Rajoy estudia intervenir gradualmente y lo esencial: Mossos y los Presupuestos primero

A dos días de que Carles Puigdemont agote el último plazo del requerimiento para volver a la ley, el Ejecutivo prepara a su vez las medidas de intervención de competencias de la Generalitat de Cataluña que al amparo del artículo 155 de la Constitución solicitará al Senado si el presidente autonómico no rectifica. En el Partido Popular dan por hecho que la respuesta de Mariano Rajoy será "gradual" y destinada a ocuparse de lo esencial; que empezará por tomar las riendas de la policía autonómica y del control presupuestario del Govern, incluida la Administración autonómica oficial más la paralela. También se puede incluir la vigilancia sobre el sistema educativo para evitar los episodios de adoctrinamiento, más la agitación y la propaganda en colegios e institutos como se vieron para la consulta ilegal del 1-O.

En el Gobierno repiten que tienen todos los supuestos preparados pero no quieren concretar nada, como si todavía esperaran alguna maniobra de última hora de Puigdemont, y solo aseguran que la 'receta' final de aplicación práctica del 155 se cerrará previa consulta con Pedro Sánchez. El apoyo de Albert Rivera se supone, aunque al presidente de Ciudadanos siempre le pueda parecer que el Ejecutivo se queda corto porque no fuerza ya la convocatoria inmediata de comicios en Cataluña.

Rajoy volvió a hablar con ambos después de conocer la decisión de Puigdemont de no contestar al requerimiento, e incluso esbozar su pretensión de dilatar otros dos meses el actual paréntesis en el golpe separatista: ni asume la declaración ni rectifica.

En medio del nuevo entusiasmo de socialistas y riveristas por la aplicación del artículo 155, en el PP todo son cautelas. Insisten en que las medidas que se tomen deben ser ante todo "eficaces", nada que se parezca a una suspensión de competencias, sino una intervención técnica de las mismas para que se cumpla la ley. Y recuerdan que en el mejor de los casos las recetas de la intervención no estarán aprobadas antes de mediados de la próxima semana.

El caso de los Mossos se presenta como el más urgente para asegurar el orden público en los próximos días, y a la espera de la reacción de la vanguardia del movimiento independentista compuesto por la CUP, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en la agitación callejera. En medios del PP reconocen que, como esgrimieron antes de que los socialistas se convirtieran con pasión de converso en partidarios del 155, no se puede descartar que mientras tanto el Gobierno tenga que tomar el control de la policía autonómica por la vía de la Ley de Seguridad Nacional.

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Si Rajoy convoca un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, en cuento termine el plazo del requerimiento a Puigdemont, para aprobar las medidas de aplicación del artículo 155, el Senado necesitará cinco días hábiles para aprobarlas. El reglamento de la Cámara Alta (artículo 189) establece la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas o una conjunta para requerir a su vez a Puigdemont las alegaciones pertinentes o designe "si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos".

Superado ese trámite de comisión a principios de la próxima semana, fuentes del Senado calculan que el pleno correspondiente no podría cerrar el proceso parlamentario hasta el miércoles o jueves día 26.

A partir de esa fecha, y si no llega antes la de los Mossos, la intervención de las competencias de la Generalitat sería gradual y acotada en el tiempo según 'la plantilla' que se envíe al Senado. En medios gubernamentales insisten en que es vital "cortar el grifo" del derroche de dinero público en el proceso independentista: subvenciones y pagos encubiertos para la Administración oficial y la paralela, gastos en la estructura de propaganda y el posible desvío de fondos y cesión de medios a los partidos y asociaciones que se ocupan de la movilización social y callejera. La idea es que desde el control presupuestario (consejería de Oriol Junqueras) se puede llegar a todas las consejerías y cualquier rincón de la autonomía que se pueda estar saltando la ley.