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Rajoy condiciona la fecha de las elecciones a recuperar el orden en Cataluña
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el acuerdo para la aplicación del artículo 155

Rajoy condiciona la fecha de las elecciones a recuperar el orden en Cataluña

El Ejecutivo prefieren comprobar primero, antes de anunciar los comicios, cómo funciona la aplicación de las medidas del artículo 155 y la respuesta de los independentistas

Foto: Mariano Rajoy, junto al presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, este 20 de octubre a su llegada a los Premios Princesa de Asturias. (EFE)
Mariano Rajoy, junto al presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, este 20 de octubre a su llegada a los Premios Princesa de Asturias. (EFE)

El Gobierno ha descartado incluir cualquier plazo temporal concreto para poner fin al conjunto de medidas que este sábado aprueba el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir competencias de la Generalitat de Cataluña. Según fuentes gubernamentales, toda la aplicación del catálogo de disposiciones para 'reconducir' la Administración autonómica estará dirigido a recuperar el orden constitucional y estatutario, además de la paz social. La convocatoria de las próximas elecciones en que desembocará la intervención estará condicionada a la vuelta a "la normalidad institucional" y no tendrá fecha en el guion que se envíe al Senado, de cuyo pleno recibirá el visto bueno definitivo el próximo viernes.

Las mismas fuentes advirtieron de que una cosa es la coincidencia del Ejecutivo, el PSOE y Ciudadanos en la conveniencia de que la intervención de competencias dure lo menos posible y otra "atarse" a ponerla fin en un periodo concreto, los tres meses que plantea el PSOE en buena medida por las presiones del PSC. O precisar incluso el último domingo de enero, el 28, para la cita con las urnas.

El Ejecutivo y el PP prefieren comprobar primero, antes de anunciar los comicios, cómo funciona la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, la respuesta de los independentistas y los pasos que puedan dar en las próximas semanas el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y los jueces en Cataluña frente al desafío secesionista.

El Ejecutivo y el PP quieren comprobar primero cómo funciona el 155, la respuesta de los independentistas y los pasos de los tribunales

Si se establecen periodos genéricos en el aviso de la intervención, habrá salvedades para proteger el cumplimiento íntegro de los objetivos que se persiguen: el control efectivo de la policía autonómica y de la ejecución presupuestaria de toda la Generalitat, administración paralela incluida de entrada. Ese es el matiz que aportan fuentes del PP ante el énfasis de la exministra socialista Carmen Calvo —la negociadora elegida por Pedro Sánchez y miembro de su ejecutiva— y de Albert Rivera en dar por hecho ya la convocatoria de elecciones para enero.

El artículo 155 de la Constitución no fija límite temporal alguno a la intervención de una autonomía. Solo establece que el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Gobierno, PSOE y Ciudadanos pactan cómo aplicar el artículo 155 en Cataluña

Desde el Gobierno no quisieron entrar en discusión pública con los dirigentes socialistas sobre la cuestión de los plazos para las elecciones. Se limitaron a confirmar el acuerdo con el PSOE y Ciudadanos sobre las medidas que hoy va a tomar el Consejo de Ministros. Y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, admitió anoche en Pamplona que "quien tiene la responsabilidad última de tomar la decisión sobre las características de cada una de las medidas y sus tiempos es el Gobierno", informa Europa Press.

Las palabras de Narbona evidenciaban la evolución del discurso de los socialistas durante la jornada. Ya el jueves desde Ferraz fuentes de la negociación apuntaban que se había llegado al "acuerdo" con el PP de que los comicios se celebrarían en enero. Un extremo adelantado por este periódico y que Calvo confirmó con un "sí, sí, sí" en una entrevista en 'Los desayunos de TVE'. Automáticamente el Ejecutivo se puso en guardia y eso hizo que la exministra, en declaraciones posteriores en otro programa, en 'Las mañanas de Cuatro', se matizara a sí misma y precisara que esa es la posición de su formación.

Foto: Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, en las escalinatas de La Moncloa el pasado 2 de octubre. (EFE)

"Una situación límite"

Pero Albert Rivera mostró que no se trataba solo de una postura partidista. Desde Asturias, el presidente de Cs afirmó que el miércoles, en su reunión en La Moncloa, pactó que las elecciones se celebrarían en enero —"nuestro apoyo sería a cambio de una salida democrática"—, y que se acordó que lo anunciaría el mismo Rajoy el sábado, tras el Consejo de Ministros, y no el PSOE. Ferraz seguía manteniendo que se trataba de un "acuerdo", y no de una simple preferencia de la dirección.

El PSOE salió a matizarse a sí mismo públicamente pero Rivera apuntaló la idea de un acuerdo para que los comicios se celebren a finales de enero

Ni Rajoy desde Bruselas ni el portavoz de su Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, desde La Moncloa, quisieron entrar en concreciones desde sus respectivas ruedas de prensa. El presidente no desveló ninguna de las medidas acordadas con el PSOE ni confirmó que hubiera apalabrado una fecha de los comicios. Insistió en que el objetivo de las medidas, que no tienen un límite temporal determinado, según aseguran, es regresar al cumplimiento de la ley y la normalidad en las instituciones. En Cataluña, defendió, se ha llegado a "una situación límite" que obliga al Gobierno a actuar, que es "lo que se pretendía por parte de algunos", deslizó, en una clara alusión a los independentistas, a los que acusaba en consecuencia de provocar la activación del 155 para redondear su discurso victimista.

La respuesta del Gobierno al desafío independentista

Más allá de los tiempos, las medidas proyectadas por el Gobierno y acordadas con el PSOE incluirán la fórmula de sustitución del 'president' y de su Govern. La previsión que se manejaba desde el PSOE es que finalmente Rajoy optaría por un relevo completo del Gabinete. Primero, por razones operativas, por la difícil convivencia de 'consellers' independentistas y técnicos enviados desde Madrid. Y también porque la lógica haría esperar que tras la caída de Carles Puigdemont se sucediese la renuncia de su equipo por solidaridad. Claro que cabe la opción de que el Ejecutivo catalán desobedezca el 155 y se atrinchere.

La intención de la Moncloa es nombrar a un 'ministro para Cataluña', un delegado especial que coordine y supervise la labor de las 'conselleries'. Pero ese Gobierno tendrá funciones únicamente de despacho, ordinarias, no de iniciativa política. El PSOE ha insistido al Ejecutivo en que la intervención ha de ser "muy, muy limitada", destinada a asegurar la "prestación de servicios públicos".

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¿Y qué ocurre con TV3?

Uno de los eslabones más sensibles de la autonomía catalana que pueden quedar afectadas por el 155 es la televisión pública, TV3, a la que los partidos constitucionalistas acusan de agitar el independentismo y de ser uno de los impulsores de la movilización. 

La socialista Carmen Calvo, en 'Espejo público' (Antena 3), fue preguntada si dentro del plan de medidas acordadas podría estar incluida la intervención de los Mossos d'Esquadra y de TV3. "Evidentemente", contestó. 

La dirigente consideró necesario reponer, en virtud del artículo 155, la "neutralidad institucional" que a juicio de los socialistas "no ha habido" en estos tiempos. "Los medios y las fuerzas de seguridad tienen que ser neutrales, tienen que estar cumpliendo el Estatut y la Constitución", agregó, informa Europa Press. 

El Gobierno ha descartado incluir cualquier plazo temporal concreto para poner fin al conjunto de medidas que este sábado aprueba el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir competencias de la Generalitat de Cataluña. Según fuentes gubernamentales, toda la aplicación del catálogo de disposiciones para 'reconducir' la Administración autonómica estará dirigido a recuperar el orden constitucional y estatutario, además de la paz social. La convocatoria de las próximas elecciones en que desembocará la intervención estará condicionada a la vuelta a "la normalidad institucional" y no tendrá fecha en el guion que se envíe al Senado, de cuyo pleno recibirá el visto bueno definitivo el próximo viernes.

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