El último servicio de Turull a Mas: recurrir su fianza ante el TS horas antes del 155

El 'exconseller' de Presidencia de Puigdemont, Jordi Turull, dedicó su último día en el cargo antes de la aplicación del 155 a prestar un servicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas. Horas antes de que se declarara de forma unilateral la independencia de Cataluña y de que el presidente del Ejecutivo central anunciara el cese de todo el Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones, Turull ordenó por escrito a los servicios jurídicos de la Generalitat que recurrieran ante el Tribunal Supremo el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas por el 9-N.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, Turull reclamó la presentación urgente ante el TS de un escrito contra el procedimiento en el que el órgano fiscalizador reclama a Mas una fianza millonaria que ha provocado incluso el embargo de su piso en Barcelona. El plazo para realizar este trámite no concluía hasta el 30 de noviembre, un mes más tarde.

Tras recibir la orden, los servicios jurídicos ultimaron el recurso el lunes 30, ya con el 155 aplicado. Finalmente, se registró el martes 31 en el Supremo. Este paso en el contencioso abierto por el uso de fondos públicos para la consulta de 2014 pasó desapercibido en aquel momento para el departamento que dirige Rafael Catalá que no tuvo conocimiento de la cuestión hasta semanas más tarde.

Turull reclamó la presentación urgente ante el TS de un escrito contra el procedimiento en el que el órgano fiscalizador reclama la fianza millonaria

El asunto levantó las suspicacias del Tribunal de Cuentas, donde se recibió notificación de este intento de impugnación por traslado del Supremo. El organismo se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y fue entonces cuando el departamento tuvo la primera noticia del movimiento legal, apuntan fuentes gubernamentales que precisan que consultaron los pasos a seguir a la Abogacía del Estado ante lo que consideraron "una, otra más, deslealtad institucional".

En un informe escrito, los abogados del Estado aconsejaron en contra de un desistimiento del recurso y avisaron que podía provocar indefensión a la propia Generalitat, que ya había impugnado en agosto la designación de la instructora encargada de revisar las cuentas del 9-N. También tuvieron en cuenta el objeto de la aplicación del propio 155 que, según apuntan las fuentes consultadas, no está "para estas cuestiones".

El tema se encuentra por tanto en manos del Tribunal Supremo. El embargo de las cuentas y el ataque al bolsillo de los líderes independentistas ha sido uno de los grandes ejes de la estrategia del gobierno del PP. Los primeros en pagar de su bolsillo fueron Artur Mas y Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau. Además de quedar inhabilitados por la consulta, tuvieron que responder con sus bienes. El Tribunal de Cuentas les impuso una fianza de 5,3 millones por su presunta responsabilidad contable en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy repitió la jugada con éxito cuando actuó contra la sindicatura electoral del referéndum ilegal del 1-O. El Tribunal Constitucional les impuso una multa diaria de 100.000 euros que hizo que dimitieran todos.

El independentismo ha vivido la decisión del Tribunal de Cuentas como un ataque insólito y Mas ha abonado 2,2 millones que le donó la "caja de resistencia" de la Asamblea Nacional de Cataluña y pidió más tiempo para abonar el resto, pero hace unos días el Tribunal de Cuentas ordenó embargar su vivienda para cubrir el resto. El caso comenzó antes del verano cuando el Tribunal de Cuentas designó a la delegada instructora del caso, Llanos Castellanos. La Generalitat recurrió esa decisión al pleno del propio Tribunal de Cuentas, que en septiembre ratificó el nombramiento. Ante eso solo cabía ya el recurso ante el Supremo. El recurso no trata de tumbar la fianza en sí, un acto posterior, sino el inicio mismo del expediente. De prosperar la cuestión, que ha recaído en el magistrado conservador José Luis Requero, el Tribunal de Cuentas tendría que reiniciar el procedimiento y quedaría muy tocado políticamente.

El TC impuso una multa diaria de 100.000 euros a la sindicatura electoral del referéndum ilegal del 1-O que hizo que dimitieran todos

Fuentes próximas a las defensas sostienen que el recurso se basa en aspectos formales. Precisan que la instructora empezó a realizar actuaciones sin haber notificado a los afectados. "Ese procedimiento ha estado plagado de irregularidades sobre todo de carácter formal. Se ha hecho a toda velocidad y de espalda a las partes. Se habilitó el mes de agosto, cosa que no se había hecho en la vida. Otra cosa es que el tribunal lo admita o no pero desde el punto de vista formal habría mucho que discutir. Ha habido muchas lagunas en este procedimiento", apuntan.

La cuestión recuerda al episodio vivido por el ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, cuando la Generalitat recurrió la entrega de los bienes de Sigena a Aragón siendo él ministro y consejero a la vez. Tras conocer la noticia, el ministro ordenó retirar ese recurso.