Las aerolíneas se unen para acabar con los actuales billetes subvencionados a las islas

Los representantes de las grandes aerolíneas de España se han reunido recientemente para protestar contra la ley que permite a los residentes en las islas disfrutar de un descuento del 50% sobre la tarifa habitual cuando viajan a la península y de hasta el 75% cuando vuelan dentro de su propia comunidad autónoma. Consideran que el real decreto que permite esta bonificación está obsoleto y debería actualizarse. En concreto, se quejan de que el estado paga a la aerolínea seis meses después de que ésta se haya hecho cargo del descuento, de que a la administración le basta con que los usuarios presenten un certificado de empadronamiento y de que no comprueba si las idas se producen desde las islas y las vueltas parten realmente de la península.

Fuentes presentes en este encuentro sospechan que no son pocos los ciudadanos que se hacen pasar por residentes cuando en realidad viven en la península y únicamente viajan a las islas para ver a la familia o de vacaciones. De ahí que todos ellos, bajo el paraguas de la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo, firmaran un documento conjunto tras la reunión para reclamar al Ministerio de Fomento la modificación de la normativa que regula las subvenciones. Estas ayudas, argumentan en el escrito, comenzaron a aplicarse en los 90 y "el transporte aéreo se ha ido haciendo más complejo" desde entonces. "También han aumentado los requisitos exigidos por Aviación Civil", remarca el texto.

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"A día de hoy -continúa- el cumplimiento de las obligaciones impuestas a cargo del sector en la normativa resulta muy difícil", dado que exige a las compañías "incurrir en costes desproporcionados" así como exponerse al "riesgo legal de aplicar incorrectamente la bonificación por error involuntario, lo que supone en la práctica perder la correspondiente liquidación". Este argumento del error es de hecho el que alegó Air Europa cuando se vio inmersa en un procedimiento incoado en la Audiencia Nacional por un asunto relacionado con estos billetes bonificados que conllevó la imputación del presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, finalmente exonerado, y se resolvió con el pago de una millonaria multa por parte de la mercantil.

Otros tres procedimientos judiciales por causas similares vinculadas con los viajes subvencionados a las islas han sido también abiertos estos años por diferentes tribunales. Todos ellos conllevaron el abono al Tesoro Público de más de 120.000 euros.

En respuesta a una pregunta a través del portal de transparencia del Gobierno, Fomento aseguraba el pasado 6 de julio que es "complicado" cuantificar cuántos procedimientos administrativos se han tramitado desde 2008 hasta la actualidad contra aerolíneas por la aplicación de estas subvenciones, pero que en cualquier caso el número se sitúa en torno a los 2.500. Ninguno de estos procedimientos, sin embargo, continúa el Ministerio, ha acabado en sanción administrativa más allá de la mencionada causa penal seguida por la Audiencia Nacional.

En el escrito elevado por las aerolíneas a Fomento, las compañías proponen una serie de medidas para modificar el real decreto, entre las que se encuentra que el Gobierno pague intereses por el retraso en el pago de los billetes subvencionados que adelantan las mercantiles y que las agencias de viajes que vendan estos trayectos bonificados también "sean incorporadas al sistema" y faciliten a la administración todo tipo de información sobre estos pagos.

Fuentes del sector entienden que es la administración la que debería hacerse cargo de la gestión del abono de la subvención y que estas ayudas deberían ser abonadas directamente a los clientes con el fin de evitar que las compañías sigan actuando como intermediarias.