrogativa exclusiva del Gobierno, con prioridad legislativa, y por tanto la oposición solo puede plantear enmiendas de devolución. El objetivo es incrementar la recaudación en casi 11.500 millones de manera directa, así como en unos 3.300 millones indirectamente, creando para ello nuevos impuestos, como a la banca o a las grandes fortunas, incrementando la lucha contra el fraude fiscal o eliminando desgravaciones a grandes grupos.

La puesta en marcha de una reforma fiscal progresiva y la "lucha feroz contra el fraude fiscal" tienen como fin elevar el porcentaje de ingresos sobre el PIB y acercar a España a la media europea, que actualmente está situada entre ocho y nuevo puntos del PIB. Así, el aumento de los ingresos públicos se llevaría a cabo a través de siete vías principales: medidas de fiscalidad verde (1.650 millones de euros); impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas (1.000 millones); recargo de solidaridad a la banca (1.000 millones); eliminación de desgravaciones en el impuestos de sociedades a los grandes grupos (700 millones); impuesto de transacciones financieras (550 millones); eliminación de las sicavs (350 millones), e incremento en la tributación de los rendimientos de capital financiero (600 millones). En la Seguridad Social se propone recaudar asimismo 9.000 millones con la eliminación de bonificaciones y destope de las cotizaciones del Régimen General de la Seguridad Social, a los que se resta la cuota progresiva de autónomos, por la que se dejarían de recaudar 2.220 millones.

El nuevo plan presentado esta mañana por Pablo Iglesias y el resto de portavoces del grupo confederal plantea asimismo una reducción más lenta del déficit público, manteniéndolo en el 3%, en lugar de seguir reduciéndolo hasta el 2,2%. Todo ello, unido al aumento de los ingresos, permitiría según Unidos Podemos incrementar el gasto público en 24.500 millones de euros: 13.850 el del Estado, 5.700 el de la Seguridad Social y más de 5.000 el de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, tomadas conjuntamente.

Con este incremento del gasto, Podemos pretende que se financie una quincena de medidas "para cambiar el país", que, según explican sus promotores, "asegurarían avanzar en el crecimiento inclusivo, moderno, verde, digital y morado que necesita nuestro país". Para ello, según ha arengado Iglesias tras poner como ejemplo la fórmula de coalición de izquierdas en Portugal, "solo hace falta voluntad política".

Plan de Renta Garantizada (3.100 millones)

Para aquellas personas que se encuentren en un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza. El plan se implementaría progresivamente, por lo que el primer año cubriría a las personas y familias en situación de mayor necesidad, particularmente aquellas con hijos y dependientes a su cargo.

Escuelas infantiles de cero a tres años (3.000 millones)

Esta medida permitiría, en el curso de dos años, "garantizar el acceso gratuito a la educación infantil desde los cero a los tres años para todos los niños y las niñas de nuestro país". Este acceso universal, explica el plan, se garantizaría mediante subvenciones a las familias que ya llevan a sus pequeños a centros educativos, y mediante el desarrollo de una amplia red de escuelas públicas infantiles. Se desarrollarían las pertinentes transferencias finalistas a las administraciones autonómicas y locales correspondientes.

Ley de Dependencia (2.500 millones)

320.000 personas tienen ayudas reconocidas por las administraciones que, sin embargo, no reciben, según denuncia la formación, por lo que esta medida pretende poner fin al llamado "limbo de la dependencia". También pretende cubrir la recuperación de las cotizaciones de cuidadoras y cuidadores familiares no profesionales.

Revalorización de las pensiones (2.200 millones)

Busca eliminar el actual índice de revalorización de las pensiones, "que está suponiendo una progresiva pérdida de capacidad adquisitiva a los pensionistas, y volver a fijarse de acuerdo con el IPC". Esto se acompañaría, además, de un incremento progresivo de las pensiones no contributivas.

Plan Nacional de Eficiencia Energética (1.300 millones)

Se trata de un plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas, con especial énfasis en la rehabilitación energética, que sería similar al Plan MAD-RE del Ayuntamiento de Madrid. Las ayudas se destinarían de forma prioritaria a las zonas de los municipios y al sector de la ciudadanía más vulnerables.

Digitalización de la economía (1.240 millones)

Busca incrementar las inversiones en infraestructuras y redes para favorecer la digitalización del tejido productivo, así como la implantación de procesos digitales avanzados en las empresas, las administraciones y los hogares.

Plan de empleo juvenil (1.100 millones)

El objetivo de este plan es "transformar la garantía juvenil en un verdadero plan de empleo que facilite la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo e impulse el retorno de los jóvenes emigrados a otros países".

Rescate a la ciencia (1.100 millones)

Vinculado a las distintas medidas de incremento de la inversión en ciencia e I+D+i, así como al estímulo "del retorno del talento científico emigrado".

Erradicación de las violencias machistas (1.050 millones)

Para la puesta en marcha de las medidas aprobadas en el Dictamen del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, con especial atención al ámbito competencial autonómico y local, para lo que se desarrollarán las pertinentes transferencias.

Gratuidad del material escolar (950 millones)

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades escolares a todas las niñas y los niños de nuestro país en los tramos de la educación primaria y la secundaria obligatorias. Esta medida se implementaría a través de una financiación finalista a las comunidades autónomas para esta materia.

Oferta pública de empleo (800 millones de euros)

Se pretende eliminar el límite de la tasa de reposición para todos los ámbitos de la Administración, que podría disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal. Se habilitaría, además, una oferta de empleo público extraordinaria para la Administración General del Estado con 20.000 nuevos puestos de trabajo, "que servirá para cubrir el déficit de personal generado por los recortes de plantilla debidos a la tasa de reposición de los últimos años".

Plan de alquiler social (700 millones)

Se pondrían a disposición del alquiler social hasta 120.000 viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de 10 viviendas) que lleven al menos dos años cerradas, mediante una cesión del uso de la vivienda desocupada a cambio de un precio de compensación a los propietarios.

Permisos de paternidad y maternidad (400 millones)

Reforma de los permisos por nacimiento o adopción para avanzar hacia la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, garantizando el 100% del salario para ambos progenitores y la intransferibilidad del permiso.

Transporte público (310 millones de euros)

Implementación de un programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos, acompañado de una futura ley de financiación del transporte público (particularmente orientada al ámbito municipal). En él se incorporarían, para determinar la cuantía de la ayuda, criterios como la renta del comprador o, en su caso, la antigüedad y las emisiones del vehículo diésel o gasolina que se sustituyese.

Desarrollo rural (250 millones)

Busca poner en marcha programas "de apoyo al desarrollo rural", "de apoyo al sector agrario social, sostenible y familiar por la soberanía alimentaria" y de "fomento de la ganadería extensiva; y de apoyo a la pesca artesanal y de bajo impacto".