Defensa lleva a juicio a Transparencia para ocultar documentos ya publicados en 2012

La desclasificación de 10.000 documentos secretos de la Guerra Civil y la dictadura franquista planteada por la socialista Carme Chacón lleva seis años aparcada en los cajones del Ministerio de Defensa, y así permanecerá a corto plazo. Además de no ejecutar el proyecto redactado en los últimos meses del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alegando falta de recursos económicos y humanos, el departamento encabezado por María Dolores de Cospedal ha decidido llevar a los tribunales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para seguir ocultando los términos en los que está redactada la propuesta de Chacón y los archivos afectados. La paradoja reside en que los documentos solicitados por El Confidencial ya fueron publicados hace más de cinco años por varios medios de comunicación.

El pasado mes de junio, este medio solicitó en virtud de la Ley de Transparencia el proyecto de desclasificación redactado por la Secretaría de Estado de Defensa en 2011. Algunas partes de la propuesta de acuerdo fueron publicadas en exclusiva por la revista ‘Tiempo’ en febrero de 2012, entre ellas los archivos y documentos afectados, entre los cuales figuran documentación sobre la Guerra Civil, asuntos relacionados con la Segunda Guerra Mundial o planes de aquellos años para hacer frente a posibles amenazas contra la seguridad nacional. Un año más tarde, el periodista que firmaba la exclusiva, Antonio Rodríguez, publicaba en su blog más documentos relacionados con la propuesta impulsada por Carme Chacón.

Pese a que gran parte de la información solicitada se encuentra ya publicada en internet, Defensa rechazó la solicitud de El Confidencial alegando que “se dispone únicamente de borradores e informes internos entre órganos, sin consideración de finales”. Sin embargo, el Consejo de Transparencia rechazó este argumento. “El texto objeto de la solicitud tuvo entidad suficiente, es decir, estaba lo suficientemente cerrado y terminado, como para ser objeto de discusión parte de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes mencionada, por lo que no puede afirmarse tan rotundamente su carácter de borrador”, consideró en una de sus últimas resoluciones Esther Arizmendi, recientemente fallecida.

La demanda presentada por Defensa tendrá un doble coste para los ciudadanos, ya que los gastos derivados del juicio serán costeados íntegramente por fondos públicos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Además, el Consejo de Transparencia deberá contratar a un bufete privado ya que, en los casos de litigios entre administraciones en materia de derecho de acceso a la información, la Abogacía del Estado representa los intereses ministeriales.

Esta es la tercera ocasión en la que una institución pública lleva a juicio al Consejo de Transparencia tras amparar una reclamación presentada por El Confidencial. Las dos anteriores han involucrado a la Agencia Tributaria, al denegar el acceso a las sociedades extranjeras regularizadas con la amnistía fiscal, y al Ministerio de Empleo, al no querer facilitar el detalle del medio millón de accidentes laborales ocurridos en 2016.

En total, el Consejo de Transparencia ha recibido 84 demandas (76 relativas a la Administración general del Estado y ocho a comunidades autónomas y entidades locales), de las cuales 59 han sido iniciadas a instancias de instituciones públicas.

A vueltas con los secretos oficiales

La entrada en vigor de la Ley de Transparencia hace tres años ha chocado de lleno con la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 en plena dictadura franquista. Con el objetivo de adaptar esta normativa a los nuevos tiempos, el PNV presentó en noviembre de 2016 una proposición para reformar la normativa, estableciendo plazos máximos para la desclasificación automática de la información clasificada: 25 años para materias secretas y 10 años para las reservadas. Sin embargo, los grupos parlamentarios no están por la labor de aprobar esta reforma legal, ya que la propuesta lleva más de un año bloqueada en el Congreso.

Tal y como está redactada actualmente la ley, la única forma de desclasificar información es que el organismo que haya declarado un documento como clasificado —el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor— decida quitarle la reserva. En otras palabras: el único proceso de desclasificación de documentos es la discrecionalidad y buena voluntad política del Gobierno de turno, algo que choca con los límites temporales y los mecanismos rígidos e independientes existentes en la mayoría de los países.

Aparte de la desclasificación de los denominados ‘expedientes ovni’ por parte del Ministerio de Defensa, el Consejo de Ministros solo ha eliminado la reserva documental como consecuencia de una investigación judicial. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí publicaba estas desclasificaciones en las referencias semanales, pero no así el de Mariano Rajoy. No obstante, esta cancelación de la clasificación —como se denomina técnicamente este procedimiento— a instancias de los tribunales se sigue produciendo, tal y como revelaron las actas oficiales obtenidas por El Confidencial y Access Info Europe.

El Gobierno tiene además un as en la manga que le brinda la Ley de Secretos Oficiales: la posibilidad de clasificar toda una materia de manera genérica. Utilizando este procedimiento, los datos tributarios, el patrimonio de los altos cargos, la información que manejan Exteriores o el Sepblac y la lucha contra el crimen organizado, por citar unos pocos ámbitos, están considerados como secreto de Estado.

Esta posibilidad de clasificar discrecionalmente todo un ámbito fue utilizada hace dos meses por el Gobierno para no informar al Congreso de los Diputados sobre el coste y el número de agentes desplegados en Cataluña en la denominada operación Copérnico, alegando motivos de seguridad. El PDeCAT rechazó este argumento porque “no puede ampararse en un acuerdo genérico como el citado para negar informaciones que todos tenemos el derecho a saber”.

Pese a que hace dos meses esta información era considerada como secreto de Estado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informó ayer que el despliegue policial costó 87 millones de euros y movió a 6.000 agentes en su apogeo. Interior no ha contestado a las preguntas de El Confidencial sobre por qué Zoido ha revelado ahora información considerada como reservada hace dos meses y si, por ello, se había violado la Ley de Secretos Oficiales.

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