El Gobierno da por buena la decisión de Llarena tras callar sobre la petición del fiscal

El Gobierno y el PP, después de guardar silencio ante la solicitud de la Fiscalía de activar la euroorden contra Carles Puigdemont, han dado por buena la decisión del juez Pablo Llarena de denegarla con el argumento de que eso es lo que quiere el prófugo con el fin de delegar su voto. Ante el afán de protagonismo del expresidente de la Generalitat y su afán por ser investido a toda costa, más la colaboración oficial que le presta ya el presidente de la Cámara autonómica, el republicano Roger Torrent, en La Moncloa y en la sede de Génova asumen que los secesionistas van a alargar todos los procedimientos y plazos, además de prolongar su propio pulso interno entre ERC y el 'expresident'.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy y el partido que le sostiene siguen al pie de la letra la consigna de proclamar su respeto por las decisiones que toman los jueces, en este caso el instructor del Tribunal Supremo, quien mejor ha visto la jugada político-jurídica de Puigdemont, según admiten ahora en fuentes gubernamentales.

Al anunciar su visita e intentar forzar su detención en Dinamarca, el destituido presidente autonómico pretendía garantizarse la delegación del voto, y sin volver a España antes de la sesión de investidura por poco que duraran los trámites de extradición. Es el plan original del fugado: que le nombren telemáticamente o 'por poderes' sin pisar territorio nacional y ver cómo encajan luego los jueces y el Ejecutivo el hecho del encarcelamiento de un presidente de la Generalitat ya elegido.

A los independentistas, sin el voto de los huidos, no les sale la mayoría para imponerse a los noes que suman Ciudadanos, el PSC, el PP y los comunes; siempre que los aliados catalanes de Podemos cumplan su compromiso de oponerse a la investidura de Puigdemont.

Igual que proclaman su respeto por la independencia de los jueces, fuentes del Gobierno atribuyeron a la autonomía de la Fiscalía el reiterado anuncio durante todo el fin de semana de que el ministerio iba a solicitar la reactivación de la euroorden. "Cumplen con sus obligaciones y ven la parte de la jugada que les toca", comentaron los citados medios para restar importancia al comunicado.

Ningún ministro se pronunció a favor de esa euroorden el domingo. El titular de Justicia, Rafael Catalá, de viaje oficial a Cuba, no tuvo tampoco oportunidad de extenderse en mayores explicaciones ante la decisión que tenía que tomar el juez Llarena.

Desde el Partido Popular sí que hubo declaraciones previas de apoyo al aviso lanzado desde la Fiscalía, pero su portavoz oficial, Pablo Casado, se apresuró ayer a proclamar "el respeto" del PP ante el paso dado por el magistrado del Tribunal Supremo. Y lo hizo al término de la reunión del comité de dirección del partido.

Casado criticó al nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por proclamar a Puigdemot como candidato para presidir la Generalitat, pese a ser el aspirante un prófugo de la Justicia. También apuntó el dirigente de los populares que si Torrent viaja a Bruselas para verse con el 'expresident', podría incurrir en un delito de malversación de fondos.

El portavoz del PP sacó a colación la conocida frase de Josep Tarradellas "en política se puede hacer de todo menos el ridículo" para aplicársela al huido: "Puigdemont no solo lleva mucho tiempo haciendo el ridículo sino que lo está internacionalizando". Casado insistió en que por muchas trampas que quieran hacer los independentistas "no va a ser investido presidente de la Generalitat ningún prófugo de la Justicia" porque "no lo permite la ley" y "porque además sería algo fuera de toda lógica".