Golpe al rey de las expropiaciones: condena de 7 millones al bufete Serrano Alberca

José Manuel Serrano Alberca es sin duda el rey de las expropiaciones. Este letrado en Cortes lanzó desde su despacho privado una exitosa teoría jurídica que ayudó a que los dueños de suelo expropiados para infraestructuras se llevaran millones y millones de dinero público. Ahora acaba de sufrir un revés. Un juzgado ha condenado a su bufete a indemnizar con siete millones a una familia que le acusaba de negligencia por no cumplir a tiempo un trámite que habría aumentado de 12 a casi 20 millones el justiprecio que recibieron por unos terrenos terrenos expropiados para la ampliación de Barajas. El letrado defiende que es una sentencia insólita y se muestra convencido de que ganará en apelación porque el fallo no es firme. El caso está removiendo discretamente la abogacía madrileña.

Las expropiaciones no solo han sido una ruina para el Estado sino que han generado una industria de despachos de abogados. Entre ellos, descuella el de Serrano Alberca (hoy dividido en dos tras la separación profesional de los dos hermanos). José Manuel luce un currículo que ayuda a comprender su carrera. A principios de los setenta fue nombrado concejal de Urbanismo y Hacienda de Alcobendas, al norte de Madrid, una zona donde la familia tiene bolsas de suelo y que no solo sufrió una gran transformación urbana sino que fue afectada por las expropiaciones para la ampliación de Barajas.

En 1977, como letrado de las Cortes, fue designado letrado asesor de la ponencia constitucional, donde colaboró en el texto que sirvió de base a la Constitución. A la entrada de su bufete, entre otras fotos, hay una en blanco y negro junto a los padres fundadores sentados a una mesa de trabajo. Después fue secretario general técnico del Ministerio de Transportes y del de Industria y letrado mayor y secretario general del Senado.

El bufete defiende su gestión: "Lo que conseguimos fue un éxito brutal a través de mucho esfuerzo y ocho años de trabajo"

Durante un tiempo, Serrano Alberca compatibilizó su puesto de alto funcionario con una exitosa y lucrativa carrera privada, algo legal y frecuente hasta hace poco en el Congreso. La Cámara últimamente dificulta las compatibilidades de sus funcionarios pero durante años las autorizó sin problema, según fuentes del Congreso. El despacho se centró en las expropiaciones, ya que el fundador es autor del manual de referencia 'El Derecho de Propiedad, la expropiación y la valoración del suelo'. “Desde 1992, Serrano Alberca & Conde ha prestado asesoramiento jurídico a propietarios con más de 15,5 millones de metros cuadrados de suelo afectado en procesos expropiatorios, llegando a obtener justiprecios muy superiores a los propuestos por las administraciones públicas expropiatorias, alcanzando incluso a multiplicar por 27, 35 o 70 veces el valor inicial”, explica el despacho en su web.

Esas expropiaciones son las que contribuyeron a quebrar las radiales y encarecieron la ampliación de Barajas de los 390 millones de euros previstos inicialmente a más de 2.000 millones. Simplificando, la idea que desarrolló Serrano Alberca y que consiguió que calara en los tribunales es que aunque el suelo fuese un secarral sin valor, al ser expropiado para una infraestructura y quedarse por ejemplo al lado de un aeropuerto debía valorarse en mucho más. Es decir, que ese aeropuerto, “crea ciudad" y revaloriza el terreno expropiado para construirlo. Así, todo lo que estaba dentro de la M-50 debía ser valorado como urbanizable precisamente porque esa circunvalación hacía inmediatamente que valiera mucho más. Un círculo vicioso que hacía imposible expropiar nada para el Estado o empresas como AENA si no era a precio de oro. El sistema acabó con una ley de 2007.

Así que Serrano Alberca fue de los despachos que hicieron llegar millones a propietarios de terrenos baldíos a las afueras de Madrid, lo que supuso para su bufete un negocio con poca comparación en la abogacía. Según fuentes del sector, la Administración y las empresas de las radiales bramaban contra él en privado, pero los dueños de los terrenos parecían estar satisfechos. De pequeños agricultores a grandes terratenientes se beneficiaron de estos justiprecios. Pero toda historia sencilla esconde otras no tan simples.

En 2016, una familia dueña de un terreno afectado por la ampliación de Barajas demandó al despacho. Le reclamaban 7.187.313 euros más intereses. Desde 1999, Serrano Alberca había defendido a los dueños en la expropiación de 21 fincas en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas para la ampliación de Barajas. La Justicia les dio un precio de 95,67 euros por metro cuadrado, lo que en total hacía unos 12 millones de euros.

Es una cantidad notable, pero los propietarios consideraban que podían haber sacado bastante más. Acusaban al despacho de haberles hecho cobrar el dinero sin pedir en 19 de las fincas la retasación, la fórmula que en los años de la burbuja permitía elevar el precio del suelo si la Administración no pagaba en dos años. Ese sistema fue el que permitió a las monjas de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús cobrar hasta 80 millones por una finca (a 271,8 euros por metro cuadrado) de secano junto al aeropuerto. Solo en retasaciones, AENA fue condenada a pagar 400 millones de más por el suelo.

La demanda acusa de “negligencia” al despacho por “no formular la solicitud de retasación de las fincas" antes de que pasaran dos años y por recibir el dinero sin tener "la cautela de hacer protesta alguna o reserva de su derecho en el momento del cobro”. Les reclama lo que habrían podido ganar con la retasación, otros siete millones. El caso recayó en el juzgado número cinco de Alcobendas, que el pasado 14 de septiembre dio la razón a los propietarios. El despacho defendió que solicitar la retasación no entraba en el encargo que recibieron de los propietarios, pero la jueza del caso ha considerado que el contrato entre las partes era suficiente para incluir la retasación: "Los clientes desconocen hasta qué momento necesitan el asesoramiento de los letrados, y por eso es por lo que se pone en el encargo de las gestiones necesarias para la defensa de sus derechos” sin especificar hasta qué trámite. Eso incluye “como es lógico el derecho a una nueva valoración si transcurridos dos años desde la valoración del bien expropiado no se ha pagado o consignado por la Administración el solicitar la retasación”, según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Las expropiaciones son las que contribuyeron a quebrar las radiales y encarecieron la ampliación de Barajas de los 390 millones previstos a 2.000

El pleito fue un David contra Goliat en versión judicial. Los dueños del terreno fueron defendidos por Rocío Fernández, de Dikei Abogados, y María Valera, de Jiménez de Cisneros Abogados. Son dos despachos muy respetados, pero enfrente tenían a lo más granado de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, uno de los mayores bufetes de España, que además defendían al gigante de las expropiaciones. La sentencia se ha movido discretamente entre el sector de la abogacía, chocado por la cuantía y los protagonistas.

La clave estaba en que en 19 de las 21 fincas se les denegó la retasación “al presentarse la solicitud cuando la Administración había procedido al pago del total del justiprecio más los intereses de demora". Y además, "al efectuarse el cobro no se hubiera dejado constancia de su protesta o reserva de su derecho de retasación”, según la sentencia. Es decir, que podían cobrar como hicieron pero dejando claro por escrito que eso no impedía que más adelante pudiesen reclamar la retasación.

Por todo, la jueza considera “una actuación negligente de los demandados desde el punto de vista de la 'lex artis' profesional, por no informarles y aconsejar a los actores que al efectuar el cobro del justiprecio e intereses estos no manifestaran su reserva a su derecho de retasación”. La jueza estima que de haber pedido la nueva valoración al alza del suelo podrían haber conseguido un precio de 171,06 euros por metro cuadrado (lo que obtuvieron en las únicas dos fincas donde hubo retasación) y cifra que el despacho debe pagar la diferencia: 7,187 millones de euros más intereses. Sigue lejos de lo que AENA tuvo que pagar a las monjas.

La sentencia habla de "actuación negligente de los demandados desde el punto de vista de la 'lex artis"

Se trata de una sentencia que, por su cuantía, no tiene muchos precedentes en el mundo de la abogacía. Los médicos sí que están acostumbrados a casos de negligencia, pero en la abogacía normalmente las cosas son opinables y, salvo errores flagrantes, no hay condenas. Y menos contra un despacho tan conocido y con tan buenas conexiones en el mundo judicial. La sentencia no es firme. Contra ella cabe apelación, que el despacho de Serrano Alberca presentó hace unos días, por lo que el caso aún tiene recorrido.

José Manuel Serrano Alberca recibe a El Confidencial en su despacho y no rehúye el caso. “Es una historia un poco rocambolesca. Hemos defendido a los clientes desde hace mucho y les hemos obtenido una valoración de los terrenos muy importante”. Considera “una indignidad” la demanda que estos le pusieron después. El patriarca -traje caro, camisa de rayas, corbata fucsia y gafas de pasta- está rodeado de sus hijos para defender el buen nombre del bufete. Sostienen que hubo un cambio jurisprudencial que abrió la puerta a la retasación, pero que en el momento en el que se planteó este asunto no se podía saber.

“Llegado el momento de cobrar, al cliente, que había obtenido casi 100 euros por metro cuadrado por un suelo que realmente era rústico, le informamos de la posibilidad de cobrar o retrasar el pago”, y añade que todos optaron por recibir el dinero después de años de pleitos porque “había un grave riesgo de que se suspendiera el pago”. Serrano Alberca admite la paternidad que el sector le atribuye sobre el hecho de que las expropiaciones acabaran costando miles de millones: “Fue gracias a una serie de teorías que conseguimos nosotros que el Supremo reconociera”.

Letrado en Cortes, compatibilizó su puesto de alto funcionario con los pleitos contra la Administración

Él defiende que en este caso pidieron la retasación en plazo y forma, que inicialmente se la otorgó el jurado provincial de expropiación pero que después lo perdieron en los tribunales. “Nunca nos condenaron en costas ni la sentencia hablaba de que estuviera fuera de plazo la reclamación". "No ha habido negligencia. Se ha pedido la retasación en un momento adecuado". En el despacho comentan con incredulidad la sentencia, de la que dicen que no han encontrado precedentes salvo para casos de errores de defensa flagrantes. "Ningún abogado puede garantizar que vaya a ganar un juicio ni puede ser acusado de negligente por tomar una u otra vía jurídica, no existe responsabilidad por un planteamiento técnico erróneo". Añaden que ellos mismos eran propietarios de terrenos y siguieron la misma vía judicial que aplicaron a los demandantes. "Lo que conseguimos fue un éxito brutal a través de mucho esfuerzo y ocho años de trabajo". Ahora, afirman, están convencidos de ganar el caso en apelación.

En Serrano Alberca culpan de todo a un exempleado y cuñado que se fue del despacho y actuó como testigo en el pleito. "De una manera indigna, clientes nuestros que ganaron mucho dinero a través de un exabogado del despacho al que indemnizamos han empezado a enredar con los propietarios de Alcobendas", admite Serrano Alberca. Lo más grave no son los siete millones —que también, aunque el despacho tiene seguro que no ha sido parte en el procedimiento— sino el daño en la reputación y que otros clientes puedan tomar el mismo camino, lo que podría llegar a sumar cientos de millones en reclamaciones dada la cantidad de suelo que ha manejado el bufete. El abogado cree que todo esto lo mueve la avaricia: "Hay propietarios que, como diría el clásico, quieren sacar leche de una alcuza".