La oposición da por cerrado el intento del Gobiero de lograr un pacto para la Justicia

PSOE y Podemos promoverán la reforma del Poder Judicial

Los dos partidos pretenden revertir la reforma de Gallardón que redujo las competencias del consejo, antes de proceder a su renovación el próximo año

Foto: Rafael Catalá, ministro de Justicia, y Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. (EFE)
Rafael Catalá, ministro de Justicia, y Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. (EFE)

Una de las escasas actividades que quedan en el Congreso en esta legislatura casi fallida es la de un intento de pacto de Estado de la Justicia, del que se habla en una comisión y que poco a poco languidece sin avances. De hecho, Podemos se está planteando abandonarlo en breve y el PSOE se mantiene por responsabilidad institucional, pero persuadido de que será imposible llegar a un acuerdo en los próximos meses.

De hecho, PSOE y Podemos registrarán en breve por su cuenta sendas iniciativas coincidentes para reformar el Consejo General del Poder Judicial, antes de que en 2018 se proceda a la renovación. Ambos partidos pretenden revertir la reforma que llevó a cabo el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón cuando el PP tenía mayoría absoluta. Sin acuerdo con nadie, el Gobierno de Mariano Rajoy redujo las competencias del consejo, lo convirtió en un órgano presidencialista y dividió a los vocales en dos categorías, los miembros de la comisión permanente con dedicación exclusiva y los demás, que compatibilizan sus puestos de trabajo con su presencia en el Poder Judicial.

Esa propuesta de reforma se hace en coincidencia con la posición de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que en julio acordaron un manifiesto de propuestas conjuntas que proponía "la sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013".

En la práctica, según estos dos partidos, se ha reducido la importancia del consejo, mientras que ha crecido el poder de su presidente, Carlos Lesmes, persona muy próxima al Gobierno y muy influyente en toda la política judicial del Ejecutivo. La modificación legal que proponen estos dos partidos es técnicamente muy sencilla y consiste solo en anular aquella reforma y volver a la situación previa a la mayoría absoluta del PP.

No prevén cambiar el sistema de elección del consejo por falta de tiempo para la tramitación. Tanto Podemos como Ciudadanos defendieron, por distintas y cambiantes vías, reformar ese sistema de elección para evitar la imagen de politización de la Justicia, pero parece casi imposible que se llegue a un acuerdo para esa reforma legal antes de la renovación del actual consejo, en el que hay clara mayoría conservadora.

En la práctica, según Podemos y PSOE, se ha reducido la importancia del consejo, mientras que ha crecido el poder de su presidente, Lesmes

De hecho, la ausencia de acuerdos en el Congreso y la falta de normas que culminen su tramitación en las Cortes auguran muchas dificultades para lograr un pacto para renovar el Poder Judicial en el plazo legal correspondiente, durante 2018. Por eso, Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, advirtió recientemente a los vocales de la posibilidad de que esa renovación sea imposible y que, por tanto, es muy probable que tengan que seguir en sus cargos incluso hasta 2019 o hasta el fin de la actual legislatura.

Esa dificultad ya se ha puesto de manifiesto en la renovación de la dirección de RTVE: se aprobó con muchas dificultades la reforma del sistema de elección y aún no hay acuerdo para proponer nombres, de tal forma que ya se habla de llegar hasta primavera sin acuerdo.

En todo caso, ese pacto por la Justicia está a punto de frustrarse. Podemos lo atribuye a "la gestión del ministerio, el ninguneo a propuestas que avancen en la independencia y la democratización de la Justicia. No hay propuestas legislativas, ni avance en algún tipo de propuesta que suponga un cambio estratégico en materia de Justicia", según explica la diputada Gloria Elizo.

Vista panorámica del Congreso de los Diputados. (EFE)
Vista panorámica del Congreso de los Diputados. (EFE)

"Atendiendo a las conversaciones que estamos teniendo, creemos que es muy difícil que se alcance un pacto por la Justicia debido a la evidente desconfianza política hacia el PP por su clara implicación en delitos de corrupción y la actitud obstaculizadora que ha tenido en relación a la investigación de los mismos, que se traduce en la falta de independencia judicial a través de las reformas legales del Consejo General del Poder Judicial, especialmente la Ley 4/2015 impulsada por el investigado Gallardón, la falta de independencia del Ministerio Fiscal, acreditada en las últimas actuaciones de la Fiscalía, claramente alineada con posiciones políticas gubernamentales y que ha supuesto un evidente torcimiento del derecho que ha acabado en la prisión provisional de adversarios políticos y que requeriría la aprobación de una Ley de Estatuto Fiscal, que ya hemos propuesto y que garantizaría la independencia funcional de la Fiscalía como paso previo a dotar de competencias investigadoras al fiscal que se prevé en una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", añade.

También rechaza el interés del PP por mantener la polémica limitación de los plazos de instrucción, lo que Podemos llama la Ley Berlusconi, "que garantiza la caducidad de procedimientos complejos, entre ellos los de corrupción, y además busca limitar el ejercicio de la acción popular, que ha sido fundamental en el impulso a la investigación de casos graves de corrupción política".

También incluyen en sus críticas "que no se ha hecho ningún esfuerzo inversor por parte del ministerio, salvo en lo relativo a Lexnet, que ha sido un rotundo fracaso, y no hay ninguna previsión de que tengamos unos presupuestos que nos permitan adelantar la incorporación urgente de nuevos jueces y fiscales a través de la convocatoria de oposiciones públicas a fin de acercarnos a la media europea. Esto exigiría un plan de inversiones que no se concreta de ninguna manera".

Podemos ha intentado impulsar sin éxito sistemas complementarios de resolución de conflictos en la línea de la Justicia restaurativa, "que no se mencionan en la propuesta del Gobierno y sobre los que no hay ninguna apuesta política ni técnica", y suprimir la jurisdicción militar.

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