Los recursos del Govern cesado: "La cárcel daña el derecho a estar en la campaña"

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros tres exconsejeros han recurrido este lunes su encarcelamiento ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado jueves decretó su ingreso en prisión por los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos en relación al denominado 'procès' independentista. En sus escritos, los acusados destacan que su encarcelamiento daño su derecho a estar presentes en la campaña electoral para los comicios del 21-D.

"No hay duda alguna de que los investigados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral. El hecho de que se encuentren en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política. En este sentido y en este contexto la medida cautelar de prisión preventiva es profundamente desproporcionada", asegura uno de recurrentes, Carles Mundó.

"Debe valorarse el daño reputacional que ello puede ocasionar para un representante político en situación preelectoral y la afectación a los principios que inspiran todo proceso electoral", agrega.

Las defensas alegan, además, que la acusación lanzada por la Fiscalía no va más allá de una curiosa interpretación novelada de lo que ha sucedido en Cataluña durante los dos últimos años". Los escritos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, descartan que existan indicios de la comisión de delitos de rebelión o sedición. "La querella explica un proceso de autodeterminación nacional e intenta, sin éxito, vincularlo a hechos de signo violento o coactivo, mediante alambicadas interpretaciones. La mayoría de las conductas o hechos que se describen 14 resultan claros ejercicios de derechos cívicos (reunión, manifestación, expresión) contaminados de ilicitud por una sesgada visión de lo sucedido", dice.

Aseguran también que la juez Lamela "habla de potenciales riesgos de violencia y de hipótesis inciertas" y confunde repetidamente la licitud o ilicitud de un proyecto político independentista con la causación de insurrecciones violentas y tumultos orientados a unos determinados fines y se acogen a la Constitución que "protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante".

Junqueras y los exconsejeros Mundó y Dolors Bassa -ambos de ERC- y Raül Romeva cargan contra la magistrada a la que acusan de provocarles una situación de indefensión. Precisan que recibieron la citación para comparecer el miércoles 1 de noviembre (día festivo) a partir de las 10:45 horas de la mañana y fueron citados a declarar el día siguiente jueves 2 de noviembre a las 09:00 horas. "Es decir, recibieron la citación y se les dio traslado de la querella en día festivo y a menos de 24 horas de la fecha y hora prevista para la declaración".

Pese a ello, no se atendió su petición de suspensión de la comparecencia que -aseguran- remitieron a través de Lexnet y formularon también durante los interrogatorios. "Todos los investigados alegaron en sus declaraciones no haber tenido tiempo de preparar su defensa, no haber tenido tiempo de leer la querella que habían recibido, no haber tenido tiempo de recabar prueba documental en su descargo y, alguno de ellos, ni tan siquiera habían tenido tiempo de hablar con su abogado", destacan.

También resaltan que las declaraciones comenzaron en ausencia del abogado que defiende a los acusados de ERC, Andreu Van der Eyden, que estaba presente en la citación fijada el mismo día y en hora similar en el Tribunal Supremo, encargado de investigar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los miembros de la Mesa que tramitaron la votación de la DUI.

El recurso de Mundó rechaza, además, que exista riesgo de reiteración delictiva, imposible tras la aplicación del artículo 155 ni de fuga dado el profundo arraigo de los acusados y la "actitud institucional plenamente colaborativa" que han mostrado y que "denota un altísimo nivel de sentido del servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas".

Plenamente convencido de que no hay delito

En sus escritos, las defensas aseguran que están "plenamente convencidas" de la inexistencia de cualquier responsabilidad penal. "Ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia", dicen de forma rotunda y critican la "deriva reinterpretativa que se está adueñando tanto de las acciones presentadas por el Ministerio Fiscal como de las resoluciones judiciales que las apoyan".

Cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional para la instrucción y enjuiciamiento de estos hechos y se extrañan de que el auto de prisión de la juez Carmen Lamela dedique cinco páginas a explicar por qué la asume. Además, ponen de manifiesto que en la actualidad hay varios tribunales distintos que investigan hecho similares lo que provoca un "escenario desolador". "Múltiples procesos con objetos total o parcialmente coincidentes, funcionando paralelamente, en jurisdicciones incompatibles (actualmente instruyen delitos de sedición y rebelión tanto un Juzgado de Instrucción de Barcelona como el Central de Instrucción y el Tribunal Supremo), suministrándose información cuando ello conviene a la acusación, pero dificultando con dicha dispersión a la defensa efectiva", argumentan.