Claves del pacto Rajoy-PSOE: las elecciones "cuanto antes", pero sin fecha por escrito

El itinerario que media entre la aprobación de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución y las próximas elecciones en Cataluña ya está bastante perfilado. Al Gobierno y al PSOE les queda rematar los últimos flecos para el visto bueno final de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pero las líneas maestras de la traumática intervención de Cataluña sí se hallan listas. Está programada la tramitación en el Senado, que culminará en principio a finales de octubre, prevista la sustitución de Carles Puigdemont y posiblemente de todo su Govern por un equipo de técnicos que tenga una figura —un 'ministro para Cataluña'— al frente, y avanzado el compromiso de que ese Ejecutivo interino sea controlado parlamentariamente por la Cámara Alta, la misma que dará la autorización definitiva a Rajoy para tomar el control de la comunidad y restablecer la "normalidad" institucional, devolver a Cataluña a la legalidad y que "recupere su autogobierno". El hito final serán unos nuevos comicios, que el PSOE ha asegurado haber acordado con el PP celebrar en tres meses, en enero de 2018. Plazo que La Moncloa matiza.

El Gobierno y la dirección de Sánchez han estado negociando semanas sobre el despliegue del 155, rellenando esa hoja en blanco que dejó la Constitución y que jamás se ha completado, porque nunca hasta ahora La Moncloa tuvo que asumir las riendas de una autonomía rebelde. Los dos líderes han presionado a Carles Puigdemont para que renuncie a la declaración de independencia, vuelva a la ley y convoque elecciones anticipadas. Pero ese deseo, que habría abortado la aplicación del 155 —que ni el Ejecutivo ni el PSOE quieren realmente activar al cien por cien, conscientes de los peligros que entraña y del enorme rechazo social que puede provocar en la sociedad catalana—, se hizo añicos con la respuesta del 'president' casi al término del segundo plazo del requerimiento de Rajoy. El líder del Govern no solo no aclaró si había proclamado la separación de Cataluña, sino que amenazaba con proclamar la independencia si finalmente se tramitaba el 155.

El trámite en el Senado puede concluir el viernes 27 o la siguiente semana. Las elecciones se calculan para enero, según el acuerdo avanzado por el PSOE

Puigdemont, pues, no daba marcha atrás en sus planes, así que el Ejecutivo, con el apoyo sólido de Ciudadanos y del PSOE —ayer, la respuesta del líder del Govern llegó a La Moncloa mientras estaban reunidos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y su mano derecha, José Luis Ayllón, junto con la enviada de Sánchez, Carmen Calvo—, decidió seguir adelante. Echar mano de la herramienta que la Constitución le proporciona para sofocar la 'rebelión' de una comunidad. El esquema de medidas será aprobado este sábado por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. Y en él la pieza clave es la celebración de elecciones autonómicas. José Luis Ábalos, secretario de Organización de los socialistas, subrayaba que su partido las quería "lo antes posible", aunque no concretó fecha. Fuentes del PSOE conocedoras de las conversaciones aseguraban que el "acuerdo" es que los comicios tengan lugar en apenas tres meses, "en enero" o, como tarde, principios de febrero de 2018. Es decir, una vez pasado el parón navideño. Si se quiere que la campaña comience después de Reyes, la primera fecha disponible es el domingo 28 de enero. Esto, elecciones en enero, es lo que confirmó Calvo esta misma mañana en TVE.

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Sin embargo, y tras anunciar públicamente Calvo el supuesto acuerdo con el PP, fuentes del Ejecutivo advertían a El Confidencial de que el Gobierno no quiere incluir en el decreto de intervención de competencias de la Generalitat fecha alguna de adelanto de las elecciones autonómicas, aunque reconozca que se tienen que celebrar "cuanto antes", pero, sobre todo, cuando las circunstancias lo aconsejen. Fuentes de La Moncloa insistieron en que no se puede dar esa ventaja a los independentistas, y menos dejarla por escrito, cuando no se sabe todavía cómo será su respuesta a la aplicación de las medidas concretas de la intervención ni el grado de su apuesta por las movilizaciones y los disturbios callejeros en los próximos días o semanas.

Como adelantó este periódico, en el Partido Popular considera que las elecciones se deben celebrar cuanto antes, pero sin partir de un periodo concreto, sino una vez "desactivado el golpe", restituida la normalidad constitucional y legal en Cataluña además de con un mínimo de paz social. Y no creen que en estos momentos se pueda dar por sentado que esas condiciones estarán garantizadas en tres meses como quiere presuponer el PSOE, más que nada por las presiones del PSC.

Urgencia de PSC y Ciudadanos

En efecto, la cuestión de la ubicación de las elecciones era capital para el PSOE, pero más aún para el PSC. En Ferraz se compartía la necesidad de que el periodo de transición fuera corto, lo mínimo imprescindible, pero miembros de la cúpula de Sánchez defendían que era mejor esperar a que la fiebre se redujese y se recuperara cierta normalidad antes de proceder al llamamiento a las urnas. Aunque en el partido hermano advertían de que demorar las elecciones sería contraproducente, y podría abocar a una situación más "ingobernable" aún. También Ciudadanos apretaba para que se acortasen los plazos al máximo. En el PP, mientras, consideraban que apurar los tiempos era desaconsejable y preferían dejar un mayor margen de maniobra. "Pero el Gobierno está demostrando ser sensible a lo que planteamos y comparte nuestras ideas", indicaba un alto cargo muy próximo al secretario general.

El plan de Moncloa es un ministro para Cataluña que coordinaría la labor de los técnicos encargados de gestionar el día a día de cada 'conselleria'

La propia cercanía de las elecciones anticipadas hace que el resto de elementos resulten más "secundarios" para los socialistas, más aún para el PSC. Como, por ejemplo, la autoridad gubernamental que reemplazará a Puigdemont. Ferraz y la cúpula de Miquel Iceta tenían claro que la opción de un Ejecutivo de concentración, con figuras notables al frente, quedaba descartada. Igual que se rechazaba la idea de que "un Govern sustituya a otro". Los socialistas defendían una solución puramente técnica: que un aparato de poder elegido desde Madrid se encargue de "gestionar el día a día", sin tomar "ninguna iniciativa política".

La dirección de Sánchez ha dejado al Gobierno elegir la "fórmula más idónea" para tomar el control de Cataluña. Concibe que esa es una decisión estrictamente de Rajoy y su equipo, que ha de basarse además en los informes que han redactado los ministerios para intervenir las 'conselleries'. El primer modelo de asunción de las competencias de la Generalitat manejado por el Ejecutivo incluye la figura de un delegado especial, con rango de ‘ministro para Cataluña’, que se ocuparía de coordinar la labor de los técnicos que se tendrán que hacer cargo de la gestión del día a día de cada departamento. Descartada la posibilidad de que Soraya Sáenz de Santamaría asuma también ese papel, el nombramiento podría recaer al final en el actual secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y hombre de confianza de la vicepresidenta: Roberto Bermúdez de Castro.

Opinión

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Fuentes gubernamentales insisten en la necesidad de que quede claro que la intervención a cargo de altos funcionarios servirá para mantener activa la Generalitat en la faceta de atender los servicios al ciudadano, no para iniciativas políticas y sí para garantizar el cumplimiento de la ley y el control sobre el gasto público en cada rincón de la Administración autonómica, también en la paralela de la que se alimenta, sostienen, el aparato de propaganda y movilización de los secesionistas. Para los socialistas, que la interinidad sea tan corta hace "irrelevante" si toma el mando un ministro para Cataluña o un aparato de tecnócratas o altos funcionarios del Estado algo más amplio, o si se aparta a Puigdemont o se propicia la remoción de todos los 'consellers', asumiendo sus competencias los ministerios.

El Senado creará una comisión con senadores de las comisiones que tengan que ver con las materias objeto de la intervención del Estado

De hecho, tanto unas elecciones en un plazo corto como la garantía de que el Ejecutivo interino solo se dedicará a cuestiones de despacho ordinario eran líneas rojas para el PSOE. También que se "cuidase" el lenguaje y se insistiera en que a través del 155 se "preserva el autogobierno", "se protege la democracia con la propia democracia frente a la locura de los independentistas", y no se suspende la autonomía. Por eso habla de intervención "muy limitada".

El mismo sábado, el Senado empezará la tramitación efectiva de las medidas remitidas por el Consejo de Ministros poco antes. La Mesa de la Cámara Alta está convocada para esa misma tarde con el fin de adelantar la calificación del acuerdo del Gobierno. Así se garantiza que como muy tarde el viernes próximo o el lunes 30 los senadores en pleno voten la autorización al Ejecutivo para poner en marcha la intervención de la Generalitat.

La Cámara tiene toda la semana para los trabajos de una comisión que se creará al efecto con portavoces y miembros de las comisiones que más tengan que ver con la materia de la intervención (Interior y Presupuestos de entrada, además de la Constitucional). Ese grupo de senadores se encargará de dictaminar el texto y recibir las alegaciones que quiera hacer el 'president', en persona o por el representante que quiera designar. Eso hace que tal comisión de nueva creación se deba reunir un mínimo de dos ocasiones antes del visto definitivo del hemiciclo.

Atención en los trámites

Fuentes del Gobierno reconocen que quieren ser especialmente escrupulosos en todos los trámites previos a la intervención fijados en el artículo 155 de la Constitución y en el reglamento del Senado (artículo 189), como demostración de un respeto a la ley, a los hábitos parlamentarios y a los derechos de la oposición. Se trata de marcar diferencias con el atropello a las normas democráticas aplicado por los independentistas en el pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre, cuando sacaron adelante a toda prisa, y desoyendo a los grupos minoritarios, las leyes del referéndum y de de transitoriedad jurídica.

El elemento más sensible de la operación es el Parlament: hay dudas sobre si debe disolverse de entrada o para cuando se convoquen comicios

Los socialistas quieren que esa comisión de nuevo cuño sea la encargada de hacer el "seguimiento y control" de la intervención de la Generalitat por parte del Estado. Es decir, que sea en ese foro donde el 'ministro para Cataluña' —o la fórmula que se idee— rinda cuentas de su gestión durante el tiempo en el que esté al frente de la comunidad. En Ferraz se remarca que el apoyo al despliegue del 155 está fuera de duda, pero seguirá siendo "el principal partido de la oposición", por lo que controlará a la autoridad gubernativa que designe Rajoy.

El elemento más delicado de la operación es el Parlament. El precepto de la Carta Magna es una hoja en blanco, pero suscita dudas que entre las potestades del Ejecutivo se encuentre pedir la disolución de la Cámara de entrada, antes de proceder a la convocatoria de los comicios. En el equipo de Sánchez se remarca que Govern y Parlament son dos planos distintos y su voluntad es preservar los derechos de los representantes de los ciudadanos en la medida de lo posible.

Una solución que se ha estudiado es la de suspender de sus funciones a la Cámara, o recortar sus poderes, dado que a partir de la aplicación del 155 no va a haber un Govern con plenas funciones. En cualquier caso, si las elecciones fueran, por ejemplo, el 28 de enero, el Parlament se disolvería, como marca la Ley Electoral, 54 días antes, de forma que su tiempo de vida hasta la convocatoria sería muy corto. Otros dirigentes, en cambio, sostienen que una Cámara no liquidada podría crear muchos problemas y distorsiones a la autoridad gubernamental que aparte a Puigdemont de sus funciones.

En el camino de la tramitación del 155 se puede cruzar otro elemento: la proclamación de la independencia prometida por Puigdemont. La mayoría soberanista, Junts pel Sí y la CUP, podría llevarla al pleno de la próxima semana. Sería la materialización del mayúsculo desafío al Estado y cortaría de cuajo, en teoría, el 155. Pero las dudas sobre la ejecución de ese artículo, una vez aprobado el plan por el Senado, persisten.

Una negociación conducida con mucho sigilo

Será el sábado cuando se conozcan todos los extremos del plan acordado por Gobierno y PSOE. Ocurrirá tras el Consejo de Ministros que apruebe el documento que se elevará de inmediato al Senado. Pero ese texto lleva muchas horas de negociación detrás de las que han tenido conocimiento directo muy pocas personas. 

De la parte del Ejecutivo, han conducido las conversaciones Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, ayudada esta por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. También participó en las primeras charlas el asesor de confianza del presidente, Pedro Arriola. 

Pedro Sánchez, por su parte, hizo descansar la concreción técnica en un reducido grupo capitaneado por la responsable de Igualdad de la ejecutiva federal, la constitucionalista y exministra Carmen Calvo, en quien el secretario general confía plenamente para materias jurídicas delicadas. Junto a ella, el diputado José Enrique Serrano, experto conocedor del engranaje del Estado por su condición de director de Gabinete de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y Meritxell Batet, jefa de los parlamentarios del PSC en Madrid. Además, la vicepresidenta tenía y tiene interlocución directa con el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el responsable de Política Federal del PSOE, el exlendakari Patxi López. 

En las primeras reuniones, según relataban fuentes socialistas, las dos partes determinaron el instrumento a utilizar en caso de que Carles Puigdemont no diera marcha atrás —el PSOE quería el 155, y no la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 116 de la Carta Magna, el que regula los estados de alarma, excepción y sitio, porque priva de derechos individuales a los ciudadanos—, y deliberaron acerca de cómo hacer cumplir la hoja de ruta, por doloroso que fuera. Y luego llegó la fase de dar contenido al 155. 

En la parte final de la negociación, el diálogo quedó reducido a Rajoy y Sánchez, por un lado, y a Ayllón y Calvo, por otro, para las cuestiones más técnicas. Este jueves, cuando aterrizó en La Moncloa la segunda carta del 'president', poco antes de que venciera el segundo plazo dado por el Gobierno, se hallaban reunidas Santamaría y Calvo, cita a la que se sumó Ayllón. 

En la concreción del 155 han trabajado Gobierno y PSOE, pero no Ciudadanos, que sin embargo sí prestará apoyo a la decisión que salga del Consejo de Ministros del sábado. En el Senado, su peso es irrelevante: el PP tiene mayoría absoluta en el pleno de la Cámara (cuenta con 149 parlamentarios de un total de 266), el PSOE le aporta 62 síes más y Cs solo dispone de tres escaños.

El sí al 155 tendrá que pasar por el refrendo de los órganos de dirección socialistas. El núcleo duro de Sánchez baraja convocar el consejo político federal -el foro que reúne al líder con sus barones territoriales- la semana próxima, y más adelante, para cuando hayan concluido todos los congresos regionales (y eso sucederá el 5 de noviembre, con el de Aragón), el comité federal. La decisión se adoptará en las próximas horas. Por lo pronto, el lunes hay ejecutiva federal.